Por qué es difícil sacar a Rubiales

Rubiales decidió ayer encerrarse en el castillo y tirar la llave al foso. Sacarle de ahí se ha convertido en un problema de Estado y algunas personas me preguntan por qué es tan difícil.

Para explicarlo conviene saber que la federación es una organización privada que no recibe ninguna subvención pública, así que se reclama autónoma. Pero tiene funciones públicas delegadas, singularmente la representación del país en las competiciones internacionales de fútbol. Eso le permite explotar el nombre de España y sus símbolos para recaudar publicidad, así como disponer a conveniencia de jugadores pagados, entrenados y cuidados médicamente por los clubes, estos sí sociedades privadas.

Se rige por una asamblea compuesta por 140 miembros que funciona bajo un régimen de cacicatos territoriales corporeizado en los 19 presidentes de las regionales, miembros natos de la asamblea, como el presidente de la propia federación. Ellos crean una malla protectora del sistema, casi impenetrable, que explica, por ejemplo, que Ángel María Villar se mantuviese 29 años allí hasta ser sacado literalmente por las fuerzas del orden. Hay otros pocos miembros natos, entre ellos, los tres clubes que llevan toda la vida en Primera División.

Los restantes son miembros electos entre distintos colectivos: clubes (45%), futbolistas (30%), entrenadores (15%) y árbitros (10%). En cada colectivo se eligen los representantes, en un sistema trufado por las territoriales. Luego, en la práctica, los clubes asisten con desinterés acrítico porque lo único que les preocupa es que no les vayan a maltratar con las designaciones arbitrales. Los futbolistas, claro, no van a romper la estrategia de su club. Los árbitros son asalariados de la federación, y entre los entrenadores también hay varios, por ejemplo, los seleccionadores. Produjo decepción y alipori ver a Luis De la Fuente aplaudiendo la deposición (tómese la palabra en la última y más degradada de sus acepciones) de Rubiales. Por cierto, entre los 140 sólo hay seis mujeres.

Esa asamblea puede destituir a su presidente con una moción de censura que debería ser solicitada por, al menos, un tercio y que tendría efecto si la votaran dos tercios. Abandonemos toda esperanza, y más visto lo de ayer.

Por si falta algún dato, añadiré que el director de Integridad de la Federación es un semoviente llamado Miguel García Caba que tras pasar por el Real Madrid y LaLiga llegó al departamento jurídico de la federación. Una vez allí, saltó por una de esas caprichosas convulsiones de la casa. Una vez fuera, se le ocurrió que una forma de hacer méritos para regresar era citarse con Tebas y González Otero, y registrar con un bolígrafo-grabadora la conversación, en la que les estimuló a rajar de Rubiales. Luego entregó la grabación a Ok Diario para acusar a Tebas y González Otero de conspirar contra Rubiales. Tan edificante servicio le valió el retorno a la federación como director de Integridad.

¿Qué se puede hacer, pues, para acelerar la salida de Rubiales y con ella este penoso trámite? Que el Consejo Superior de Deportes (CSD) dé traslado al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que tiene potestad sancionadora, de las denuncias que van llegando. Y, mientras, este resuelve que le suspenda de sus funciones. El anterior presidente del CSD, José Manuel Franco, no aprovechó esta vía en las varias irregularidades detectadas antes en la gestión de Rubiales. Consciente de que Rubiales era bien mirado por Pedro Sánchez (su padre, personaje del PSOE en la zona de Motril, fue uno de sus apoyos en los días difíciles) y Florentino Pérez (para el que todo el que esté contra Tebas es bueno), se puso de perfil. Ahora está en el limbo del Senado y el puesto lo ocupa el que fuera su director general de federaciones, Víctor Francos, al que hasta ahora hemos visto ponerse algo más de perfil que su ministro, Iceta, contundente desde primera hora.

El TAD le podría sancionar en este caso por “actos públicos y notorios que atenten contra la dignidad y decoro deportivos”, así como por “abuso de poder”, recogidos en la nueva ley. Lo malo es que aún no están desarrollados los correspondientes reglamentos, y visto el atasco político tardará. Mientras, aún es efectivo el régimen sancionador y disciplinario anterior a esta nueva ley, donde no está tan claro que se puedan encajar estos supuestos.

Y luego está la Fiscalía, que dicen que la hay.

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