La Fiscalía denunciará al FC Barcelona por corrupción continuada en el deporte por los pagos a Negreira

La denuncia que la Fiscalía está a punto de presentar ante los juzgados por los pagos millonarios del Barça al exdirigente arbitral José María Enríquez Negreira se dirige, entre otros, contra el FC Barcelona como persona jurídica, según han confirmado a EL PAÍS fuentes judiciales. La Fiscalía acusará al club azulgrana de corrupción en los negocios, un delito que entró en vigor con la reforma penal de 2010 y que incluye el fraude en el ámbito deportivo. El delito se contempla en su modalidad continuada, lo que implica una mayor gravedad de las penas. Tras casi un año de investigación, la denuncia señaña también al expresidente de la entidad Josep Maria Bartomeu, a miembros de su equipo directivo responsables de los pagos y a Negreira, que hasta el año 2018 recibió, a través de una empresa, casi siete millones de euros del Barça por supuestas asesorías verbales cuya veracidad está en entredicho.

La investigación de la Fiscalía, que comenzó en mayo de 2022 por unas presuntas irregularidades fiscales cometidas por la empresa de Negreira, se cerró de forma precipitada hace unas semanas. La querella interpuesta por un árbitro del VAR ante los juzgados obligó —así lo establece la ley— a cesar en las diligencias de investigación, que estaban ya muy avanzadas aunque no han logrado despejar la incógnita central de esta historia: por qué el Barça desembolsó ingentes sumas de dinero para pagar al que entonces era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). En su declaración ante la Agencia Tributaria, el exdirigente arbitral dijo que el club le pagaba porque quería arbitrajes “neutrales” y “asegurarse de que no se tomaban decisiones en su contra” durante los partidos. Cuando fue llamado a declarar como investigado ante la Fiscalía, sin embargo, se acogió a su derecho a no declarar con el argumento de que padece alzhéimer.

La denuncia recoge las conclusiones a las que han llegado los agentes del Cuerpo Nacional de Policía durante la investigación, que ahora pasará a manos de un juez de Barcelona. El FC Barcelona será denunciado, como persona jurídica, por un delito de corrupción en los negocios, según han detallado las mismas fuentes a este diario. La Fiscalía contempla que el delito sea en su modalidad continuada (desde 2010) ya que los pagos se produjeron, de forma ininterrumpida, al menos desde 2001 y hasta julio de 2018, cuando el equipo de Bartomeu puso fin a esas prácticas. El fin de la relación provocó las protestas de Negreira, que amenazó con cargar contra “todos los presidentes” del Barça que habían mantenido viva esa supuesta relación comercial: Joan Gaspart (2000-2003), Joan Laporta (2003-2010), Sandro Rosell (2010-2014) y Bartomeu (2014-2020). La empresa de Negreira, Dasnil, vio cómo desde entonces cayeron en picado sus ingresos: el Barça era prácticamente su único cliente y su razón de ser.

La fiscalía considera que hay indicios de un delito de corrupción en los negocios cometido por el club por el hecho de haber pagado casi siete millones a Negreira durante el tiempo en que este era vicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA), el órgano de gobierno del colectivo. Aunque el CTA no decide qué colegiado dirige cada encuentro, sí tiene potestad para decidir sobre los ascensos y descensos de los árbitros. La investigación pone el foco en las sumas de dinero que el exdirigente arbitral retiraba, en efectivo, de entidades bancarias. El destino final de ese dinero se desconoce; no se ha constatado, por ejemplo, que su patrimonio inmobiliario o de otro tipo haya aumentado de forma notable. El Barça, además, pagó otras cantidades al hijo del exárbitro, Javier Enríquez, por informes arbitrales de los que sí hay constancia documental. Los pagos se hacían a través de una empresa del exdirectivo del club Josep Contreras (ya fallecido) que a cambio percibía comisiones de hasta el 50% de lo pagado al coach deportivo.

El delito de corrupción en los negocios —la denominación corrupción entre particulares, de 2010, se modificó en 2015— prevé una pena de entre seis meses y cuatro años de prisión, además de inhabilitación y el pago de una multa. El artículo contiene un apartado (286.4) que alude de forma explícita a las competiciones deportivas, y que castiga a “los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva” (en este caso, el Barça) y también a los “deportistas, árbitros o jueces” (Negreira) que pretendan “predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva”.

Bartomeu sí, otros presidentes no

La investigación ha acreditado pagos desde 2001, aunque todo apunta a que la operativa comenzó en los años 90, durante la presidencia del fallecido Josep Lluís Núñez. El delito atribuido al club, sin embargo, solo puede extenderse como máximo hasta 2010 porque, con anterioridad, el Código Penal no lo contemplaba. El FC Barcelona ya fue condenado, como persona jurídica, en 2016, al asumir que había cometido dos delitos fiscales en el fichaje de Neymar y aceptar el pago de una multa de 5,5 millones.

La denuncia incluye también a personas físicas, por encima de todas Bartomeu, así como también a miembros de su equipo directivo; entre ellos, según han confirmado fuentes de la fiscalía, el que fue director ejecutivo, Óscar Grau. A todos ellos se les atribuirá, además del delito de corrupción en los negocios, un delito de administración desleal, por haber utilizado presuntamente dinero de los socios con fines ilegítimos. Se da la paradoja de que, aunque fue ese equipo el que rompió el trato con Negreira, es el que asumirá las consecuencias penales del caso. Iniciados en la etapa de Núñez (o de Gaspart), las sucesivas juntas directivas del club mantuvieron los desembolsos. El actual presidente, Joan Laporta, llegó a aumentar su importe de forma notable, tal como avanzó este diario, durante su primera etapa al frente de la entidad. Ninguno de esos presidentes, sin embargo, afrontará como investigado la causa penal, puesto que los hechos son antiguos y ya están prescritos, precisan las mismas fuentes.

Tras la presentación de la denuncia, a la que se están dando los últimos retoques y que previsiblemente se formalizará este miércoles, un juzgado de Barcelona deberá decidir si la admite a trámite. Es lo que ocurre en la práctica totalidad de ocasiones cuando la denuncia procede del ministerio público. Una de las opciones es que el asunto recaiga sobre el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que ya ha abierto diligencias por la querella que presentó el árbitro del VAR Estrada Fernández. La querella, sin embargo, se dirige solamente contra los Negreira (padre e hijo) y todavía no ha sido admitida a trámite.

Consultada por la inminente denuncia de la Fiscalía, la UEFA trasladó a través de un comunicado que no tiene “ningún comentario que hacer”. Tanto la UEFA como la FIFA contemplan, en sus códigos disciplinarios, artículos que sancionan estas prácticas con independencia de que la normativa estatal (la Ley del Deporte) no pueda intervenir, ya que el plazo de prescripción de las infracciones muy graves es de tres años y los últimos pagos del Barça se remontan a 2018.

Puedes seguir a EL PAÍS Deportes en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.