ABUSOS EN EL DEPORTE

El deporte español ante el gran reto de la protección a los menores

El Consejo Superior de Deportes insta a las federaciones a cumplir con las obligaciones de la Ley de 2020 e implementar los nuevos protocolos para prevenir delitos y garantizar el amparo a las víctimas

Entrenamiento de gimnastas menores en club de Gimnasia Artística de Pozuelo, que incorpora metodologías para prevenir los abusos. / KIKE PARA
Entrenamiento de gimnastas menores en club de Gimnasia Artística de Pozuelo, que incorpora metodologías para prevenir los abusos. / KIKE PARA

El último caso (conocido) de abusos sexuales a menores en el deporte se cerró a finales de noviembre con una condena de 15 años y medio de prisión para Carlos Franch, exentrenador de un club de gimnasia artística de Betxí, un pueblo de 5.700 habitantes en la provincia de Castellón. Franch se aprovechó de su relación de superioridad derivada de su condición de entrenador para abusar de gimnastas menores de dos generaciones diferentes a lo largo de más de 20 años. Las denuncias realizadas en 2017 fueron 12, pero sólo en tres casos los delitos no habían prescrito. Ni la federación de gimnasia valenciana ni la española (RFEG) abrieron una investigación interna cuando las menores denunciaron a Franch a la Guardia Civil.

Estaban obligados a hacerlo por los protocolos para la prevención, detección y actuación frente al acoso y abuso sexual que el Consejo Superior de Deportes (CSD) adoptó en 2013 y que ha actualizado a finales de 2020 para adaptarlos a la nueva Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, aprobada el 9 de junio por el Gobierno para su tramitación parlamentaria. Ese nuevo protocolo se está aplicando ahora mismo en el CSD en el procedimiento abierto para investigar las denuncias de dos gimnastas de rítmica del Centro de Alto Rendimiento de León por insultos y trato vejatorio.

La llamada Ley Rhodes, en reconocimiento al pianista y activista británico James Rhodes, víctima de abusos en su infancia, endurece las penas, modifica los plazos de prescripción de los delitos —que se empieza a aplicar cuando la víctima cumple 30 años y no 18 como antes, para facilitar la denuncia que suele hacerse en edad adulta— y apuntala un marco legislativo apenas sostenido por el Convenio de Lanzarote, firmado por los 47 Estados miembros del Consejo de Europa y en vigor desde julio de 2010. Más allá de ese texto, la actuación de las organizaciones españolas hasta 2019 frente al acoso y el abuso sexual a menores en la actividad deportiva se limitaba a campañas de concienciación, sin seguimiento, ni legislación para proteger a los niños de manera efectiva. Una lacra mundial cuya gestión queda casi siempre en manos del coraje de los propios supervivientes.

Ahora el CSD y las Federaciones afrontan el reto de implementar de manera efectiva los protocolos y las medidas que garanticen el amparo. También, según dicta la nueva ley, tendrán que hacerlo todas aquellas entidades que realizan actividades deportivas con menores de forma habitual. El reto es erradicar la violencia, el abuso y el acoso desde la iniciación (clubes, escuelas municipales) hasta la alta competición.

La Ley Rhodes dedica un capítulo especial (el IX) al deporte y al ocio. Obliga la red de Centros de Alto Rendimiento y Tecnificación Deportiva, a las Federaciones y Escuelas municipales a contar con protocolos de actuación frente a la violencia que incluyen prevención, detección precoz e intervención. Obliga a implantar un sistema de monitorización para asegurar el cumplimiento de esos protocolos. Y recoge, por fin, la petición de expertos y víctimas de abusos en el deporte para hacer obligatoria la figura clave del delegado de protección.

Hay países como Reino Unido que lleva tiempo empleándola y destacando su importancia primordial. Él o la delegada de protección es la persona encargada de velar por la seguridad de los menores, de garantizar que el lugar de entrenamiento sea un lugar sano, donde reine la exigencia física, pero no tengan cabida insultos, vejaciones, menosprecios, abusos, ni ningún tipo de acoso. Es el primer mecanismo de control: la pieza que se encarga de que se implementen los protocolos, de escuchar a los menores, sus avisos sobre cualquier tipo de abuso, y de trasladar sus denuncias a las autoridades competentes si son constitutivas de delito.

En la legislación anterior, la figura del delegado de protección no era obligatoria. Era requerida por protocolos precedentes, pero, en la mayoría de los casos, si existía la ejercía personal interno a las federaciones y sin ningún tipo de formación específica. Se cubría el organigrama por protocolo, no de manera efectiva. Para la prevención o gestión de casos de abusos y acoso es fundamental la presencia de delegados formados que sepan observar, detectar señales y actuar ante ellas. El CSD obliga ahora a que esa figura tenga formación específica y se ha comprometido a dársela no sólo a sus delegados, sino también a los de las Federaciones. Se ha decidido externalizar esa formación y, a falta de la firma del contrato, el CSD prevé iniciarla durante este mes de enero, coordinada por Bárbara Fuertes, al frente de la subdirección general de deporte y mujer.

“Es importante que se cambien hábitos, que las federaciones se acostumbren a contar con especialistas en este ámbito, que se desarrolle y consolide un tratamiento diferenciado para los menores y las mujeres. Hay inercias que tienen que cambiar. El elemento educativo es clave, la ejemplaridad que le corresponde al CSD, también”, afirma Joaquín de Arístegui, director general del Consejo Superior de Deportes desde junio. El CSD ha dispuesto la presencia de dos delegados de protección en el CAR: uno para los menores residentes en la Blume y otro para los que entrenan en sus instalaciones como externos o invitados. Además, ha decidido acotar zonas específicas para que los menores estén especialmente protegidos. “Donde el delegado pueda cumplir mejor su función”, matiza Arístegui.

¿El delegado de qué?

En otoño, con la Ley ya aprobada desde hace meses, algunas federaciones respondieron con sorpresa y desconocimiento a la llamada de este periódico para preguntar por la figura del delegado de protección: —”¿el delegado de qué?”—. Otras dieron por hecho que, al tener delegado de protección de datos, “seguramente” tendrían “también el de protección de menores”, extraviado en cualquier caso en el organigrama. La Federación de natación, en cambio, sí lleva años tomándose muy en serio esta figura y formándola para las tareas específicas.

“Somos un país de vanguardia en muchas cosas. En la protección del menor y en la inclusión de la mujer tenemos que llegar a serlo también. Y para eso el CSD utilizará todos sus recursos de persuasión y actuación”, explica Arístegui. “Tenemos que extremar las medidas. Ser ejemplares en controlar pequeños hábitos y comportamientos que en otros tiempos se habían podido normalizar, pero ya no tienen cabida. Somos un entorno social”, añade José Hidalgo, Presidente de la Asociación del Deporte Español (ADESP) —que agrupa a todas las federaciones de deportes olímpicos, no olímpicos y adaptados, salvo la de fútbol—. “Tenemos que tener una sensibilidad distinta. Hay mucho por hacer y el deporte puede servir para la concienciación social. Queremos hacer bandera de la protección del menor, como herramienta ejemplarizante, y tiene que haber una guía clara de actuación para atajar este problema”, completa Hidalgo, que asume que, hasta la fecha, la voluntad va por delante de la asunción de medidas y que muchas federaciones tienen “los deberes por hacer”.

Los protocolos de 2013 que no se aplicaron en el caso de Betxí obligaban, además, a adoptar una serie de medidas de prevención, y dejar claras, por ejemplo, las funciones del entrenador (que no es un masajista). Describían los riesgos potenciales asociados a las actividades deportivas y las posibles medidas preventivas. En el pabellón de gimnasia de Betxí nadie sabía nada de estas normas. Tampoco sabían, por ejemplo, que no había que cerrar con llave la sala de fisioterapia; ni que había que indicar el horario en que se utilizaba esa sala y por qué profesional. No estaban colgadas en ningún sitio. A pesar de ser de obligado cumplimiento. Es más, durante el juicio a Carlos Franch, Lucía Guisado, seleccionadora nacional de gimnasia artística (llamada a declarar como testigo), negó incluso que existiera el protocolo (las Federaciones están obligadas a colgarlo en su web para recibir las subvenciones del CSD). “En 2017 [año en que las niñas denunciaron] no había un protocolo; se puso en marcha después [en realidad lo estaba desde 2013]”, declaró en el juicio oral.

Esos protocolos ahora se han renovado. De 10 páginas se ha pasado a 22. Se detallan las situaciones, actitudes y comportamientos relacionados con la violencia sexual (y se hace especial hincapié en el llamado grooming, es decir, la relación de desequilibrio de poder y dependencia que se genera entre entrenadores y deportistas y las relaciones abusivas que implica), se detallan las medidas preventivas, a quién y cómo pedir ayuda, los protocolos de actuación, el comité asesor, la atención a las víctimas y la evaluación, seguimiento y registro de los casos.

El CSD ha hecho los deberes y los ha implantado en los Centros de Alto Rendimiento y de Tecnificación (en los que tiene competencia). La actuación de las Federaciones es desigual y va a rebufo. “Nuestro protocolo [para el CAR] fue aprobado el 21 de septiembre. Después, las federaciones son entidades privadas sobre las que nosotros debemos ejercer la tutela y supervisión de las funciones públicas delegadas”, analiza Txus Mardaras, subdirector de promoción e innovación del CSD.

El Consejo mandó su protocolo a las federaciones para que estas pudieran inspirarse en él y aportar o incorporar sugerencias. En las páginas web de las federaciones más importantes, sin embargo, ni siquiera está todavía colgado el nuevo protocolo. Siguen todas con el antiguo y muy escondido. Al CSD le consta que “varias federaciones ya lo han adoptado”, otras “esperan a que se convoquen las juntas para hacerlo”. Recuerdan que para ser beneficiarios de las subvenciones del CSD “deben tenerlo adoptado y publicado” y esperan que así sea “próximamente”.

“No queremos entornos cerrados”

”Aquí recibimos deportistas seleccionados por sus respectivas federaciones y lo primero que hacemos es tener una entrevista con sus padres. De los 2.432 usuarios de las instalaciones, aproximadamente el 21% son menores y cada vez son más jóvenes porque el alto rendimiento empieza antes. Buscamos el vínculo con la federación a través de sus tutores, a los que les damos una beca de residencia. A las federaciones les pedimos que se involucren en la vida diaria del deportista. Hay federaciones, como gimnasia, que tienden al aislamiento, por su exigencia. No queremos entornos cerrados. El tutor vela por la buena integración de los niños”, prosigue Mardaras.

Una demostración del “aislamiento” que reina en algunas federaciones es que Karima Sánchez (la tutora que reside en la Blume, igual que José Ramón López) no puede entrar al pabellón para ver los entrenamientos de gimnasia femenina; sí los de masculina. Los tiene que ver desde fuera, a través de la cristalera. ¿Por qué? “Cada entrenador establece sus normas y a lo mejor quiere más intimidad en los entrenamientos”, responde ella, contratada por la propia Federación de gimnasia.

En la residencia y en el CAR hay menores de cinco deportes: golf, gimnasia, judo, tenis de mesa y triatlón. Son 200 en total, que se entrenan y estudian en las instalaciones, y 42 internos, que viven y duermen en la residencia. “Hacemos un reporte mensual a las federaciones de todo lo que ha sucedido durante el mes, (si alguien ha suspendido, si alguien se ha puesto enfermo y hemos tenido que ir a urgencias, si alguien se ha saltado las normas…) así tienen un control de todo lo que pasa aquí dentro. La federación transmite toda la información al CSD y ese mismo informe se utiliza para informar a los padres”, exponen Karima y José Ramón.

La aprobación de la Ley de Protección a la infancia llega tarde para las víctimas de abusos, pero no para todos los menores que se desarrollan en todos los ámbitos, también en el deportivo. El reto de las instituciones, en la aplicación de un texto que nace con vocación de transformación social, es romper el silencio, ventilar los entornos claustrofóbicos, desmontar las dependencias nocivas, determinar sin excusas la línea entre disciplina y la humillación, sensibilizar desde la educación, abordar la lacra como una estrategia de protección global desde la base de la pirámide e invertir en la formación de formadores. La comunicación como prevención. La denuncia de cualquier indicio de violencia contra los menores ya es obligatoria por ley, especialmente entre aquellos colectivos profesionales que tengan un contacto habitual con menores. El deporte español, de los clubes de barrio al CSD, pasando por las federaciones, se enfrenta al compromiso inaplazable de la protección a los menores. Para que el futuro crezca sano.

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