Tres futbolistas buscaban jugadores para amañar los partidos
Bravo y Aranda, los presuntos cabecillas de la trama de la Operación Oikos, se valían de Samu Saiz, Íñigo López y Carlos Caballero para localizar ejecutores, según la policía
Los informes elaborados por la Policía Nacional durante la Operación Oikos contra el amaño de partidos en Primera y Segunda describen la trama desarticulada como una organización estructurada en tres niveles con funciones perfectamente delimitadas. En el nivel superior, que los investigadores denominaron “líderes de la organización”, sitúan a los exfutbolistas Carlos Aranda y Raúl Bravo. Según diligencias policiales a las que ha tenido acceso EL PAÍS, ambos “estarían encargados de captar jugadores, normalmente, profesionales, a los que encomendarían la labor de buscar los mejores tratos para predeterminar resultados de partidos, principalmente, de fútbol. Estas personas son las que aportan el dinero para la compra de jugadores”.
En el segundo escalón, denominado “intermediarios”, la policía sitúa a tres futbolistas en activo: uno de Primera, otro de Segunda y el tercero, de Segunda B: Samu Saiz, del Getafe; Íñigo López, del Deportivo, y Carlos Caballero, del Fuenlabrada. Según los investigadores, “serían los encargados de buscar jugadores a los que corromper, siendo el nexo con los líderes de la organización. Al estar relacionado directamente con el mundo del fútbol, ya que son jugadores en activo, tienen mayor facilidad para influir en otros jugadores, dada su condición de deportista profesional”.
Finalmente, las investigaciones policiales señalan un tercer nivel al que denominan “objetivos corrompidos”, que vienen a ser las herramientas ejecutoras de los planes de la cúpula. “Estas personas son las ejecutoras directas de los amaños de los partidos, y los principales responsables de que el acuerdo se produzca”, según la descripción de las diligencias policiales. En este tercer escalón de la presunta trama, la policía sitúa a los futbolistas Borja Fernández, retirado hace unos días en el Valladolid, y Carlos Martín Briones Charly, ecuatoguineano actualmente en el Mora CF, de Tercera. También estarían en este último nivel tres personas relacionadas con la SD Huesca: Agustín Lasaosa, presidente; Juan Carlos Galindo, jefe de los servicios médicos, y Emilio Vega, exdirector deportivo. Vega declaró el martes en la comisaría de Córdoba tras ser detenido y quedó libre sin cargos.
Decisiones del juez
Los distintos estratos de la organización dedicada al amaño de partidos para obtener beneficios a través de las apuestas, al conocer de manera anticipada los resultados, explican también la gradación de las decisiones del magistrado Ángel de Pedro este jueves en Huesca. Por el Juzgado de Instrucción 5 pasaron Bravo, Aranda, López, Fernández, Lasaosa y Galindo, que habían sido detenidos el martes por la mañana en varias ciudades españolas. Aún con el secreto de sumario, se dispusieron a enfrentarse a las preguntas del juez y el fiscal. Principalmente, dos partidos bajo sospecha: Huesca-Nàstic, de la pasada temporada en Segunda, y el Valladolid-Valencia, de Primera de este curso.
Las decisiones sobre los seis detenidos
Raúl Bravo y Carlos Aranda. Prisión provisional eludible con una fianza de 100.000 euros. Investigados como posibles responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, corrupción en el deporte y estafa.
Íñigo López. Libertad provisional con una fianza de 75.000 euros, que deberá pagar en 10 días. Debe presentarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. Se le prohíbe salir del territorio español, se le retira el pasaporte y debe comunicar un posible cambio de domicilio, como Agustín Lasaosa y Borja Fernández. Investigado por pertenencia a grupo criminal, corrupción y estafa.
Agustín Lasaosa y Borja Fernández. Libertad con 50.000 euros de fianza. Investigados por corrupción en el deporte y cooperadores en un delito de estafa.
Juan Carlos Galindo. Libertad sin fianza. Investigado por corrupción en el deporte.
Los dos exfutbolistas encuadrados en el primer nivel, Bravo y Aranda, se acogieron a su derecho a no declarar. Sus abogados consideraron que podrían defenderse mejor cuando tuvieran acceso al contenido del sumario. Fueron los únicos que no quedaron en libertad, después de que se decretara para ellos prisión provisional que podían eludir pagando una fianza de 100.000 euros. Ambos están investigados por pertenencia a grupo criminal, corrupción en el deporte y estafa.
Los dos niveles más bajos contestaron a las preguntas del juez y el fiscal. Así, el considerado como “intermediario” Íñigo López quedó en libertad provisional, y el juez le dio 10 días para depositar una fianza de 75.000 euros. Además, debe comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes y sigue investigado por pertenencia a grupo criminal, corrupción en el deporte y estafa. También quedaron libres los del tercer escalón, el instrumental, en el que también se pueden distinguir grados de implicación a través del destino escogido para ellos por el juez. A Agustín Lasaosa y a Borja Fernández les dio 10 días para pagar una fianza de 50.000 euros cada uno y les obliga a comparecer los días 1 y 15 de cada mes. Ambos siguen investigados por corrupción en el deporte y presuntos cooperadores necesarios en un delito de estafa.
El mando de “los malos”
Por último, el destino más benévolo fue el de Juan Carlos Galindo, el primero en abandonar por la mañana los juzgados, con los ojos llorosos y arrastrando la pequeña maleta azul que la mañana anterior le había llevado a comisaría un empleado de la SD Huesca. Galindo quedó en libertad sin fianza, investigado por un solo delito, corrupción en el deporte, y obligado a ir al juzgado cada dos semanas.
Según los investigadores, las relaciones entre el primer nivel y los demás, en especial el tercero, eran fuertemente jerárquicas. Bravo y Aranda eran conocidos entre ellos como “los malos”. Esa autoridad se ejercía a distancia, como demuestra un episodio narrado por Íñigo López, que en una ocasión se encontró en la estación ferroviaria de Atocha, en Madrid, a Aranda, que le pidió ayuda para conseguir cobrar una deuda que presuntamente mantenía con él Lasaosa, presidente del Huesca, donde López jugó la temporada 2017-2018. Según una de las conversaciones intervenidas, López da cuenta a Galindo de que “los malos” le están reclamando un dinero al presidente. Varios de los investigados admitieron que Aranda les produce cierto temor.
Para el fiscal, el Huesca puede ser más víctima que responsable
El fiscal jefe de Huesca, Juan Baratech, advirtió este jueves que el club oscense podría pasar de tener una posible responsabilidad penal a ser acusación particular. El fiscal argumentó su razonamiento: “El Huesca aparece como responsable, pero es una responsabilidad penal que procede del artículo 31 bis del Código Penal, que es una responsabilidad de las personas jurídicas. Para que se pueda exigir una responsabilidad penal a una persona jurídica tiene que ser por actuaciones que ha realizado un representante y que haya actuado siempre en beneficio, directo o indirecto”, explicó el fiscal, que duda de que se pueda mantener la responsabilidad penal sobre el club: “La posición procesal puede ser más la de acusación particular que la de responsable penal”. Por otra parte, este viernes se reúne el Consejo de Administración del club para decidir si Agustín Lasaosa sigue como presidente.
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