Sandro Rosell vuelve a pedir su puesta en libertad al inicio del juicio

Sentado en la primera fila del banquillo de los acusados, junto a su socio Joan Besolí, Sandro Rosell ha observado este lunes con gesto serio cómo arrancaba en la Audiencia Nacional el juicio que escudriñará todos los recovecos de la Operación Rimet, que lo sitúa en la cima de una red de blanqueo de capitales con ramificaciones en España, Andorra y Brasil. Un entramado societario que, según la fiscalía, el empresario de marketing habría tejido antes de llegar a la presidencia del FC Barcelona en julio de 2010 y que le ha llevado a la cárcel. Desde mayo de 2017, Rosell permanece en prisión preventiva. Y, este lunes, su abogado ha vuelto a pedir su puesta en libertad al inicio de la vista oral. Aunque el ministerio público se ha opuesto y los magistrados han anunciado, al término de la sesión, que resolverán su solicitud este martes.

Porque la primera jornada del juicio, que se prolongará previsiblemente hasta el próximo 27 de marzo, se ha limitado este lunes a la exposición de las cuestiones previas. Ha sido entonces cuando el abogado de Rosell, Pau Molins, ha pedido su puesta en libertad. Cuestiona que su cliente esté entre rejas cuando La Manada, el grupo de sevillanos sentenciados por abusos sexuales en los Sanfermines de 2016, está en la calle. Y ha denunciado, además, que aprecia un “riesgo de inclinación” del tribunal a condenar a su cliente: en su opinión, los magistrados difícilmente le absolverán porque, según ha abundado, supondría aceptar que se le ha encarcelado “injustamente” durante más de un año y medio.

“Se ha visto vulnerado el derecho de defensa de Rosell porque no ha podido preparar adecuadamente su defensa”, ha añadido Molins sobre su internamiento preventivo en un centro penitenciario: primero en la madrileña de Soto del Real y después en la catalana de Brians 2. La juez instructora Carmen Lamela ya rechazó dejarle en libertad en más de una decena de ocasiones por el “riesgo de fuga” derivado de sus conexiones fuera de España.

El letrado del expresidente del Barça, que se enfrenta a una petición de pena de 11 años de cárcel y 59 millones de euros de multa, también ha aprovechado su turno para desvelar otra de las bases de su estrategia. Niega que los tribunales españoles tengan jurisdicción sobre los hechos imputados, ya que ha planteado que las principales operaciones bajo sospecha se produjeron en el extranjero —en Brasil y Andorra—. Una tesis que niega rotundamente la Fiscalía, que califica a Rosell como el “director” de una “organización criminal” que blanqueó cerca de 20 millones de euros obtenidos a través de comisiones ilegales en contratos de derechos televisivos y patrocinios.

Otros abogados defensores han pedido, a su vez, que se declaren nulas parte de las pesquisas y han reprochado al ministerio público que fuese “mutando su acusación” a lo largo de la instrucción: “Nunca se ha buscado la verdad, solo se ha buscado una condena y se han ido alterando los hechos de una manera escalofriante”.

La Fiscalía, que ha querido dejar claro este lunes que esta causa no versa sobre ninguna cuestión deportiva, centra la mirada en dos operaciones supuestamente impulsadas por esta “estructura estable” delictiva, que habría funcionado desde 2006 para el “lavado de capitales a gran escala”. La primera se produjo el 24 de noviembre de ese mismo año, cuando se firmó un contrato entre la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y la sociedad International Sports Events (ISE) —dirigida por el billonario saudí Saleh Kamel y domiciliada en las Islas Caimán, paraíso fiscal—. En la víspera, Rosell selló un acuerdo de “intermediación” con ISE, por la que se embolsaría 8,3 millones. Según los investigadores, ese importe era una mordida que se embolsó el expresidente del Barça y Ricardo Terra Teixeira, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) desde 1989 a 2012.

La segunda operación se corresponde con un contrato de patrocinio de la marca Nike para la selección de Brasil firmado en noviembre de 2008. Una empresa brasileña de Rosell (Ailanto) intermedió para la CBF por 26 millones de euros, de los que él se llevaría 12 millones, de acuerdo a la documentación intervenida en los registros. Por tanto, ha reiterado este lunes el ministerio público: “Esta es una cuestión ajena al FC Barcelona”.

Seis acusados en el banquillo

Seis personas se sientan en el banquillo de los acusados en esta vista oral. Al exdirigente del Barcelona lo acompañan Joan Besolí, también en prisión preventiva desde mayo de 2017; Marta Pineda, esposa del expresidente, además de copropietaria y apoderada de sus empresas; Antonio Ramos, cuñado de Besolí; y José Colomer, amigo de Rosell. Estos dos últimos supuestamente facilitaron cuentas personales o de sus empresas para que circulara el dinero de las comisiones con destino a Terra Teixeira. El sexto procesado es Shahe Ohannessian, un ciudadano libanés que presuntamente ayudó a simular la venta de una compañía.

El ascenso de Sandro Rosell se produjo de la mano de Joan Laporta, en cuya candidatura se integró para las elecciones a la presidencia del Barça de 2003. Tras conseguir la victoria, el acusado ocupó la vicepresidencia deportiva del club hasta 2005, cuando dimitió y comenzó su pugna para arrebatarle el sillón a su amigo y excompañero de filas en el equipo de barrio San Andreu, donde ambos habían coincidido en su etapa de juveniles. Sería precisamente durante esos años de batalla, en 2006 y 2008, cuando supuestamente se produjeron las dos grandes operaciones ilegales. Antes de que Rosell lograse en 2010 su objetivo y asumiese el poder de una de las entidades de fútbol más influyentes del mundo hasta 2014. Ahora, un lustro después, debe rendir cuentas en el banquillo. Lejos del césped.