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El juicio por la red de blanqueo de Sandro Rosell arranca en la Audiencia Nacional

La Fiscalía reclama 11 años de prisión al expresidente azulgrana por sus negocios turbios con la Confederación Brasileña de Fútbol

Sandro Rosell, tras ser detenido el pasado día 23 de mayo. Ampliar foto
Sandro Rosell, tras ser detenido el pasado día 23 de mayo.

Sandro Rosell, empresario de marketing deportivo y presidente del FC Barcelona entre julio de 2010 y enero de 2014, será juzgado a partir de este lunes en la Audiencia Nacional por la llamada Operación Rimet, la trama de blanqueo de capitales por la que lleva la prisión desde el 25 de mayo de 2017 —en la madrileña de Soto del Real y después en la catalana de Brians 2.

Rosell está acusado de encabezar una compleja red de sociedades que supuestamente permitió a Ricardo Terra Teixeira, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol entre 1989 y 2012, embolsarse 19,9 millones de euros en comisiones ilegales por los contratos de derechos televisivos de 24 encuentros amistosos de la selección canarinha y por el acuerdo de patrocinio firmado en 2011 por Nike con la federación brasileña y por el que Rosell percibió, como intermediario a su terminación, 12 millones de euros.

La Fiscalía pide para el 39º presidente del Barça una pena de 11 años de cárcel y 59 millones de euros de multa por blanqueo de capitales continuado y delito de organización criminal en calidad de promotor o director. El juicio a esta “estructura estable” que desde al menos 2006 se dedicó supuestamente al “lavado de capitales a gran escala” se celebrará a partir de este lunes en la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Junto a Rosell, al que el ministerio público considera máximo responsable de la trama, se sentarán en el banquillo otras cinco personas que supuestamente colaboraron con el exmandatario culé para ocultar los fondos ilícitos de Ricardo Terra Teixeira. La primera es Marta Pineda, esposa de Rosell, copropietaria o apoderada en las sociedades de este. El segundo es Joan Besolí, ciudadano andorrano y socio de Rosell, que también permanece en prisión desde mayo de 2017. Antonio Ramos, cuñado de Besolí, y José Colomer, amigo de Rosell, supuestamente facilitaron cuentas personales o de sus sociedades para que circulara el dinero de las comisiones con destino a Terra Teixeira. La nómina de acusados se completa con el ciudadano libanés Shahe Ohannessian, amigo de Rosell y que supuestamente le ayudó a simular la venta de una sociedad, Bonus Sport Marketing, clave en los negocios del expresidente azulgrana.

Partidos amistosos

La vista oral, que arrancará con el trámite de cuestiones previas, se centrará en dos operaciones. La primera tiene que ver con la supuesta mordida de 8,39 millones de euros que percibió Terra Teixeira por el contrato de derechos televisivos de 24 encuentros de la selección brasileña absoluta firmado el 24 de noviembre de 2006 entre la Confederación Brasileña de Fútbol y la sociedad International Sports Events (ISE), dirigida por el billonario saudí Saleh Kamel y domiciliada en las Islas Caimán, paraíso fiscal.

La víspera de ese contrato, Rosell firmó, a su vez, un contrato de “intermediación” con la mercantil ISE, por la que esta pagaría 8,39 millones a una sociedad del expresidente azulgrana. Estos fondos, según la investigación, eran en realidad la mordida que posteriormente recibiría Terra Teixeira a través de Rosell, que también se quedaría una parte.

Para hacer llegar el dinero a Terra Teixeira, Rosell supuestamente simuló la venta de su empresa Bonus Sport Marketing, por valor de 13,5 millones de euros a una mercantil libanesa.

La segunda operación es el contrato de patrocinio de la firma Nike para la selección de Brasil firmado en noviembre de 2008. Una empresa brasileña de Rosell (Ailanto) intermedió para la CBF por 26 millones de euros de los que él se llevaría 12, de acuerdo a la documentación intervenida en los registros.

La defensa dice que no hay indicios de delito

Para la defensa de Rosell, “no existen indicios de actividad delictiva alguna”. Sostiene que sólo se habría cometido un hecho delictivo si la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) entidad de derecho privado, fuese pública. Según la defensa, con las supuestas mordidas de Terra Teixeira, la CBF no solo no sufrió perjuicio alguno, sino que dobló sus beneficios por partido amistoso, convirtiéndose en la mejor pagada del mundo por la intermediación de Sandro Rosell.

Argumenta además que Teixeira no cobró ninguna comisión de la entidad saudí ISE porque así lo dijo el director de esta empresa en sede judicial y si las hubiera cobrado de Rosell, no sería relevante ya que se trataría de un delito de corrupción entre particulares, no tipificado en España en 2006, cuando ocurrieron los hechos, informa Europa Press.

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