¿Quién y por qué quiere cambiar lo que funciona?
El presidente de LaLiga opina sobre el conflicto generado por la nueva Ley del Deporte, que prohíbe al organismo subvencionar a las federaciones a cambio de la cesión de los derechos de ‘streaming’ y la exhibición del logo
Estoy en la obligación de advertir que el Anteproyecto de Ley del Deporte aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 1 de febrero pone en grave riesgo al deporte español (no solo al fútbol). Detrás de esta advertencia no hay ninguna animadversión personal. He apoyado públicamente al ministro Guirao y a la presidenta del CSD los aciertos de su gestión, pero los clubes profesionales me han dado la gran responsabilidad de liderar esta industria (el fútbol profesional) que representa el 1,37% del PIB y genera más de 150.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos. Como presidente de LaLiga no puedo, por lo tanto, pasar por alto los errores y las interferencias interesadas en la redacción de este anteproyecto.
Las palabras del Pedro Sánchez, en la recepción de la selección femenina sub-17, no dejan a la menor duda: “También quiero reconocer el papel de Luis [Rubiales], porque ha hecho mucho para que esta ley tuviera lugar”. Más claro imposible.
Lo preocupante es que sabemos exactamente cuál ha sido este condicionamiento, y no ha sido ni altruista ni tangencial. El borrador de anteproyecto al que tuvimos acceso (casualmente) en LaLiga en diciembre ha sufrido un “control de cambios” tan sorprendente como preciso. Las ligas profesionales se vacían de competencias y contenido en beneficio directo (en el caso del fútbol) de dos instituciones que vienen pública y judicialmente luchando por este objetivo: la federación de fútbol, que desde la llegada a la presidencia de Luis Rubiales defiende acaparar competencias hasta ahora reconocidas a LaLiga desde hace años con pleno consenso, incluso por el propio Villar (con quien no soy sospechoso de afinidad); y el Real Madrid, que desde su visión de otra forma de entender LaLiga, sistemáticamente ha denunciado a LaLiga en los tribunales intentando defender lo que ahora “casualmente” le otorga la ley.
Nadie puede negar que las ligas profesionales (cuyos miembros son los clubes participantes y que toman las decisiones por mayorías y en votación secreta en LaLiga) son el modelo de éxito en todo el mundo para la gestión de las competiciones. Muchos Gobiernos e instituciones de otros países nos piden ayuda para replicar nuestro modelo. Pero si se aprueba este anteproyecto se limitará (por no decir que se eliminará) la explotación económica colectiva en las competiciones profesionales. Esto significa dar dos pasos atrás, invertir la tendencia de crecimiento por la cual hemos acabado con la deuda histórica sobre todo con el Estado. ¿Qué sentido tiene cambiar el modelo?
El principal problema no tiene que ver con la intención de LaLiga de apostar por el deporte no mayoritario español (mal llamado minoritario) y darle exposición en una OTT —la transmisión de audio, vídeo y otros contenidos a través de Internet—, y a la vez trabajar en los nuevos modelos de conocer a los aficionados. Nadie de los implicados (federaciones, ligas…) ha visto situaciones de monopolios o de control de calendarios u horarios. El principal problema es desconocer hacia dónde va la industria del deporte, que está viviendo un momento “revolucionario”. Esto no es óbice para reconocer que una parte del anteproyecto es positiva, ya que refleja un esfuerzo por ordenar el deporte femenino y el deporte inclusivo, cuestiones que LaLiga viene abordando desde hace tres años con la Liga Iberdrola o la Liga Genuine.
Seré ingenuo, porque pensé que con la llegada de Sánchez, las intrigas de palacio (hoy de palcos), las denuncias anónimas o el jactarse de ser amigo de, iban a terminar... Confiemos en que este error inicial pueda ser corregido en el futuro y que la industria del deporte español que no es contradictoria con los valores del deporte pueda crecer y generar riqueza para España.
Javier Tebas es presidente de LaLiga.
