España aún no ha ratificado el convenio europeo contra la violencia

La violencia y el fraude en los resultados, vinculado en muchas ocasiones a las apuestas, son dos de las tres grandes problemáticas que junto al dopaje perturban y manchan el deporte. Ante estas serias amenazas que se ciernen sobre la seguridad en los espectáculos deportivos y la integridad de las competiciones, el Consejo de Europa aprobó en el pasado la puesta en marcha de dos convenios para tratar de combatir las citadas lacras. En 2014, se puso en liza el acuerdo sobre los amaños. En 2016, se terminó de reformar en materia de violencia el convenio existente desde 1985, año de la tragedia de Heysel en la que murieron 39 aficionados durante la final de la Copa de Europa disputada entre la Juventus de Turín y el Liverpool. Ambos convenios han sido firmados por España, pero aún no han sido ratificados por el Gobierno. “El convenio contra los amaños no se ha ratificado porque la Comisión Europea no lo aconseja al no haber consenso entre los países. Con el de la violencia no habrá problemas para ratificarlo, está en marcha y en manos del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero es un proceso lento”, explican desde el Consejo Superior de Deportes. Portugal, Estado miembro de la Unión Europea, sí ha ratificado el convenio de los amaños. Y Francia, otro país comunitario, ratificó el de la violencia en febrero de 2017.

La no ratificación de los tratados ha impedido su entrada en vigor y que no se hayan aplicado muchas de las medidas que recogen. En el caso de los amaños, no se ha podido implementar, entre otra mucha normativa, la referente al artículo 7.2 sobre la demanda a las federaciones para que monitoricen sus mercados de apuestas. Tampoco el artículo 8 para que las federaciones puedan financiar programas para luchar contra la adulteración de resultados. En el caso de la violencia, no se ha creado el Punto de Información del Fútbol, diseñado en exclusiva para los partidos europeos que últimamente han acaparado el foco de la violencia ultra.

La cuestión abre las dudas sobre si en España y en otros países europeos se hace todo lo posible por erradicar ambos problemas. Las autoridades españolas presumen de estar a la vanguardia en la lucha contra la violencia y los amaños, pero la inquietud y la alarma han llegado ya hasta la Mesa del Congreso de los Diputados en varias ocasiones de la mano de Ciudadanos, que ya preguntó en el pasado por qué no se habían ratificado los convenios.

El 18 de enero, Rodrigo Gómez, diputado de la formación liderada por Albert Rivera, cuestionó un informe de la Comisión Antiviolencia sobre el número de grupos ultras: “¿Piensa el Gobierno que en España sólo hay nueve grupos radicales y/o violentos como señala la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte?”. Gómez ha inquirido también al Gobierno, “al que hay que darle un toque de atención”, sobre las medidas que se están tomando ante el repunte de la violencia ultra. El mañana del miércoles 21 de marzo, Ciudadanos también envió una nueva cuestión a la que ha tenido acceso EL PAÍS y en ella hace referencia a la operación policial en la que fueron detenidos más de 30 miembros de una trama conformada por futbolistas y agentes que manipulaban el resultado de encuentros en Segunda B y, sobre todo, en Tercera División, al tiempo que apostaban grandes cantidades de dinero en casas de juego asiáticas. Gómez aduce que la operación nació de las averiguaciones efectuadas por un grupo de investigadores creado por la Liga de Fútbol Profesional, entidad privada que, en principio, sólo tiene competencia en la Primera y la Segunda División del fútbol español. Ante este problema, Ciudadanos ha vuelto a incidir sobre una de las respuestas que le ofreció el Gobierno recientemente en la que este hacía referencia a la creación de una Plataforma Nacional por la Integridad en el Deporte y las Apuestas. El partido de Rivera pretende saber si dicha plataforma ya está en marcha.

Agujeros en el sistema

Hoy, el Comité Disciplinario de UEFA impondrá las sanciones al Olympique de Marsella por los incidentes acaecidos en el encuentro de Liga Europa disputado hace una semana en San Mamés, en el que un guardia de la seguridad privada del club vasco fue herido de gravedad en el interior del recinto por los ultras del equipo francés. La UE[/TEX]FA también castigará al Paris Saint-Germain por permitir un festival pirotécnico de bengalas en el Parque de los Príncipes para generar una atmósfera incendiaria e intimidar a los jugadores del Real Madrid.

Sin embargo, la UEFA no podrá sancionar ni al club bilbaíno, ni al Spartak de Moscú por los altercados en los aledaños de San Mamés en que un ertzaina falleció por una parada cardiaca. Los informes policiales no están en poder de la UEFA y esto imposibilita la sanción. El descontento en el organismo que rige el fútbol europeo es mayúsculo por esta tardanza que revela algunos de los agujeros existentes en el sistema español. Ante este panorama, Rodrigo Gómez y Ciudadanos también se preguntan: “¿Considera acertada el Gobierno la decisión de no declarar el partido de alto riesgo? ¿Por qué no ha entregado el Gobierno a la UEFA los informes? ¿Ha entregado el Gobierno vasco el informe policial?”.