Lete pospone la suspensión de los cinco imputados
El CSD solicita más información a la Abogacia del Estado para poder inhabilitar a los barones territoriales
La comisión directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD) que preside José Ramón Lete decidió aplazar la decisión sobre suspender o no cautelarmente a los cinco presidentes de federaciones territoriales de fútbol imputados en el marco de la Operación Soule. La votación, que ya se iba a producir con un mes de retraso por la tardanza en convocar la Comisión Directiva, ha sido aplazada y no se ha marcado una fecha para su ejecución. Con este nuevo retraso que genera el aplazamiento, Vicente Muñoz (Valencia), Jacinto Andrés Alonso (La Rioja), Diego Martínez (Melilla), Antonio García Gaona (Ceuta) y José Miguel Monje (Murcia) pueden seguir representando al fútbol español. Algunos de ellos estarán hoy en el palco del Rico Pérez para presenciar el España-Albania.
Pese a que los investigados forman parte de la red clientelar creada por Ángel María Villar y descrita por el juez Santiago Pedraz en su auto del 18 de julio y en el sumario del caso, cuyo secreto ya está levantado, Lete esgrimió la falta de detalles en los hechos que se le imputan a cada uno de los miembros del quinteto de dirigentes autonómicos. “La comisión directiva del CSD ha decidido posponer la decisión sobre la situación de los cinco directivos porque no hay una atribución directa y detallada sobre los hechos que se les imputan y por tanto hasta que tengamos más información del informe correspondiente de la Abogacía del Estado hemos pospuesto la decisión”, razonó el presidente del CSD.
Desde el 16 de agosto, Lete dispone de un informe de la Abogacía del Estado en el que abría la vía de la suspensión una vez que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) abriera expediente a los cinco barones regionales imputados por faltas muy graves, como así sucedió el pasado 1 de septiembre.
El TAD expedientó a los cinco dirigentes por la misma razón que a Villar y a Juan Padrón, el mal uso de los fondos públicos y privados de la Federación Española de Fútbol (FEF), y además les añadió el abuso de autoridad y el incumplimiento de los acuerdos de la asamblea general y de los reglamentos electorales.
Contra el fútbol modesto
La aplazada votación de la comisión directiva del CSD ponía a prueba si las medidas tomadas hasta ahora por Lete tras la detención de Villar están encaminadas a una profunda regeneración del fútbol español, en especial del autonómico. El fútbol modesto está muy involucrado en la decisión final que se tome por el presunto saqueo de la mutualidad de los futbolistas aficionado (Mupresfe) en la trama de corrupción desvelada por el juez Pedraz, y basada en los informes la Fiscalía Anticorrupción y los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).
“Ha sido un acuerdo pacífico. Ha habido un miembro de la comisión directiva que ha dicho que no había causa y por lo tanto no había que posponer nada, pero el resto entienden que cuando tengamos un informe detallado de la Abogacía del Estado respecto al sumario se podrán tomar decisiones”, añadió Lete.
El CSD enviará al TAD el recurso para repetir las elecciones
Cuando José Ramón Lete explicó al término de la comisión directiva que solo un miembro se había opuesto al aplazamiento de la votación, e incluso a la posibilidad de que los cinco dirigentes imputados sean suspendidos, se refería a Luis Rubiales. El presidente del sindicato de futbolistas (AFE) cuenta con el apoyo del quinteto de barones en su carrera por ser el sustituto de Ángel María Villar.
Rubiales, que siempre fue un firme defensor de la gestión del dirigente vasco, sí votó a favor de la suspensión del presidente federativo ante la gravedad de los hechos, algo que este no le perdona, pero no está a favor de la inhabilitación cautelar de estos cinco dirigentes de territoriales al considerar que no hay motivos para ello.
Lete también informó a la comisión directiva que la próxima semana presentará el recurso de revisión ante el TAD sobre la decisión del tribunal de no anular el proceso electoral por presuntas irregularidades y que terminó en la reelección de Villar para su octavo mandato.
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