Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Lete, ante la encrucijada de los imputados

La comisión directiva del CSD vota este jueves, con un mes de retraso, si suspende a los cinco directivos de la FEF investigados

Lete, el pasado septiembre.
Lete, el pasado septiembre. EFE

La comisión directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD) que preside José Ramón Lete se reúne hoy para decidir si suspende cautelarmente a los cinco directivos de la Federación Española de Fútbol (FEF) imputados por el juez Santiago Pedraz en el marco de la Operación Soule, en la que se investigan los delitos de apropiación indebida, corrupción entre particulares, administración desleal y falsedad documental. La decisión se tomará con más de un mes de retraso, una vez que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) abrió expediente el pasado 1 de septiembre por tres infracciones muy graves al citado quinteto de directivos, todos ellos presidentes de federaciones territoriales. Los cinco investigados son Vicente Muñoz (Valencia), Jacinto Andrés Alonso (La Rioja), Diego Martínez (Melilla), Antonio García Gaona (Ceuta) y José Miguel Monje (Murcia).

La votación de la comisión directiva del CSD pone a prueba si las medidas tomadas hasta ahora por Lete están encaminadas a una profunda regeneración tras la detención de Ángel María Villar o si permitirá que los cinco imputados sigan tomando decisiones sobre el fútbol español. De momento, el retraso de Lete en convocar la junta directiva ha provocado que el pasado jueves los cinco dirigentes pudieran intervenir en una reunión de presidentes de territoriales en la que se debatió sobre el reparto del dinero público correspondiente al 1% de las quinielas. En dicho encuentro, uno de ellos, Diego Martínez, de Melilla, llegó a proponer una intervención de la FIFA por injerencias del Gobierno al haber suspendido a Villar. Esto podría llegar a suponer la expulsión de los clubes españoles de las competiciones internacionales y que la selección no pudiera participar en el próximo Mundial de Rusia, para el que está a punto de obtener la clasificación. Ayer, el imputado Vicente Muñoz participó junto al alcalde de Alicante en la presentación del partido entre España y Albania de este viernes.

Los ingresos de los cinco barones

Vicente Muñoz. Valencia. Facturaba a la Federación con Viajes Vacança y la Mutualidad. Entre el 2009 y el 2015 ingresó más de dos millones de euros de ambas entidades, lo que supone un 80% del total anual de sus negocios. En una conversación grabada le propone a Villar, y este lo admite, cambiar la titularidad de la agencia para seguir facturando sin vulnerar el código ético de la Federación.

Jacinto Andrés Alonso. La Rioja. Corredor de seguros Helvetia, habiendo vendido a la RFEF y entidades vinculadas casi dos millones de euros, lo que en 2015 le permitió ganar 134.000 euros, más del doble de lo que ganaba en 2009. Jacinto Alonso colocó a un primo en la Mutualidad de futbolistas a costa de otro trabajador.

Antonio García. Ceuta. Administrador de la agencia de viajes Trujillo. Entre el 2009 y el 2015 facturó a la Mutualidad y a la Federación más de 700.000 euros.

Diego Martínez. Melilla. Dio trabajo a su hijo en la Mutualidad.

José Miguel Monje. Federación de Murcia. Percibe ingresos entre los años 2009 y 2015 de la Policlínica Murciana de Fútbol, participada al 100% de la citada federación, de 24.000 euros al año. A José Miguel Monje, además, Ángel María Villar le concedió un puesto remunerado en una comisión de la UEFA ocupado antes por Eduardo Herrera, presidente del fútbol andaluz y opositor al dirigente vasco.

La motivación del TAD para la incoación del expediente a los cinco dirigentes, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, asegura: “A juicio de este tribunal debe señalarse que se derivan indicios racionales de la posible comisión de infracciones disciplinarias”. Dichas infracciones recogidas en el documento del TAD corresponderían a los artículos de la Ley del Deporte sobre el abuso de autoridad (76. 1.a), la incorrecta utilización de los fondos privados o de las subvenciones, créditos, avales y demás ayudas del Estado (76.2.d) y el incumplimiento de los acuerdos de la asamblea general, así como de los reglamentos electorales y demás disposiciones estatutarias o reglamentarias (76.2.a).

Rubiales, en contra


El CSD alega para justificar el retraso en la votación de la suspensión la necesidad de contar con seguridad jurídica al respecto. Sin embargo, desde el 16 de agosto, un informe de la Abogacía del Estado solicitado por Lete, al que también ha tenido acceso EL PAÍS, da el visto bueno a la suspensión siempre y cuando el TAD abriera expediente por faltas muy graves a los cinco dirigentes, tal y como sucedió el citado 1 de septiembre. Al no haberse levantado el secreto sumarial cuando se realizó, dicho informe matiza que “no se está en disposición de conocer si todas o alguna / algunas de estas personas han podido incurrir en alguna de estas infracciones muy graves”. Desde hace tres semanas la Abogacía del Estado tiene acceso al sumario en el que se detallan los hechos que el juez Pedraz imputa a los cinco barones. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico concluyen que si a estos cinco se les abre expediente por las mismas razones que a Villar, y a las que además se añaden dos faltas graves más, no tendría sentido que no fueran suspendidos.

Desde que a finales del mes de julio el CSD anunciara que activaría los mecanismos para suspender cautelarmente a todos los imputados, como hizo en los casos de Ángel María Villar y Juan Padrón, Luis Rubiales, presidente del sindicato de futbolistas (AFE), se ha opuesto a la suspensión. A cambio, Rubiales cuenta con el apoyo del quinteto en el caso de una hipotética dimisión de Villar, que daría lugar a unas nuevas elecciones en las que votarían los miembros de la asamblea actual, entre los que figuran los cinco barones, o en el caso de una moción de censura, para la que también tendrían derecho a voto. Desde el CSD siempre se ha negado cualquier apoyo a Rubiales, aunque este así lo ha difundido entre los presidentes de varias territoriales desde que maneja la posibilidad de ser el sucesor de Villar. Rubiales, miembro de la comisión directiva del CSD, votó a favor de la suspensión de Villar al considerar los hechos descritos por el juez Pedraz como muy graves. Esto le ha supuesto el distanciamiento con el presidente suspendido, que no le perdona la traición al hombre que eligió como delfín y fue un firme defensor de su gestión. Hoy, Rubiales se expone a caer en una contradicción.

Otro expediente del TAD a Villar

El pasado 15 de septiembre el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) abrió otro expediente a Ángel María Villar. En este caso achaca al presidente suspendido haber vulnerado el reglamento electoral que regula las elecciones en las federaciones deportivas al formar parte de la Comisión Gestora de la Federación cuando ya era candidato a la presidencia. También le imputa vulnerar los deberes de neutralidad de la citada Comisión Gestora al haber propiciado la difusión de su programa electoral mediante una carta a los presidentes de las terriroriales.

Este expediente, que describe faltas muy graves, puede ser otra vía abierta por el CSD para inhabilitar definitivamente a Villar si los miembros del TAD, tras su estudio, fallan en contra del dirigente vasco.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.

Más información