El ‘caso Haití’ también salpica al Consejo Superior de Deportes
La federación asegura que el organismo alteró en 2011 las fechas de una carta para admitir facturas dudosas como gastos imputados a una subvención de 1,2 millones
El fraude de la subvención de 1,2 millones por el que han sido imputados la Federación Española de Fútbol y su presidente, Ángel María Villar, también salpica al Consejo Superior de Deportes (CSD). Los hechos se registraron en 2011, cuando el organismo dependía del Gobierno del PSOE. La documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS implica que uno o varios de sus funcionarios alteraron supuestamente las fechas de una carta para permitir que la federación incluyera como imputables a dicha subvención gastos que estaban inicialmente fuera del objeto de esa ayuda.
Entre la documentación de la que dispone este diario se encuentra el escrito enviado por Villar al CSD en diciembre de 2016 para explicar el destino de la subvención cuestionada. En él, Isabel Navas, directora de la fundación de la federación, detalla los trámites burocráticos seguidos por la ayuda: “El 10 de noviembre [de 2011], por indicación del secretario general [entonces Jorge Pérez], se remite por fax solicitud de autorización al CSD para el cambio de sede de las Escuelas de Libia [donde la fundación iba a realizar un proyecto] a Malí (debido a la complicada situación del país). Posteriormente, por indicación del secretario general, se remite escrito similar con fecha 4 de julio de 2011”. El escrito continúa: “El 7 de diciembre se recibe autorización para el cambio de sede, fechada el 6 de julio de 2010 [en la autorización a la que se refiere se aprecia el intento de corregir a mano el número para anotar encima 2011], en respuesta a nuestro escrito de fecha de 4 de julio”.
Ambas solicitudes, tanto la fechada el 10 de noviembre como la que posteriormente se dató el 4 de julio, están firmadas por Jorge Pérez y dirigidas a Manuel Moreno, que en la fecha de los envíos, noviembre de 2011, era subdirector general adjunto de Infraestructuras Deportivas y Administración Económica del CSD.
Moreno señala que recuerda que se hizo el cambio de sede, pero asegura que él no manipuló la fecha de ninguna de las dos cartas. Por su parte, Jorge Pérez, niega que ordenara a Isabel Navas solicitar el cambio de sede y asegura que no tiene nada que ver con esos proyectos. Pérez, que firma el primer documento, asegura que todos los asuntos internacionales corrían a cargo de Villar.
Después de las dos cartas que solicitan el cambio de sede (fechadas en noviembre y en julio de 2011), la federación recibe una respuesta dirigida a Jorge Pérez y fechada el 6 de julio. La misiva está firmada por Alfonso Luengo. Su rúbrica aparece acompañada de las siglas P. O., y debajo se lee “director general de Infraestructuras”, cargo que no ocuparía hasta meses después, en octubre.
Luengo, que ya no trabaja en el CSD, admite que la firma del documento es la suya y recuerda que P. O. es la abreviatura de “por orden”. “Que aparezcan esas siglas confirman que yo hice esa firma ante la ausencia del cargo que debía firmarlo”, dice. Luengo agrega que no llegó a mantener ninguna conversación con Pérez sobre el cambio de sede.
Esa carta firmada por Luengo y remitida desde el CSD con fecha 6 de julio figura, sin embargo, en el registro de entrada de la federación con otra fecha: 7 de diciembre de 2011. La diferencia entre la fecha escrita y la registrada casa con el relato de la alteración hecho por Isabel Navas.
Registros de entrada
Cuando el 10 de noviembre la federación remite al CSD la primera versión de la carta firmada por Pérez, la máxima responsable del organismo gubernamental era Matilde García Duarte en calidad de directora general. García Duarte había quedado al cargo tras la renuncia en octubre de Albert Soler como secretario de Estado para el Deporte, que no fue reemplazado. El 20 de noviembre se celebraron elecciones generales.
García Duarte, que entró en la directiva de Villar en 2014 tras dos años de incompatibilidad por haber desempeñado un cargo público, también fue contactada por este periódico: “Yo ni ordené el cambio de fechas de la carta ni ordené que se firmara ninguna autorización de cambio de sede de los proyectos”. Cuando el 7 de diciembre el CSD comunicó la concesión del cambio de sede, García Duarte asegura que estaba de baja por maternidad.
Sin nadie que asuma la alteración de las fechas de las cartas y sin que se sepa quién la ordenó, los rastros de los documentos de entrada y de salida en el CSD atestiguan la implicación de funcionarios de este organismo. El fax de la primera solicitud de cambio de sede, fechada el 10 de noviembre de 2011, llegó al CSD ese mismo día a las 19.38, según su acuse de recibo. De la carta de la federación con igual contenido, pero con fecha 4 de julio, no hay registro de salida en la federación. Sí lo hay, en cambio, de entrada de la respuesta que autorizaba el cambio de Libia a Malí. Está datada el 6 de julio, pero en realidad se envió en diciembre de 2011.
Al proyecto de Malí se imputaron decenas de miles de euros en la deficiente justificación de gastos presentada por la federación. El cambio de sede se argumentó por la guerra civil iniciada en Libia en febrero de 2011. Sin embargo, el cambio no se solicitó hasta noviembre, poco más de un mes antes de que finalizara el plazo para realizar los proyectos.
Incluso con el posterior cambio de fechas, que data la solicitud el 4 julio, causa sorpresa la petición porque los proyectos deberían haberse ejecutado antes de 31 de agosto. La federación admite que se cambió a Malí porque ya había un proyecto iniciado allí por la Federación Andaluza de Fútbol, que funcionaba al menos desde 2009 según las facturas presentadas, un año antes de la concesión de la subvención.
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