Laporta intenta parar el pacto por Neymar

El Barça vuelve a verse involucrado en un contencioso judicial. Joan Laporta quiere detener el pacto que la actual junta alcanzó con la Fiscalía del Estado por el caso Neymar que exonera al expresidente Sandro Rosell y al actual presidente Josep Maria Bartomeu y obliga al club a pagar 5,5 millones de euros por delito fiscal. “El club es la parte perjudicada por la nefasta gestión de los directivos investigados”, esgrimió Laporta en su escrito que presentó el pasado 21 de junio en el Juzgado de Instrucción n.º 22 de Barcelona para personarse como acusación particular junto a nueve socios miembros de la pasada candidatura a las elecciones de 2015.

El abogado considera que una persona jurídica, el Barça en este caso, sólo puede ser condenada cuando no se puede dictaminar con claridad las personas físicas que han cometido el delito. Con las firmas de Rosell y Bartomeu en los contratos del brasileño, Laporta interpreta que el club debería salir exculpado. “El imputado [Rosell] negoció con Neymar para contratarlo para el Barça, con Bartomeu como responsable del área deportiva”, añade. El escrito incide en diversos delitos de Hacienda Pública y de administración desleal por el coste del fichaje, superior a los 57 millones que se anunciaron a su llegada en 2013.

Desde el grupo de socios niegan que la acción tenga otros fines: “Esta acción no tiene la voluntad de querellarse contra Bartomeu o Rosell, sino de mostrar la disconformidad con el proceso. Es un error que el Barça esté condenado, y la decisión es indigna. Desde la junta siempre confirmaron que todo se había realizado correctamente, por lo que no deberían estar preocupados”.

Si el juez admite a trámite el escrito, tan solo un acuerdo unánime entre el club, la Fiscalía y la acusación podría confirmar el pacto, algo impensable a nivel práctico. En caso contrario, Laporta dispondría de un recurso que podría detener de forma cautelar el acuerdo.

No es la primera vez que el expresidente y la actual junta se ven envueltos en procesos judiciales. La directiva de Rosell acordó en su primera asamblea, en octubre de 2010, iniciar una acción de responsabilidad civil contra la junta de Laporta y reclamar el equivalente a las pérdidas generadas durante su mandato. A pesar de que en 2014 se desestimó la demanda, un recurso de la junta de Bartomeu mantiene el proceso a disposición judicial.