Bruselas investiga el rescate fiscal de Osasuna

Los grupos proponentes de la Ley Foral de Restructuración de la deuda del CA Osasuna, UPN, PSN y PP, insistieron durante el debate de la ley, el pasado 27 de noviembre, que de no aprobarse esa renegociación, el club desaparecería. Dos semanas después de su aprobación, la norma de la que depende el futuro del club se encuentra bajo vigilancia europea. Los servicios jurídicos del Parlamento navarro tienen 20 días para responder al requerimiento de información enviado por la Comisión Europea, tras una denuncia por posible ayuda de Estado. La denuncia se presentó el 6 de noviembre pasado, 21 días antes de aprobarse la ley, de forma anónima.

Con el descenso a Segunda, el pasado mes de junio afloró la situación real de la deuda que Osasuna ha ido acumulando con la Hacienda Foral durante la última década, con Patxi Izco y Miguel Archanco en la presidencia del club y Miguel Sanz y Yolanda Barcina, ambos de la regionalista UPN, en el gobierno. La administración navarra es el principal acreedor del club rojillo, con 53 millones de euros de deuda, de los 72 que se contabilizaron cuando la nueva gestora del club hizo balance, tras la atropellada salida de Archanco en junio.

Con el descenso a Segunda en junio, afloró la deuda que Osasuna ha ido acumulando con la Hacienda Foral durante la última década

La gestora propuso a la administración navarra un plan de pago de la deuda que incluía la entrega de todo su patrimonio inmobiliario; las instalaciones de Tajonar y el estadio de El Sadar, que una tasación propia cifra en 43 millones. La propuesta añade el pago en 30 años del resto de su deuda, unos 10 millones. El ejecutivo foral, que se encuentra en minoría, optó porque fuera el Parlamento el que, en forma de ley, aprobase ese plan de restructuración fiscal, que el denunciante anónimo en Bruselas considera "una ley a medida" para el rescate del club.

Entre sus argumentos para defender que se trata de una ayuda de Estado está el alto precio en el que se tasan las instalaciones, muy por encima de un valor real de mercado, a su juicio, y las condiciones en las que ese mismo patrimonio seguirá a disposición de Osasuna. La dación en pago incluye que el gobierno cederá en uso El Sadar al club de forma gratuita y alquilará por un periodo de 30 años las instalaciones de Tajonar por 75.000 euros anuales al club. La denuncia ante la Comisión Europea se pregunta además por qué, si ese patrimonio está tasado en 43 millones, no es Osasuna quien lo vende y aporta el dinero a la Hacienda Foral. Tanto el anónimo denunciante, como los partidos que rechazaron la ley (EH Bildu, IE y Geroa Bai) critican que la administración adquiera un patrimonio que la propia ley recoge que no se podrá dedicar a otra cosa que no sea su uso por parte de Osasuna. De hecho, al día siguiente de su aprobación, la Federación Navarra de Rugby solicitó la cesión de uno de los 8 campos de Tajonar ante la ausencia de unas instalaciones para ese deporte en el área de la capital. La respuesta del gobierno foral fue negativa. "El arrendado, según la ley, es Osasuna", respondió el consejero de Deporte, Iñigo Alli, en una pregunta parlamentaria, tachando la propuesta de "oportunista". Hoy, sobre la denuncia en Bruselas, Alli señalaba que los técnicos de la administración foral "han hecho su trabajo" y por tanto "quedará en agua de borrajas".

La administración navarra es el principal acreedor del club rojillo, con 53 millones de euros de deuda de los 72 contabilizados

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comptos, el tribunal de cuentas navarro, anunció ayer que concluirán antes de marzo próximo la auditoría sobre la deuda fiscal de Osasuna. Arrojará así luz sobre el porqué el club acumuló semejante deuda fiscal en 10 años. Hasta ahora, la única respuesta que ha dado el club fue por parte de su ya exgerente, Ángel Vizcay, que señaló que la administración de Miguel Sanz le dijo "que no se preocuparan" por la deuda fiscal y pagaran las fichas de los jugadores, durante las temporadas en las que el club disputó competiciones europeas.

El pasado mes de agosto, la LFP descendió administrativamente al Real Murcia a Segunda B después de que la Agencia Tributaria estatal se negara a aplazar una deuda de 14 millones del club granota.