Interior destituye a los coordinadores de seguridad de Deportivo y Atlético

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha ordenado el relevo de los dos agentes de policía que coordinaban la seguridad del Deportivo de La Coruña y el Atlético de Madrid, los responsables de recabar la información sobre el riesgo del partido que derivó en una pelea de 200 personas a la orilla del Manzanares y en la muerte del ultra coruñés Francisco Javier Romero Taboada.

Interior acusa al Dépor de no facilitar información "detallada" de los ultras desplazados

Durante una larga comparecencia (de más de cuatro horas) en la comisión de Interior del Congreso, el número dos del ministerio, defendió que los únicos culpables de la reyerta son “quienes participaron en una riña multitudinaria con ánimo de provocar daños físicos y destrozos desde el fanatismo radical”. Y defendió la actuación policial esa mañana del domingo 30 de noviembre: aseguró que la primera patrulla llegó a la zona dos minutos después de que varias llamadas alertasen a los teléfonos de emergencias de la pelea. Martínez no detalló cuánto tiempo pasó en el agua el miembro de Riazor Blues —según el cronograma de los bomberos de Madrid fueron 16 minutos— que murió en la reyerta. Y preguntado sobre la evolución de las pesquisas para detener a los asesinos que lo tiraron al río desde cinco metros de altura, invocó el secreto de sumario. La mayoría de interpelaciones de la oposición fueron para preguntar —cuando no censurar directamente— por qué no se previeron los enfrentamientos entre ambos grupos violentos.

Martínez leyó textualmente la información recabada por el coordinador de seguridad del Deportivo, un inspector de policía adscrito a la Delegación del Gobierno de Galicia: “Hablado con el jefe de seguridad del Deportivo me dice que parece que pueden viajar unos 50 integrantes. Por el horario del partido lo normal es que viajen la mañana del mismo domingo”.

Esa comunicación del Deportivo aseguraba que no podía certificar el desplazamiento porque los ultras suelen contratar autobuses fuera de A Coruña y no había constancia de que dispusiesen de entradas. Según Interior, el club “no transmitió información detallada y completa, y sin información precisa la policía no puede trabajar”.

El Ministerio ha avanzado medidas para que nadie sea indulgente

Por eso, admitió el secretario de Estado de Seguridad, la comisión Antiviolencia ni siquiera trató el supuesto riesgo del Atlético-Deportivo al examinar la jornada de Liga. La víspera del partido, la brigada de información de la Policía Nacional en A Coruña avisó al mismo departamento de Madrid, según fuentes ministeriales, de que los ultras se habían hecho con 10 localidades. Acabaron viajando 50 para enfrentarse a sus enemigos del Frente Atlético en una reyerta que originó 15 heridos y 21 personas detenidas. Martínez alegó que la inexistencia de altercados entre ambas aficiones en los últimos años motivó que el partido no fuera calificado de alto riesgo, lo que obligaría a acompañar a los autobuses de ultras visitantes desde 30 kilómetros antes de llegar a Madrid y evitar que se cruzasen con los radicales del Frente Atlético. El número dos de Interior se comprometió a establecer un protocolo más completo para evaluar el riesgo de los enfrentamientos futbolísticos y anunció controles antidrogas en el acceso a las gradas más conflictivas.

Cuando la oposición acusó al secretario de Estado de sacrificar a dos funcionarios policiales para evitar el cese de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, —que reclama el PSOE— Martínez explicó que no atribuye responsabilidad en los hechos a los coordinadores de seguridad destituidos, sino que “es bueno que después de un tiempo esos cometidos los desempeñen otras personas”. Fuentes del ministerio aseguraron después que esos cargos también rotarán en otros equipos. Los socialistas pidieron la cabeza del del Jefe Superior de Policía en Madrid, Alfonso Fernández Díaz, y también de Cifuentes. Izquierda Plural reclamó también “depurar responsabilidades más arriba” de los coordinadores de seguridad.

Partidos minoritarios como Amaiur y el BNG denunciaron supuestas complicidades entre la policía y los grupos nazis que operan en el fondo del Calderón y pidieron “no equiparar a las víctimas con sus verdugos” y detener a los “responsables de un asesinato”.