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División de opiniones jurídicas sobre la ILP taurina

Empiezan las comparecencias de expertos en el Congreso para valorar si los toros tienen que ser Bien de Interés Cultural

David Mora en su segundo toro, en la feria de San Fermín. Ampliar foto
David Mora en su segundo toro, en la feria de San Fermín.

¿Forma parte la fiesta de los toros del patrimonio cultural español? ¿Tiene el Estado capacidad para declarar la tauromaquia como Bien de Interés Cultural? ¿Podría suponer la aprobación de la nueva ley una cascada de recursos de inconstitucionalidad por parte de las Comunidades Autonómas, que tienen competencias exclusivas en materia taurina y espectáculos públicos?

Estas tres cuestiones han centrado en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados la primera sesión de las comparecencias de expertos propuestos por los distintos grupos parlamentarios sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretende declarar la fiesta de los toros como Bien de Interés Cultural (BIC).

Dos catedráticos de Derecho Administrativo y un tercero de Derecho del Medio Ambiente han dejado claro ante los diputados que la ILP plantea un complejo problema jurídico sobre la posibilidad de que el Estado establezca la fiesta de los toros como BIC, cuando son las CCAA las que cuentan con competencias exclusivas en esta materia.

Tomás Ramón Fernández, experto en Derecho Administrativo y compareciente a propuesta del Grupo Popular, hizo hincapié en que la fiesta de los toros forma parte del patrimonio cultural español, y afirmó que "el Parlamento está en deuda con la tauromaquia porque es un elemento importante de la vida española, que ha hecho felices a muchos ciudadanos, y que nunca se preocupó de ella más que establecer potestades sancionadoras".

Cree, asimismo, que el Estado debe conservar y promover los toros, "que solo se acabarán cuando los ciudadanos dejen de ir a las plazas". Añadió a preguntas del representante del Grupo Mixto que "en modo alguno se puede considerar un disparate jurídico la declaración de la fiesta de los toros como BIC porque no hay terreno vedado para el legislador, porque el legislador no puede prohibir las manifestaciones culturales".

Frente a Tomás Ramón Fernández, que se declaró aficionado a los toros desde su infancia, habló, a continuación Enrique Alonso García, Consejero de Estado y catedrático en Derecho del Medio Ambiente, quien comenzó su intervención con una afirmación tajante: "En el espectáculo taurino, el animal sufre y sufre mucho; distinto es que esta manifestación tenga otros beneficios". Y añadió: "Si la fiesta de los toros no estuviera subvencionada, desaparecería, como lo harían todas las manifestaciones culturales en un mercado libre".

Añadió que le molesta ser identificado como español por la fiesta de los toros, y aseguró que "una función esencial del Estado moderno es proteger a los animales".

De cualquier modo, añadió que la fiesta puede ser declarada BIC por ley "porque el legislador se puede saltar los procedimientos", aunque se pueden plantear de constitucionalidad.

Por último, intervino Enrique Argullol, experto en Derecho Administrativo y compareciente a propuesta de CiU, quien declaró que no es aficionado ni militante en contra, pero justificó la capacidad del Parlamento catalán para prohibir los espectáculos taurinos en Cataluña. Y añadió: "Todo lo que llamamos cultura no lo es en la misma proporción y, a veces, inciden otros aspectos que nada tienen que ver con la cultura". Aseguró que la tradición taurina no es uniforme y que el pluralismo es esencial.

Las comparecencias continúan esta tarde con las intervenciones de José Antonio Soriano, Luis María Gibert, María Vicenta Viquer y Carlos Núñez.

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