Una auditoría revela irregularidades en la creación de la red de teatros de la SGAE

A una semana de los comicios que elegirán a la nueva Junta Directiva y con una parte del sumario de la Operación Saga todavía secreto, la directiva saliente de la SGAE conoció ayer el resultado de un informe que promete irrumpir con fuerza en campaña: una auditoría encargada a Ernst&Young sobre la red de teatros Arteria, parte del escándalo que acabó con la salida de la entidad de Eduardo Teddy Bautista.

El megaproyecto inmobiliario en que el anterior presidente del Consejo de Dirección de la SGAE embarcó a la asociación supuso un desembolso de 250 millones de euros a la entidad de los que aún se deben 157 a los bancos. Un esfuerzo megalómano que implica el pago de créditos anualmente por valor de 20 millones y que se ha convertido en el principal problema que deberán afrontar quienes ganen las elecciones del próximo 26 abril. ¿Seguir con el proyecto? ¿Vender? El juez, a quien se entregará este documento, tendrá además que determinar si las irregularidades señaladas poseen alcance penal.

“La viabilidad del Proyecto Arteria no es clara. Por el contexto de crisis económica, la inversión voluminosa en proyectos de envergadura, las necesidades de recursos para acabar inversiones en curso, el alto grado de endeudamiento, el escaso retorno a corto plazo, la pérdida de valor de los inmuebles”. Esa es la conclusión del documento, que sentencia que lo que hizo Bautista con Arteria fue propiciar “una red de clientelismo y fidelidades personales”.

Llegados a este punto, caben únicamente dos caminos, según el informe: pedir mayores préstamos garantizados con el patrimonio de la SGAE, o desinvertir, aunque nada indica que se vaya a recuperar esa inversión. Según el documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, al poco de ser construidos la mayoría de inmuebles de la red ya ni siquiera valían lo mismo que se pagó por ellos.

Y eso en el caso de los que llegaron a construirse. Porque la auditoría también destaca el dinero invertido en cuatro proyectos fallidos (Boadilla, Zaragoza, Valencia y Madrid): 8,73 millones de euros a la basura. El informe dibuja un panorama de gasto sin control de un dinero que, como el del resto de proyectos, pertenecía a los socios y a los derechos que generan con sus obras.

La auditoría explica que Bautista tenía “capacidad para adquirir inmuebles por sí solo”. Para gestionar este patrimonio usó a dos personas cercanas: Emilio Cabrera y Ángel Quintanilla. Con el primero mantenía una “relación familiar”; era su primo. Como director de obras de Arteria, hacía las propuestas de compra por “delegación de Bautista” y Quintanilla, director técnico de Arteria y “asesor de Bautista en la localización de espacios y negociación con vendedores”.

Los arquitectos encargados de todas las obras, se dice en el informe, cobraron en total 18 millones de euros. Uno de ellos se encargó también de la reforma del domicilio de Bautista y el otro era el hijo de uno de los miembros de sus juntas directivas. Pero si “recurrentes” eran los arquitectos que hacían todas sus obras, no lo eran menos sus proveedores, a cuya cabeza se hallaba Cornic-Tanase, que facturó 14 millones.

La auditoría revela extraños entresijos en algunas de las inversiones. En el caso de la compra de los teatros Coliseum y Lope de Vega, en Madrid, Bautista utilizó tres valoraciones del mismo arquitecto, que iban de 73 a 116 millones. Hubo un “conflicto de intereses del notario otorgante con los vendedores”; “voluntarismo inusual del Banco de Valencia por la premura del tiempo y la influencia de la familia Soler”, dice el informe.

En lo que respecta a la inversión en el teatro Al-Andalus de Sevilla —un megaproyecto que se ha tragado ya 64,4 millones de euros y ha sido puesto a la venta sin acabar— se aprecia un desvío de casi 3,6 millones entre la tasación oficial de la obra realizada y el precio pagado. “Causa: gestión de Quintanilla”.

En las inversiones en Argentina, se resolvió el contrato del arquitecto por “la toma unilateral de decisiones, la deficiente información suministrada sobre las contingencias de la obra, el incumplimiento de las obligaciones de supervisión del proceso de construcción y el reiterado retraso en sus obligaciones”.