Los trabajadores del Distrito Cultural de Abu Dabi serán protegidos por un auditor tras las denuncias de esclavismo

Tras la amenaza de boicoteo de decenas de artistas contra el Museo Guggenheim y la denuncia de la organización Human Rights Watch sobre el abuso sufrido por los trabajadores que construyen en Abu Dabi el faraónico proyecto cultural y residencial impulsado entre otros por la Fundación Guggenheim, los Emiratos Árabes han tomado nota. Al menos oficialmente. La Compañía de Inversión, Turismo y Desarrollo de Abu Dabi (TDIC), responsable principal del desarrollo urbanístico de la isla de Saadiyat, acaba de nombrar a un auditor independiente para que controle el tratamiento que se les da a los más de 10.000 trabajadores que actualmente operan en la isla.

En este complejo se está construyendo una nueva franquicia del Museo Guggenheim, la primera pata en el extranjero del Louvre, un museo dedicado al arte árabe contemporáneo, un auditorio para espectáculos teatrales y musicales, un campus de la Universidad de Nueva York, miles de viviendas y múltiples hoteles de lujo. Y al menos en teoría, este mastodóntico proyecto, presupuestado en 27.000 millones de dólares (casi 19.000 millones de euros), tendrá que hacerse respetando los derechos de los obreros, como claman activistas y artistas, que en marzo amenazaron con no participar en ninguna actividad cultural relacionada con el Guggenheim a menos que el museo exigiera al TDIC que respetara los derechos de los trabajadores. La amenaza tuvo su efecto: PricewatershouseCoopers será desde ahora la empresa encargada de informar al TDIC "de todos los aspectos relacionados con la seguridad y el bienestar del trabajador, incluido si se les requisan los documentos, si se les contrata de forma ilegal, cuánto y cómo se les paga, medidas de seguridad y si residen y trabajan en buenas condiciones. Los resultados de las auditorías se harán públicos".

Esto es exactamente lo que dice el comunicado con el que Abu Dabi anunció ayer miércoles a bombo y platillo la decisión de contratar un auditor y así aplacar las iras de quienes han denunciado el trato esclavista y deshumanizado que reciben los miles de trabajadores a los que se ha contratado para hacer realidad el sueño de entre otros, Thomas Krens, quien fuera director de la Fundación Guggenheim durante veinte años y que renunció a su cargo precisamente para encargarse de supervisar el nacimiento del Distrito Cultural de Saadiyat.

El 'efecto Bilbao'

Sin duda el efecto Bilbao y el visionario Krens tuvieron mucho que ver en la decisión de los Emiratos Árabes de impulsar la creación de un distrito dedicado por entero a las artes y al que se han unido los nombres de algunos de los mejores arquitectos e instituciones culturales del planeta. Frank Gehry ha proyectado el Guggenheim, que será ocho veces más grande que su tocayo de Bilbao. Zaha Hadid está construyendo un auditorio y espacio teatral, Jean Nouvel está embarcado en la construcción del segundo Louvre del mundo y Norman Foster firmará el Zayed National Museum.

Con tal suma de talentos, Abu Dabi aspira a atraer hasta el desierto a millones de turistas cada año, a los que también amenizará con playas artificiales, hoteles, apartamentos de lujo y boutiques de primera. El proyecto tiene tales dimensiones que el TDIC calcula que en el 2012 Saadiyat tendrá que alojar a 20.000 trabajadores para poder llevarse a término en los plazos previstos -la primera inauguración se anuncia para 2013-. La mayoría de ellos son inmigrantes procedentes de India, Pakistán y Bangladesh que, según un informe de Human Rights Watch titulado irónicamente Saadiyat: la isla de la felicidad, han sido sistemáticamente sometidos no solo a maltratos y a salarios muy por debajo de lo que marcan incluso las leyes de Abu Dabi si no que a la mayoría se les ha obligado a pagar cifras descomunales por trabajar en la isla y se les ha retenido el pasaporte, impidiéndoles así abandonar el trabajo si éste no les satisfacía, entre otros muchos abusos.

Entre los 135 artistas que firmaron la amenaza de boicoteo en marzo estaban el español Antonio Muntadas, Martha Rosler, Tania Bruguera, Matt Mullican y Allan Sekula. Tantos ellos como Human Rights Watch aún tienen que pronunciarse respecto al nombramiento del auditor independiente, aunque esa era precisamente una de sus exigencias.