El comité del Archivo de Salamanca recomienda devolver a Cataluña los documentos de la guerra
El grupo de expertos considera "justas y legítimas" las razones que esgrime la Generalitat para el traslado de los documentos
El comité de expertos encargado de dar una solución al contencioso sobre la documentación de la Guerra Civil depositada en el Archivo estatal de Salamanca ha recomendado al Ministerio de Cultura el traslado a Cataluña de los documentos que reclama la Generalitat por considerar "justas y legítimas las razones que avalan la devolución de estos documentos" y porque este traslado no supone "ninguna merma en su conservación, descripción o accesibilidad". A esa decisión se ha llegado con el voto favorable de 14 de los 17 expertos que componen este grupo de trabajo. Los tres que se han abstenido son los designados por la Junta de Castilla y León, Julio Valdeón; el Ayuntamiento de Salamanca, Eugenio García Zarza, y la Universidad de esa ciudad, Antonio Morales Moya.
Tras una reunión de casi ocho horas, Federico Mayor Zaragoza, presidente del comité, ha dado por concluidos "los trabajos que le habían sido encomendados" y ha elevado sus conclusiones al Ministerio de Cultura, que ahora estudiará el dossier del comité de sabios como "pieza fundamental" de su decisión definitiva, que habrá de comunicar posteriormente al Congreso de los Diputados en cumplimiento de la proposición no de ley aprobada el pasado 18 de mayo, ha informado en una nota el departamento que dirige Carmen Calvo. En esa fecha, la Cámara Baja aprobó una proposición que instaba al Gobierno a negociar, antes de fin de año, una resolución para resolver este contencioso sobre la documentación catalana requisada durante la Guerra Civil.
Reparar un atropello
Mayor Zaragoza ha explicado que los dos principios que han guiado a los expertos para adoptar una solución han sido el derecho "a la reparación de un atropello" y la salvaguarda de los derechos de las víctimas de la represión política que hoy usan la documentación para fines de reparación. En caso de que el ministerio asuma finalmente como suyas las recomendaciones de la comisión, el Gobierno catalán pasará a ser titular del 2,5% de los documentos del Archivo General de la Guerra Civil. Además, otro 2,5% viajará a Cataluña, reclamado por otras instituciones y particulares.
No obstante, los expertos ponen como condición que las instituciones o particulares que recuperen documentos que les fueron incautados durante la Guerra Civil depositen copias auténticas en el Archivo General de Salamanca y garanticen la conservación y accesibilidad de los originales. Asimismo, y siempre que el ministerio asuma esta solución, sólo podrán alegar la devolución de algún documento las instituciones que ya existían en 1936.
El grupo de asesores, integrado por juristas, historiadores, archiveros y personalidades de reconocido prestigio, ha contado con la aprobación casi unánime de los miembros del patronato del Archivo General de la Guerra Civil Española y el apoyo de la Generalitat de Cataluña.
"Un regalo de Navidad"
La decisión del comité de expertos, que trata de dar solución a un problema planteado desde hace dos décadas y que ha venido enfrentando a las Comunidades de Cataluña y Castilla y León, ha despertado el entusiasmo en la primera y preocupación y duras críticas en la segunda. Así, para el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, es "positiva" y un "regalo de Navidad"; el conseller en cap, Josep Bargalló, la considera "histórica y enormemente positiva" y el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, espera que sea un "primer paso" para la devolución íntegra de los documentos expoliados tanto a las administraciones como a las entidades privadas. También el PP de Cataluña ve "lógica y de sentido común" la recomendación, según su portavoz en el Parlament, Francesc Vendrell.
En cambio, la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, ha anunciado a través de su vicepresidenta, María Jesús Ruiz, que recurrirá la salida de documentos del Archivo y ha advertido al presidente del Gobierno de que su comunidad se convierta en "moneda de cambio para pagar los intereses de Cataluña".
