La opositora de RTVE que destapó la filtración del examen de informador contestó a quien se la envió: “Es ilegal y hay que denunciarlo”

El escándalo de la filtración del examen escrito para las oposiciones al puesto de informador en RTVE se destapó gracias a una trabajadora interina que había encadenado varios contratos en la corporación y se presentaba a las pruebas para conseguir una plaza fija. La tarde antes de la convocatoria, recibió en un correo electrónico el documento Lobo. Allí estaban la mayor parte de las respuestas correctas del examen, cuya celebración estaba prevista la mañana siguiente en el campus madrileño de la Universidad Complutense en Somosaguas. Todo quedó suspendido oficialmente pocos minutos antes de la hora fijada el pasado 29 de septiembre, tras una larga reunión entre los miembros del tribunal. Decidieron paralizar el proceso por la filtración mientras miles de candidatos permanecían indignados en las inmediaciones del campus. El detonante que acabó impidiendo la celebración de una oposición amañada fue la respuesta que una candidata dio a quien le había enviado las respuestas la tarde anterior: “Es ilegal y hay que denunciarlo”.

EL PAÍS reconstruye a partir de las declaraciones ante la Policía y documentos judiciales la conversación entre la trabajadora interina que avisó del fraude a otros compañeros de la corporación y el secretario general de UGT-RTVE en Madrid, César Moreno, imputado en la instrucción abierta en un juzgado de Madrid. Junto a Moreno figura también como investigado por revelación de secretos en la fase de diligencias previas Julián Pérez Olmos, integrante del mismo sindicato. Pérez Olmos formó parte del tribunal de las oposiciones suspendidas y celebradas semanas más tarde. Su nombre aparecía en los metadatos del documento Lobo.

La candidata que destapó internamente el escándalo declaró ante la Policía semanas después de la suspensión del examen. Ante los agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial, dijo haberse afiliado al sindicato UGT años atrás. Una compañera se lo había recomendado y pensó que sería oportuno para estar informada sobre las convocatorias de oposiciones dada su situación de interinidad. A partir de entonces, comenzó a mantener comunicaciones con un interlocutor al que realizaba consultas sobre asuntos relacionados con los derechos laborales, permisos o vacaciones. Ese interlocutor es el secretario general de UGT-RTVE en Madrid, César Moreno.

A medida que se acercaba la fecha de las oposiciones, la aspirante consultó a Moreno dudas esporádicas sobre el proceso. La última pregunta al respecto que le hizo mediante WhatsApp tuvo lugar el 26 de septiembre, tres días antes de la celebración del examen y fecha en la que se reunía el tribunal de oposiciones para fijar las preguntas y respuestas de la prueba. Los aspirantes querían saber si el tribunal había terminado el proceso para dejar de estar al tanto de todos los asuntos de actualidad que podían formar parte del cuestionario hasta el mismo momento de confeccionarse. Una vez tuvo respuesta afirmativa, ella no volvió a contactar con él por WhatsApp.

Fue Moreno quien minutos antes de las 18 horas del 28 de septiembre, la tarde anterior al examen, preguntó a la opositora si podía darle una dirección personal de correo electrónico. Dos horas y varios minutos más tarde llegó a su bandeja de entrada un mensaje. En el asunto del mismo aparecía la palabra “Borrar”. Y el cuerpo del texto incluía unas breves instrucciones: “Contesta un máximo de 70 bien y falla 6 aproximadamente”. A continuación, se desarrolló una conversación entre ambos mediante WhatsApp.

Los mensajes de WhatsApp terminaron aquella noche minutos después de las 21 horas. La opositora habló con dos amigos. Ellos le propusieron entrar en contacto con una trabajadora de RTVE de confianza que podría tener acceso a personas relacionadas con el tribunal de oposiciones. La información llegó hasta Cristina Ónega, directora del Canal 24 Horas e integrante del tribunal que puso en conocimiento de la situación a otros miembros del mismo durante la noche. Desconocían a cuántas personas podría haberle llegado la filtración, pero habían constatado que al menos a una sí y avisó del fraude. A la mañana siguiente, tras una reunión que se prolongó durante cuatro horas, el tribunal de oposiciones —formado por cinco representantes de la empresa, otros tantos sindicales (dos de UGT, uno de CC OO, uno del SI y otro de USO) y una secretaria— tomó la decisión de suspender el examen.