La UE se apresta a rebajar aún más las condiciones para alcanzar sus objetivos climáticos de 2040

Salvar la cara y llegar a la próxima cumbre del clima de Belém (Brasil), la COP30, en noviembre con los deberes hechos puede obligar a Europa a socavar aún más sus ambiciones climáticas. Las presiones de varios Estados, entre ellos Francia e Italia, para rebajar todavía más la forma de cumplir con las nuevas obligaciones —ahora reclaman, entre otros, una cláusula de revisión total del objetivo de 2040 que países como España ven con suspicacia— están retrasando la formulación del texto final de la Ley Europea del Clima que debe hacer legalmente vinculante la reducción de las emisiones de efecto invernadero en un 90% para 2040 en relación con los niveles de 1990.

En la última cumbre de la UE, los jefes de Estado y de Gobierno dieron su visto bueno la semana pasada para que sus ministros de Medio Ambiente aprueben el martes que viene por fin la Ley Europea del Clima y, también, el denominado NDC, el plan fijando los objetivos climáticos hasta 2035 que la UE debería haber presentado en febrero a la ONU, pero que como muy tarde tiene que estar listo en Belém. El acuerdo político de la semana pasada debería haber allanado el terreno para la aprobación, el martes próximo en una cumbre medioambiental extraordinaria convocada precisamente con este objetivo, de una propuesta que lleva esperando su visto bueno desde julio y que cada vez más voces alertan de que no puede esperar más. Pero aunque nadie quiere hablar de un fracaso de las negociaciones, diversas fuentes admiten que estas están siendo muy duras y aún no se ha podido cerrar siquiera un texto final.

“Creemos que estamos cerca de llegar a un acuerdo, pero somos conscientes de que ahora nos encontramos en una situación delicada en lo que respecta a lo que se puede hacer con el texto de compromiso”, señala una portavoz de la presidencia danesa de turno de la UE sobre la situación. Frente a los intentos de algunos países por desacoplarlos, la apuesta de Copenhague, que ha hecho de la ambición climática una de las prioridades de su presidencia semestral europea, es mantener vinculados la aprobación de la Ley del Clima y del NDC, puesto que así se asegura que la normativa, que al final es lo que resultará legalmente vinculante, sale adelante. No hacerlo, coinciden tanto numerosas capitales como organizaciones medioambientales, supondría un duro revés a las pretensiones de estar en la vanguardia medioambiental mundial de la UE.

En vista de las objeciones que mantienen varios países que reclaman más flexibilidades aún, la última propuesta de compromiso de la presidencia danesa, que ha podido consultar EL PAÍS, incluye una cláusula de revisión incluso del objetivo mismo de 90% de reducción de emisiones que hasta ahora nadie se ha atrevido formalmente a tocar, pese a que ha habido algunas ideas al respecto. “Cualquier propuesta legislativa para revisar la Ley Europea sobre el Clima podría incluir la revisión del objetivo para 2040”, señala el texto de la nueva cláusula. Esta tendría carácter bianual. Fuentes diplomáticas indican que su existencia no implica necesariamente que cada dos años haya que revisar la ley y por ende los objetivos, sino que esto se realizaría solo en caso de que “fuera necesario”. Una aclaración que, sin embargo, no satisface a España, partidaria de dejar la propuesta legislativa tal como se presentó en julio, igual que otros países como Suecia, Finlandia o Países Bajos, si bien algunos estarían abiertos a algún tipo de compromiso, de acuerdo con las fuentes consultadas bajo condición de anonimato.

Otro de los puntos de fricción es la cantidad de “créditos internacionales de carbono de alta calidad” —la compra de derechos de emisiones fuera de la UE para compensar o complementar las reducciones comunitarias cuando un sector no logre cumplir con el objetivo fijado— que se podrán usar a partir de 2036. La propuesta original de la Comisión Europea fija un límite: las compensaciones solo podrán cubrir como máximo el equivalente al 3% de las emisiones netas de la UE en 1990. Pero tanto Francia como Italia ya han dejado claro que aspiran a que esta tasa se eleve como mínimo al 5%. Otros países, como Polonia —a la que Bruselas acaba de llevar ante la justicia europea por no presentar la versión definitiva de su estrategia a largo plazo para reducir las emisiones, que debía tener lista desde enero de 2020—, Eslovaquia o República Checa, pujan para que se llegue incluso al 10%.

Las negociaciones son tan difíciles en torno a este porcentaje que la idea es, señalan las fuentes, que se deje en manos de una “decisión política”, es decir, que sean los ministros quienes el martes decidan la cifra final. En el texto actual se mantiene el 3%, pero entre corchetes, lo que en lenguaje diplomático bruselense quiere decir que todavía no está fijada la cuota.

A estas “flexibilidades” incrementadas ya recogidas en el último texto legal negociado, Francia quiere incluir una concesión más: la creación de un “freno de emergencia” ligado a las capacidades de los sumideros de carbono. París, cuyo Gobierno está muy debilitado ante la pujanza de la extrema derecha climatoescéptica, presentó esta idea a última hora con el argumento de que la “incertidumbre” que rodea a la contribución de los sumideros de carbono al objetivo del 90%, y que estima en alrededor del 3%, requiere que la ley del clima incluya un “mecanismo de reducción de riesgos”.

Así, por una parte, Francia pide una cláusula de revisión “reforzada” para 2030 que permita “reevaluar” las absorciones actuales y previstas de los gases de efecto invernadero por los sumideros de carbono, así como las políticas y medidas previstas en estos sectores. Y además, pide ese freno de emergencia que permita reducir el objetivo neto para 2040 en hasta un 3% si las absorciones netas previstas resultaran insuficientes.

Los países que se oponen a estas nuevas “flexibilidades” argumentan que no harán más que provocar más incertidumbre aún entre un sector empresarial que necesita metas concretas y fijas para poder transformarse. Sus defensores subrayan que incluir estas cláusulas no significa que se tenga que hacer necesariamente uso de ellas ni que se ponga en duda el objetivo climático final del 90% que es, subrayan, lo que importa.