El ‘CSI’ de los incendios forestales en España: “Los fuegos se investigan como si fueran asesinatos”

Dos agentes del Seprona se bajan de un todoterreno en pleno bosque. Sacan un voluminoso maletín que dejan en el suelo. Dentro, imanes, botes, pinzas y hasta laca, elementos necesarios para encontrar pistas. Poco a poco, la escena se empieza a llenar de conos amarillos señalando cada prueba. Sin embargo, aquí no se busca un cadáver, sino las causas que provocaron un fuego. “Un incendio forestal se investiga como si fuera un asesinato”, señala Daniel Barturen, teniente del grupo de desertificación de la Unidad Central Operativa (Ucoma) de la Guardia Civil. Así funciona el grupo que se hace cargo de las investigaciones más complejas sobre fuegos en España —al igual que el CSI en la serie televisiva sobre crímenes— y realiza estimaciones de daños: en un fuego que calcinó 5.000 hectáreas en Granada en 2022, la factura asciende a 800 millones.

Cuando se produce un monstruo de fuego, lo primero es gestionar la emergencia y proteger a la población: cortes de carreteras, delimitación de áreas, evacuación de viviendas si es necesario. En los más grandes se monta un centro de mando y se nombra un responsable de la emergencia. Cuando esta persona considera que es seguro, arranca la investigación. En los casos más complejos (como los que afectan a parques naturales o queman muchas hectáreas) se suele requerir la ayuda de los especialistas de la Ucoma.

Ya de vuelta en Madrid —en la sede del Seprona—, Barturen explica su trabajo. “En un homicidio, tenemos la autopsia que nos dice si ha sido muerte natural o violenta. En los incendios pasa lo mismo, lo primero es determinar el área de inicio y buscar la posible causa, humana o natural”. ¿Cómo se hace? “Buscamos los vestigios que va dejando el fuego en su avance en función del viento, la pendiente y una serie de marcas que va haciendo en las rocas y en los árboles. Con eso sabemos hacia dónde avanzó el fuego, y vamos haciendo el camino contrario hasta encontrar el área de ignición. Y ahí tenemos que buscar indicadores de actividad que pudieron iniciar las llamas”.

A su lado, la sargento Gema Armero, del mismo grupo, abre el maletín: “Primero miramos las condiciones climáticas como temperatura, humedad. Luego, cada vez que encontramos una evidencia se marca con un testigo amarillo, se le pone el número y la escala métrica. Los botes sirven para tomar muestras, que recogemos con estas pinzas. La cuerda la usamos para marcar la zona”, dice. “El imán nos ayuda a encontrar posibles puntos mecánicos, como las esquirlas que pueden lanzar las vías del tren. Cuando hay restos de un artilugio incendiario, como un rollo de papel de periódico, la forma del fuego se queda pegada al papel, y usamos la laca para fijarlo y llevárnoslo como prueba”, añade.

Con este método, en los últimos años han participado en los incendios de Asturias (2023) —donde los más de 400 focos hacían muy difícil la investigación—, de Tenerife (2023), de Granada (2022) o de Galicia (2021 y 2022). “En el caso de Lugo y Ourense tuvimos que hacer una operación compleja para encontrar a los culpables, con seguimientos y un dispositivo de control similar al de una operación antidroga”, cuenta Barturen. “Descubrimos que era un grupo de amigos que se dedicaban a provocar incendios sin ninguna motivación concreta más que disfrutar con ello. Gracias a la operación, llegó un momento en el que sabíamos que iban a quemar y los pudimos pillar justo provocando un incendio”, prosigue.

En otro de los casos mencionados, el de Granada, que arrasó unas 5.000 hectáreas forestales en el municipio de Los Guájares, las pesquisas llevaron a detener el año pasado a un antiguo bombero forestal como presunto autor. “Tuvimos que colaborar con varias unidades del Seprona para lograrlo, pero al final pudimos situarlo sin dudas en área de ignición”, revela Armero. Para encontrar ese enclave, a veces se ayudan de las imágenes por satélite que ofrece el servicio europeo Copernicus, que muestran anomalías térmicas varias veces al día.

Daños al ecosistema

Este fuego muestra otra de las labores de la Guardia Civil: la realización de informes que estimen los daños de este tipo de catástrofes. Lo explica Alejandro Robles, de la Unidad Técnica de Investigación de la Ucoma: “Acudimos al lugar justo después de que termine el incendio, y luego un año después, para ver cómo se está recuperando la zona, si la vegetación vuelve a crecer, si los animales retornan…”. Evalúan dos grandes parámetros: por un lado, lo que ha costado la extinción del fuego y, por otro, los servicios ecosistémicos que se han perdido.

“Un bosque ayuda en la captura de carbono, previene frente a riadas, protege frente a la erosión, ayuda en la filtración de agua que regenera los acuíferos… Si se quema, la tierra va a los ríos y los enturbia, colmata los pantanos, genera mortalidad de peces y otros animales”, prosigue Robles. Gemma Prieto, de la misma unidad, tercia: “En el caso de Granada, evaluamos 21 servicios ecosistémicos (biodiversidad, producción de alimentos, caza y pesca, provisión de agua…), y comprobamos que al menos 18 tenían un alto valor ecológico. Basándonos en ello hicimos nuestro informe”.

El resultado es que el fuego provocó 235 millones de perjuicio en cuanto a valor de restauración (que incluye los medios de extinción y los de restauración del entorno) y otros 550 de servicios ecosistémicos que se han dejado de prestar. Robles apunta: “El valor de restauración es más sencillo, al final es ver cuánto cuesta la intervención de bomberos, aviones y Guardia Civil, así como los operarios para plantar árboles. En cambio, evaluar los servicios ecosistémicos es algo más novedoso, pero imprescindible para saber cuál es el verdadero daño ambiental que se ha producido”.

No siempre se encuentra un culpable. Según datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica, en lo que llevamos de 2024 se han producido más de 4.700 siniestros relacionados con llamas que han quemado 42.314 hectáreas de superficie forestal. El factor humano está detrás del 80% de los fuegos, ya sea de forma intencionada o por negligencia. Otro 5% se debe a causas naturales, fundamentalmente, por rayos. Y el 15% restante figura en las estadísticas como de origen desconocido.

Según datos del Ministerio del Interior, en el caso de los incendios intencionados, un factor importante son los intereses y conflictos ganaderos, aunque la categoría con más peso en las estadísticas es “otros”. En lo que respecta a accidentes y negligencias, destacan los fuegos provocados por las “líneas eléctricas” y los coches, y las “quemas agrícolas”.

“Las anomalías térmicas que detectan los satélites nos ayuda a ver dónde se repiten los fuegos año tras año, que suele ser por un uso tradicional del fuego. Sin embargo, con el cambio climático las condiciones han cambiado y lo que antes se hacía ahora genera un gran peligro. Así podemos hacer más esfuerzos preventivos en esa zona”, dice Armero. Barturen concluye: “Muchos fuegos en zonas aisladas de Asturias pasan desapercibidos. Las anomalías nos ayudan a detectar dónde se están produciendo más incendios y menos personas están siendo arrestadas. Creemos que la mayor prevención en este caso es que no haya sensación de impunidad para quienes queman”.

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