Las ayudas para permutar tierras en Doñana y reducir la presión sobre el espacio protegido estarán listas a final de año

Las bases que contienen los requisitos para que los agricultores del entorno natural de Doñana puedan permutar sus tierras a cambio de una contraprestación económica saldrán a consulta pública en el próximo trimestre. Ese es el plazo que baraja el Ministerio de Transición Ecológica, que se encuentra ahora negociando el contenido con las cooperativas y asociaciones agrícolas de la zona, como ha confirmado esta mañana su responsable y vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en Sevilla. Si se cumplen los trámites, la orden con esta subvención se publicaría antes de finalizar este año, indican fuentes del ministerio. Esta es la medida estrella del plan de 350 millones de euros que el Gobierno suscribió el pasado noviembre con la Junta de Andalucía y que fue clave para paralizar la ley de ampliación de regadíos en el enclave natural impulsada por el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno.

“Presentaremos las bases a información pública el próximo trimestre con una propuesta atractiva, solvente y que cumpla con todos los requisitos para el acompañamiento de los agricultores que se sumen y garantizar la viabilidad de Doñana”, ha señalado Ribera. De los 350 millones de euros de ese plan, 116 irán destinados a los agricultores que levanten sus cultivos en los 14 municipios del área de influencia del parque nacional. Cada empresario fresero que decida suprimir sus invernaderos, sean legales o ilegales, para “renaturalizarlos” recibirá a lo largo de una década 100.000 euros del Gobierno, que aporta el 70%; la Junta pone otro 20% y la Diputación de Huelva el 10% restante.

La administración andaluza está a la espera de conocer las bases de la convocatoria del Gobierno porque serán esas la que utilizará para convocar la parte que le corresponde adjudicar al Ejecutivo regional, según ha confirmado el portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, antes de entrar a la reunión donde la ministra ha oficializado con los 14 alcaldes del área de influencia del Parque Nacional de Doñana la ejecución de la primera actuaciones de conjunto que recoge ese plan. Se trata de la firma del protocolo para el reparto de 70 millones en subvenciones para ayudar a esos municipios a impulsar la diversificación de su actividad económica una vez que se acometa el proceso de reconversión para adaptarse a una nueva realidad en la que los frutos rojos dejarán de tener el mismo peso en la generación de ingresos y puestos de trabajo que en el pasado.

El protocolo que se ha firmado este lunes en Sevilla es el paso previo para aprobar el real decreto en el que se recogerán las asignaciones de las partidas entre los 14 municipios que luego se concretarán en convenios individuales con cada uno de ellos. Pero este reparto está envuelto en la polémica porque ha sido rechazado desde el primer momento por los regidores de Almonte, el independiente Francisco Bella, e Hinojos, la popular Joaquina del Valle —que ha enviado a su teniente de alcalde a la firma―, que reclaman más fondos para sus localidades, por ser las que tiene más superficie dentro del parque nacional. Aunque los dos han firmado el protocolo, Bella ya ha adelantado a este diario que recurrirá el decreto. “Firmamos el protocolo porque estamos de acuerdo con los principios, es una declaración de intenciones, pero no estamos en desacuerdo con los criterios del reparto”, ha explicado Bella a este diario antes de una reunión.

El alcalde de Almonte y el representante del de Hinojos han sido los únicos que no han posado en la foto de familia que se han hecho los demás con la ministra antes del acto de la firma del protocolo. Bella también ha cuestionado la celebración del acto que coincide con la activación del Plan Romero y con muchas de las romerías de las Hermandades que peregrinan a la aldea del Rocío —que dependen de la localidad almonteña―: “Lo que realmente me preocupa es que hoy se activa el Plan Romero, esto demuestra que el Gobierno no está al tanto de la vida en el territorio”. “No nos preocupa la oposición de algunos alcaldes. Todos tienen derecho a protestar, pero son fondos del propio ministerio”, ha explicado a este diario el alcalde de Bonares, el socialista Juan Antonio García, uno de los principales impulsores del acuerdo que se ha plasmado en el protocolo y que fue suscrito por 12 de los 14 alcaldes de la zona.

A diferencia del resto de subvenciones que incluye el plan para Doñana, que son en régimen de concurrencia competitiva, los 70 millones en ayudas para los Ayuntamientos se distribuyen en función de unos parámetros iguales para los 14 municipios distribuidos en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz —Almonte, Aznalcázar, Bollulos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Pilas, La Puebla del Río, Rociana, Sanlúcar de Barrameda y Villamanrique de la Condesa—. El protocolo que se ha firmado, después de un período de alegaciones previas, prevé un máximo de ocho millones de euros que recibiría Almonte; 5,9 Aznalcázar, Hinojos, La Puebla y Sanlúcar; 5,6 millones Moguer; y 4,1 el resto.

Estas partidas deberán ser destinadas a cinco líneas de intervención: ciclo del agua, eficiencia energética, movilidad sostenible, renaturalización de ciudades y proyectos vinculados a la sostenibilidad del territorio. Sigue vigente el compromiso de que el 50% de esos fondos se entregarán este mismo año y el resto en 2025, para que su ejecución total se produzca en 2027.

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