Bombas de CO₂ y daños al fondo marino: Bruselas y los ecologistas abogan por el fin de la pesca de arrastre en las áreas protegidas

“¿Qué pensaría la gente si se permitiera a una compañía talar los árboles al ras en un parque nacional?”, se pregunta Enric Sala, fundador de Pristine Seas —una iniciativa de National Geographic dedicada a la protección del medio ambiente— cuando habla de la pesca de arrastre de fondo que se sigue desarrollando en muchos de los espacios protegidos del mundo. La Comisión Europea y las principales organizaciones ecologistas han puesto en el punto de mira a esta técnica no selectiva de pesca, que consiste en arrastrar por el fondo redes lastradas. Esta semana los activistas han obtenido una victoria: Grecia ha anunciado que vetará esta técnica en toda sus áreas marinas protegidas en 2030 —en el caso de los parques nacionales esa prohibición se adelantará a 2026—.

Es el primer país europeo que anuncia este compromiso, y para defender la medida el Gobierno griego argumenta que esta práctica “es la mayor amenaza para los hábitats marinos”. Vetarla es “la medida más eficaz para la preservación de la biodiversidad marina, la restauración de los ecosistemas marinos y la promoción de prácticas pesqueras sostenibles”, ha explicado el Ejecutivo de este país durante la conferencia Our Ocean Conference, que se ha celebrado en Atenas esta semana.

“Es de sentido común”, dice Sala sobre la prohibición. “No tiene ningún sentido permitir la pesca industrial, y la más agresiva de ellas es la de arrastre de fondo, en las áreas protegidas”, añade este investigador que tiene varios trabajos publicados sobre el dióxido de carbono (CO₂) que se libera al remover los sedimentos de los fondos marinos. “Las redes aran el fondo del mar removiendo los sedimentos y liberando el CO₂; más de la mitad del que se libera acaba luego en la atmósfera del planeta”, añade Sala. Es decir, termina contribuyendo al sobrecalentamiento del planeta.

Pero esa es solo una cara de este problema medioambiental, la otra es la destrucción de hábitats marinos. Por eso, como ha explicado el Gobierno griego, en su caso “la prohibición de la pesca de arrastre de fondo en las zonas marinas protegidas aumentará significativamente la protección de muchas especies vulnerables, como la posidonia y los corales, así como de muchos ecosistemas bentónicos y hábitats vulnerables”.

No solo opina así Grecia, la Comisión Europea presentó hace poco más de un año un plan de acción de “protección y restauración de los ecosistemas marinos para una pesca sostenible y resiliente”. En ese documento resaltaba que “la pesca de arrastre de fondo” es “una de las actividades más extendidas y perjudiciales para el fondo marino y sus hábitats”. En su plan —en el que Bruselas también recalcaba que los océanos y sus sedimentos son un importante “sumidero de carbono”— se pedía a los Estados que “eliminen progresivamente la pesca de arrastre de fondo en todas las zonas marinas protegidas a más tardar en 2030″. Y todos los países debían presentar una hoja de ruta en ese sentido antes de abril de 2024.

“Muy pocos países han presentado esa hoja de ruta”, apunta Tatiana Nuño, de la organización Seas At Risk, que sigue desde Bruselas las políticas de protección del océano que aplica la UE. Nuño aplaude el anuncio de Grecia: “Está respondiendo a la llamada de la Comisión y abre el camino a que todos lo hagan”. Pero reconoce que en la mayoría de países están surgiendo problemas de coordinación entre los ministerios de medio ambiente —más proclives a seguir las recomendaciones de la Comisión para vetar la pesca de arrastre en las zonas protegidas— y los de pesca —más volcados en defender los intereses del sector—. Esos conflictos se acentúan en un contexto de “reacción contra las regulaciones ambientales” como el que se está viviendo en una parte de la UE y con unas elecciones europeas a la vuelta de la esquina, opina Nuño.

Esta activista añade que los mismos problemas de coordinación se están dando en España, donde el Ministerio para la Transición Ecológica trabaja en esa hoja de ruta mientras que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido en varias ocasiones la pesca de arrastre. El problema es que el plan de Bruselas de hace un año no imponía el veto a partir de 2030 a través de una norma, sino que instaba a los Estados a que sean ellos los que propongan las medidas que va a adoptar con ese horizonte. “La Comisión tiene ese objetivo para 2030, pero la prohibición no está en una ley”, resume Sala. Aunque lo que sí existe desde finales de los años noventa del siglo pasado es una directiva sobre espacios protegidos que obliga a los gobiernos a evitar los daños a la biodiversidad en estas áreas.

Esta semana las organizaciones Marine Conservation Society, Oceana y Seas At Risk han difundido un informe en el que se resalta que en el 90% de las áreas marinas protegidas de la UE se practica la pesca de arrastre de fondo. Las tres organizaciones piden a la UE que adopte medidas más duras contra los países que lo permiten. Según los cálculos de los técnicos de estas ONG, en los siete países europeos analizados se permitieron 4,4 millones de horas de pesca de arrastre de fondo aparente en las zonas marinas protegidas entre 2015 y 2023. Los Estados estudiados son Dinamarca, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Portugal, España y Suecia. Países Bajos es el país que acumula el mayor número de horas de pesca con arrastre de fondo, seguidos de Alemania, Dinamarca y España.

“Los resultados del análisis desvelan, de nuevo, la magnitud de la pesca de arrastre de fondo en España, que afecta negativamente al estado del océano y a los pescadores”, sostiene la científica marina de Oceana en Europa, Silvia García. “España sigue ignorando la normativa vigente permitiendo esta forma de pesca destructiva en áreas marinas protegidas. Si quiere cumplir sus objetivos de protección del mar para 2030, España debe prohibir la pesca de arrastre en enclaves protegidos de una vez por todas”.

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