La Fiscalía abre una nueva vía para perseguir penalmente la muerte de aves en tendidos eléctricos

Las colisiones y electrocuciones con tendidos eléctricos figuran entre las principales causas de muerte de aves en España. A medida que avanza la electrificación del país ligada al necesario impulso de las renovables para luchar contra el calentamiento global, este problema preocupa cada vez más a las organizaciones ecologistas. También, a los fiscales especializados en medio ambiente, que desde hace años intentan buscar una fórmula para que estos casos vayan más allá de la imposición de sanciones administrativas y escalen hasta la vía penal. La última reforma del Código Penal, de marzo del pasado año, puede abrir una importante puerta al ampliar los supuestos de maltrato más allá de los animales domésticos. Esta reforma permite perseguir por la vía penal las agresiones y muertes de cualquier vertebrado silvestre, como sería el caso de las aves que fallecen en los tendidos. “Nos da un margen importante”, interpreta Antonio Vercher, responsable del área de medio ambiente de la Fiscalía General del Estado.

Vercher ha remitido a la red de fiscales medioambientales de España un escrito, al que ha accedido EL PAÍS, en el que hace referencia a un nuevo artículo introducido en el Código Penal en el que se fijan penas de prisión de entre seis y 18 meses para aquellos que maltraten y acaben con la vida de cualquier animal vertebrado no doméstico. Además, también se prevé “la pena de inhabilitación especial de dos a cuatro años para el ejercicio de la profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales”.

“El problema de la electrocución y colisión de aves en los tendidos eléctricos es mundial, y en España se encuentra detrás del 48% de las muertes no naturales de avifauna”, señala David de la Bodega, responsable del programa legal de la ONG de ornitología SEO/BirdLife. Los datos proceden de un estudio realizado el año pasado por esta organización en el que analizaron 272.655 registros de ingresos en los centros de recuperación de fauna de las comunidades. Constataron que el problema afecta a 305 tipos diferentes de especies. “Y no es todo lo que sucede, porque muchos de los ejemplares muertos de ese modo no se detectan”, añade el experto. Para poner freno a esta sangría, los propietarios de estas infraestructuras deben aislar las conducciones eléctricas y los postes, además de señalizar los cables de forma que sean visibles para las aves.

De esa forma, se evitarían estas colisiones que hacen que las aves acaban en el suelo, heridas, incluso con alguna parte del cuerpo seccionada. “Puede ser que se electrocuten también en ese momento o que todavía estén con vida, pero mueren por las heridas o al quedar a merced de los depredadores”, señala De la Bodega. Cuando los ejemplares se posan en un cable no les ocurre nada, pero si entran en contacto con tierra (a través del poste) o tocan dos cables a la vez, se convierten en un conductor y se “genera un cortocircuito que les abrasa”, describe este experto.

En el escrito remitido a sus colegas, Vercher recuerda que en las últimas reuniones anuales que ha celebrado la red de fiscales de medio ambiente se advertía de que “la mortandad provocada por la interacción de las aves con los tendidos eléctricos aéreos de cables desnudos de alta tensión, sea por electrocución o por colisión, supone una grave amenaza para la conservación de especies de avifauna protegida y, por tanto, para la biodiversidad”. En la reunión de 2017, por ejemplo, ya se apuntaba a que “para afrontar esta amenaza”, además de emplear “la normativa administrativa de protección ambiental”, se podía explorar la vía penal. Pero ese camino ha sido infructuoso hasta ahora.

Vercher explica que “la única sentencia condenatoria dictada al respecto hasta el presente momento ha sido” una de noviembre de 2021 del Juzgado de lo Penal 3 de Madrid. “La sentencia en cuestión condena, de conformidad, a un particular, en su condición de administrador de un coto, y a una empresa, el propio coto, que era la titular de una línea eléctrica cuyas carencias estructurales determinaron la muerte por electrocución de un importante número de aves al chocar con la misma”, explica el escrito del fiscal coordinador de medio ambiente. Y la condena se produce porque no se habían acometido “cambios estructurales” para evitar esta mortandad de aves.

Esta sentencia de conformidad ha sido la excepción. “Es casi imposible que se condene”, admite Vercher. Hasta ahora la vía más empleada en las denuncias del ministerio público había sido la del artículo 326 bis del Código Penal, que hace referencia a la explotación de instalaciones peligrosas que tengan incidencia ambiental, o los artículos que se ocupan de las especies protegidas y los espacios protegidos. Ahora, la clave es el nuevo 340 bis, que hace referencia solo al maltrato y muerte de animales silvestres en general sin entrar en muchos detalles. “Estaríamos en condiciones de dirigir la investigación a determinar la veracidad del maltrato, o eventualmente a la realidad de la muerte, como suele suceder”, señala en su escrito Vercher sobre ese 340 bis. “De tal forma, se acabaría dejando en manos de la defensa la labor de demostrar lo que resultare procedente o correcto con relación a las cuestiones técnicas que han acabado incidiendo negativamente en la salud o integridad del animal”, añade. Esto supondría que los fiscales dejarían de tener que asumir “la carga probatoria”, como ocurría con el artículo 326 bis, “limitándose su labor, en principio, a rebatir lo planteado por la defensa”, interpreta Vercher.

Esta misma vía del nuevo artículo 340 bis es la que recomendó también Vercher, a través de otro escrito enviado en noviembre, para otro problema que afecta a las aves: las colisiones de los pájaros con las paredes acristaladas de las pistas de pádel.

Nuevo real decreto

SEO/BirdLife está preocupada por la posibilidad de que este tipo de procesos judiciales se eternice, “perpetuando así que tendidos eléctricos no corregidos sigan siendo una relevante causa de mortalidad en aves”. Por ello, pide al Gobierno que apruebe un nuevo real decreto sobre corrección de tendidos —considera que el vigente, que data de 2008, está obsoleto—. Silvia Lora, del departamento de especies de WWF, lamenta que con la actual normativa las compañías eléctricas no asumen el coste de las correcciones del cableado y la obligación del aislamiento de las instalaciones no se extiende a todo el territorio, sino a las zonas que las comunidades señalan como puntos negros. Algo que es imposible de determinar.

Cuando se localiza algún ave víctima de una electrocución se pone en conocimiento del Seprona o de los agentes forestales, para que se comunique a los propietarios y que adopten las medidas de prevención. “Lo coordinan en las comunidades autónomas de acuerdo con la Fiscalía de Medio Ambiente”, comenta De la Bodega. En caso de que las empresas no actúen sobre el tendido, se incurre en negligencia. A partir de ese momento, se abre la vía administrativa o la penal.

SEO/BirdLife está personada en dos procedimientos judiciales penales abiertos en Cataluña contra Endesa, donde se registró una mortalidad muy alta durante años sin que se adoptaran medidas para evitarla. En la comarca de Osona (Barcelona) se documentaron 255 casos de electrocución con torres eléctricas, entre ellos había 173 cigüeñas blancas, 12 buitres leonados, 7 águilas culebreras, además de 2 cernícalos y 3 búhos reales, entre otros. “A raíz de una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente se comprobó que era muy grave y se abrió el proceso por la muerte intencionada de fauna y la responsabilidad de las empresas”, señala De La Bodega.

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