Defendamos el Pacto Verde Europeo frente a la cruzada reaccionaria

Las derechas y extremas derechas de nuestro continente ya tienen su cruzada para las próximas elecciones europeas: derribar el Pacto Verde Europeo. No pasa una semana sin que los principales dirigentes de los partidos conservadores y de los partidos negacionistas ataquen con dedicación metodológica y vehemencia retórica el Green Deal, como chivo expiatorio de todos los problemas actuales.

En este sentido, las movilizaciones de los agricultores en Francia y toda Europa son un caso paradigmático. Ante una situación de policrisis (cambio climático, sequía, inflación, precio de la energía, etc.) que sumerge al sector en problemas estructurales, la derecha y la extrema derecha buscan capitalizar el descontento, culpando a las leyes verdes sobre pesticidas, reservas de biodiversidad o bienestar animal. Ni una palabra de la potente agroindustria, que destruye el clima y arruina las pequeñas explotaciones; silencio administrativo sobre la gran distribución, que deja con precios y sueldos ridículos a muchos agricultores; y mejor pasar de puntillas sobre los insostenibles tratados de libre comercio como el de Sudáfrica que inunda el mercado europeo de naranjas de “kilómetro 10.000″ o el de Canadá (el CETA), cuyo balance ambiental es altamente negativo seis años después de su entrada en vigor. Y cuando se habla de la Política Agraria Común (PAC) desde el populismo reaccionario, es para blindarla dentro de su marco productivista e injusto. Es decir, proteger a los poderosos, eludiendo sus responsabilidades en el malestar agrícola y el deterioro ecológico, y tumbar los pocos avances de la necesaria adaptación y transición ecológica justa del campo y del sistema alimentario.

Así lleva tiempo la derecha en el Parlamento Europeo, donde ha declarado la guerra a los proyectos legislativos verdes. Con la ayuda de la ultraderecha, cuya visión impregna profundamente su discurso, ha maniobrado —sin llegar a tumbarla, gracias a la gran movilización social y política— para vaciar de contenido la Ley de Restauración de la Naturaleza. Ha conseguido que la Eurocámara rechazara el texto que preveía la reducción a la mitad de los productos fitosanitarios para 2030, desprotegiendo la salud de los trabajadores del campo y de los consumidores. En el marco de la estrategia de “la granja a la mesa”, ha presionado con éxito para que no se regulara sobre protección animal o alimentación sostenible. Y, por supuesto, ha aplaudido hasta con las orejas cuando la Comisión Europea ha lavado la cara de verde al gas fósil o la energía nuclear o ha decidido renovar por 10 años el glifosato, a pesar de ser un herbicida potencialmente cancerígeno. O sea, dicho de otra manera: ante la crisis ecológica y sus consecuencias sociales, económicas y sanitarias para la gente, mejor apostar por el business as usual y dejar la gestión del diluvio a las futuras generaciones.

En España, la situación es también muy delicada. Si bien el 23 de julio paramos la embestida reaccionaria a nivel estatal, la cruzada contra la transición ecológica es una realidad donde gobiernan PP y Vox. Los acuerdos de gobiernos locales y autonómicos han dado de nuevo alas al negacionismo climático, eliminando carriles bici y poniendo palos en la rueda de las zonas de bajas emisiones. Y mientras que el consejero de Vox en Castilla y León asegura, sin pestañear, que “las políticas verdes” son las principales causas de los terribles incendios en nuestro país, su partido desmantela donde puede las políticas socioambientales al dictado de los lobbys agroindustriales y de la caza, pero en detrimento de las personas trabajadoras y las clases medias y populares.

Afortunadamente, el pacto entre PSOE y Sumar, dando luz a un gobierno progresista y verde, pone la transición ecológica y justa en el centro. Aunque no nos fiemos, porque la incoherencia climática está bien arraigada en el partido socialista. Mientras el presidente del Gobierno proclama —con razón— que “nos va la vida en el cambio climático”, acto seguido apoya el incomprensible aumento de capacidades del aeropuerto de Madrid, cuyo resultado será mayores emisiones de CO₂. Mientras tanto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, brinda con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por la ampliación del puerto de Valencia, reforzando a una multinacional suiza, en contra del empleo local y de la sostenibilidad de la Albufera. Este retardismo es una irresponsabilidad climática y social, que ya no nos podemos permitir a estas alturas del siglo XXI.

Así que, sin duda, nos jugamos mucho de cara a las elecciones europeas del 9 de junio. Está en juego la supervivencia política del Pacto Verde Europeo como palanca necesaria, aunque no suficiente, para la transición de nuestras economías hacia modelos más sostenibles y justos. Está en juego la próxima Política Agraria Común: o statu quo al servicio de una agroindustria desconectada del reto social y ecológico, o un cambio a favor de las y los que nos alimentan cuidando de la Tierra y de nuestra salud. Está en juego nuestra credibilidad climática: o renuncia a nuestros compromisos internacionales o reducción de nuestras emisiones para 2040 acorde con el Acuerdo de París y la ciencia, y de forma solidaria con la juventud. Y, más aún, libramos una batalla cultural por el sentido común entre una propuesta reaccionaria de libertad ecocida e insolidaria o una propuesta verde de comunidad basada en la justicia social y ecológica.

Lo negro y gris ganan terreno en todo el continente, pero esto no es inevitable. En las pasadas elecciones generales, hicimos posible una mayoría progresista no solo en España sino también en el Consejo Europeo. En las elecciones europeas, toca lograr igualmente en el Parlamento Europeo una mayoría justa y verde.

Florent Marcellesi es coportavoz de Verdes Equo y miembro de la ejecutiva de Sumar.

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