Una sentencia obliga a Alemania a presentar medidas inmediatas para reducir emisiones en el transporte y la edificación

Nuevo revés legal para el Gobierno alemán en cuestiones que tienen que ver con la protección del clima. Un tribunal ha dado la razón a dos asociaciones ecologistas al dictaminar que el Ejecutivo de Olaf Scholz está obligado a presentar programas de acción climática de emergencia, con medidas a corto plazo, para reducir las emisiones en dos de los sectores más relevantes para acotar los nocivos gases de efecto invernadero: el transporte y la edificación. Las organizaciones presentaron sendas demandas porque Berlín ha incumplido repetidamente sus objetivos de reducción de emisiones.

El tribunal administrativo superior de Berlín-Brandeburgo ha determinado este jueves que el Gobierno ha incumplido la Ley de acción por el clima, que estipula que si un sector no alcanza sus objetivos anuales de reducción de emisiones el ministerio responsable tiene que presentar planes con medidas inmediatas, que después debe aprobar el consejo de ministros en pleno. La norma alemana establece objetivos anuales para todos los sectores. Tienen que ser medidas que garanticen que los objetivos se alcanzarán en los años siguientes, en este caso de 2024 a 2030. El Consejo de expertos en cambio climático, que asesora al Ejecutivo, había confirmado previamente que unas propuestas que el Gobierno presentó en julio de 2022 son insuficientes para alcanzar esos objetivos futuros.

No es la primera vez que los tribunales fuerzan a Alemania a ponerse las pilas en cuestiones medioambientales. En 2021 fue el Constitucional el que dictó una sentencia que obligaba al Gobierno, entonces dirigido por la canciller Angela Merkel, a modificar sustancialmente la ley climática aprobada dos años antes. En aquella ocasión el Ejecutivo acogió positivamente la decisión, hasta el punto de que el portavoz de Merkel aseguró que la canciller se “alegraba” del fallo. La norma se modificó poco después para incluir las exigencias del Constitucional.

Con la sentencia conocida este jueves, que puede ser recurrida, el Ministerio de Economía y Clima ha reaccionado de manera muy distinta. El ministro, el verde Robert Habeck, ha asegurado que la “valorará” y decidirá si la recurre o no, según declaraciones recogidas por la cadena regional RBB. El fallo llega en plena cumbre del clima de Dubái, donde Berlín ha anunciado que hará una de las aportaciones más ambiciosas al nuevo fondo de pérdidas y daños aprobado en la sesión inaugural de la cita, con 100 millones de dólares.

El tribunal ha determinado que el programa que el Gobierno presentó hace unos meses para tratar de reconducir las excesivas emisiones de ambos sectores no es suficiente y que no cumple las obligaciones que marca la Ley de acción por el clima. Por eso exige nuevos planes con medidas claras y de aplicación inmediata.

La sentencia llega después de otra decisión judicial de gran calado que ha puesto en tela de juicio la forma en que el Gobierno de Scholz tenía previsto financiar las medidas de protección del clima y la descarbonización de la economía alemana. El fallo del Constitucional de hace unos días ha provocado una crisis presupuestaria que ha derivado en una profunda crisis política de consecuencias aún imprevisibles.

“Esta sentencia [en referencia a la conocida este jueves] supone un doble revés judicial para la protección del clima y una sonora bofetada al Gobierno alemán por su desastrosa política climática”, señaló Jürgen Resch, presidente de DUH (Deutsche Umwelthilfe), una de las organizaciones, junto con Amigos de la Tierra Alemania (BUND), que presentaron la demanda. La asociación exige al Ejecutivo que adopte inmediatamente medidas de emergencia como la imposición de límites de velocidad. Alemania es uno de los escasos países en el mundo donde todavía no hay limitación en las autopistas.

Antje von Broock, directora general de BUND, se mostró muy satisfecha: “El tribunal ha reforzado el apoyo a la protección del clima. El fracaso de la política climática del gobierno federal es ilegal”. Su organización, señaló en un comunicado, espera más ambición por parte de los ministerios federales. Además del límite de velocidad, exigen poner fin a las ventajas fiscales para el diésel y la aplicación de directrices claras para la modernización energética de los edificios. Estaba previsto financiar alguna de estas medidas con cargo a fondos extrapresupuestarios que ahora están congelados tras la demoledora sentencia del Tribunal Constitucional de hace unos días.

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