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Gobierno y Junta sellan el acuerdo que pone fin a casi dos años de controversia en Doñana

La norma de la derecha andaluza sobre regadíos junto a Doñana ha suscitado reacciones en contra de la Comisión Europea, la Unesco, el Gobierno, los ecologistas y 25 sociedades científicas

El presidente andaluz, Juanma Moreno y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante su visita este lunes a las Marismas del Rocío en el Parque Nacional de Doñana.Foto: Alejandro Ruesga

El Gobierno central y la Junta de Andalucía (PP) presentan este lunes los detalles de un acuerdo que pone fin a casi dos años de controversia en Doñana, desde que surgió la iniciativa autonómica para ampliar el regadío de fresas junto al espacio protegido. Con la biodiversidad en caída libre, un evidente deterioro ecológico y el acuífero sobreexplotado por la falta de lluvias y la agricultura intensiva, el proyecto legislativo resultaba difícil de entender para muchos: los expertos ambientales alertaron de que la propuesta iba exactamente en la dirección contraria a lo que necesitaba la reserva, ya que su elemento vertebrador, el agua, desaparecería aún con mayor velocidad.

La derecha andaluza (PP, Ciudadanos y Vox) presentó el 11 de enero de 2022 su proposición de ley para ampliar el regadío en 1.461 hectáreas. La intención era ofrecer un salvavidas a los empresarios freseros que regaban de manera ilegal por haber quedado fuera del plan de la fresa de 2014. Los agricultores infractores tenían encima a los agentes ambientales y a la Fiscalía, que actuaba también por la vía penal. Pero el cálculo para obtener apoyos políticos, en una comarca escorada a la izquierda, no salió como esperaban.

En tromba reaccionaron contra la iniciativa el Ministerio para la Transición Ecológica, la Comisión Europea, la Unesco, 25 sociedades científicas y 1.109 expertos de todo el mundo que pusieron el grito en el cielo al comprobar que el Gobierno regional no solo evitaba proteger los humedales del parque, en franca regresión, sino que además promovía una ley para acelerar su desaparición gracias a la agricultura intensiva.

Juanma Moreno y Teresa Ribera, durante la firma del acuerdo del protocolo del Parque Nacional de Doñana este lunes en Almonte, Huelva.
Juanma Moreno y Teresa Ribera, durante la firma del acuerdo del protocolo del Parque Nacional de Doñana este lunes en Almonte, Huelva.Alejandro Ruesga

El presidente Juan Manuel Moreno había anunciado dos años antes una revolución verde para Andalucía, sin grandes metas, pero que no casaba con una norma que contribuía a deteriorar Doñana. Cuando los organismos internacionales empezaron a señalarlo como responsable principal de que la reserva perdiera su valor como emblema ecológico de España y una de las joyas europeas, Moreno admitió en público “el desgaste” de su Gobierno, en marzo de 2022. La estrategia de la Junta era entonces criticar a todo el que osaba cargar contra la norma influenciado por lo que consideraba una “campaña de desinformación”. Los meses fueron pasando y la Junta comprobó que los científicos, Bruselas, París y Madrid se habían leído de principio a fin la proposición de ley y sabían que supondrían mayor presión sobre el parque, con sus aguas subterráneas ya muy deterioradas.

Moreno movió ficha y adelantó las elecciones andaluzas, previstas para el otoño del año pasado, al 19 de junio, por lo que la proposición de ley decayó al disolverse el Parlamento autonómico. La polémica amainó aunque la derecha había avisado de que repescaría la norma, a pesar de las alertas en contra de los organismos internacionales y la ciencia. Tras la desaparición de Ciudadanos en los comicios autonómicos de 2022, PP y Vox resucitaron en marzo de este año la proposición de ley para “la mejora de la ordenación de zonas agrícolas del Condado de Huelva”. Mientras, la prolongada sequía hacía estragos y durante el verano se secó por completo la mayor laguna permanente de Doñana, la de Santa Olalla, un hito que solo había ocurrido en 1995 y 1983 desde que hay registros.

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Los populares —con mayoría absoluta en el Parlamento autonómico— argumentaron que su nueva iniciativa estaba mejorada y no esquilmaría el acuífero porque el agua prometida a los agricultores siempre sería superficial y vendría del oeste onubense, una zona con mayores lluvias y reservas que la mayoría de la región, gracias a las obras hidráulicas previstas. La norma solo recogía una nueva calificación de los suelos —de secano y forestales— en regadío, pero no la concesión de agua para los invernaderos, ya que esta corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, perteneciente a Transición Ecológica. Por esta razón, el Gobierno había avisado a la Junta de que tan pronto como se aprobara, llevaría la iniciativa al Tribunal Constitucional por invasión de competencias, un factor más para ver su puesta en marcha como algo muy lejano, dados los tiempos jurídicos. Además, la mayoría de las críticas alertaba del “engaño” que suponía para los agricultores, ya que las reservas cada vez son menores por el cambio climático y al recalificar sus tierras se les hacía creer que tendrían agua en el futuro. Cuando lloviera. A pesar de que nadie sabe cuándo lloverá.

La norma de la derecha provocó incluso la guerra entre los agricultores del entorno de Doñana, habitualmente cohesionados. Los empresarios que tenían concesiones en regla, al ver que la tarta del agua, cada vez menor, iba a ser repartida entre más comensales, se opusieron a la norma de la derecha. Pero los populares y la ultraderecha ya no querían bajarse del burro.

Laguna de Santa Olalla en Parque Nacional de Doñana
La laguna de Santa Olalla en Doñana, en 2021. Paco Puentes

Tras el verano, la ley de PP y Vox pasó su último trámite parlamentario y estaba lista para aprobarse el 27 de septiembre. Los populares alegaron durante las sucesivas semanas distintas razones políticas para postergarla, hasta que finalmente el 3 de octubre la Junta suspendió la proposición de ley y dio marcha atrás al anunciar un posible acuerdo con el Gobierno para un plan social de 350 millones de euros. Ambas Administraciones han tardado casi dos meses en cerrar los flecos del acuerdo, y este lunes la norma será retirada. Sin embargo, la desaparición de esta amenaza no arregla el problema de fondo de Doñana que ya enunció el Tribunal de Justicia de la UE en su condena de 2021: mientras que no llueva a mansalva y durante meses y la agricultura intensiva y el turismo de Matalascañas sigan esquilmando el acuífero con permisos legales y sin ellos, los humedales tienen muy difícil subsistir y lograr que la biodiversidad se recupere en una reserva en estado crítico.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.
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