Entra en vigor la ley de bienestar animal, la norma que nace a medias

La ley de bienestar animal que entra en vigor este viernes es muy distinta del proyecto que se planteó al inicio de la pasada legislatura. Aquel primer anteproyecto incluía medidas como la esterilización obligatoria de todos los perros —salvo los de criadores—, la protección también de los canes de caza y la eliminación de la lista de razas potencialmente peligrosas, que se han quedado por el camino en medio de una bronca política considerable entre PSOE y Unidas Podemos, socios de Gobierno, que a punto estuvo de hacer caer el texto. Además, numerosos profesionales y colectivos criticaron aquella normativa e impulsaron enmiendas para modificar la ley, que se estrena a medias a falta de un reglamento que la desarrolle. “Me hubiera gustado que fuese más ambiciosa, pero estamos en la situación que estamos y todos los partidos quisieron aportar sus medidas. Hay que seguir trabajando para mejorarla en el futuro”, explica el director general de los Derechos de los Animales, Sergio García Torres.

La norma, considerada estratégica por el Ministerio de Derechos Sociales de Unidas Podemos, arrancó con un anteproyecto que salió a información pública en octubre de 2021. Ya entonces se vio que iba a generar grandes fricciones: recibió unas 6.000 alegaciones y soliviantó a cazadores, biólogos y veterinarios, entre otros sectores. La Real Federación Española de Caza (RFEC), la más crítica con la iniciativa, exigió la retirada del texto porque “imposibilitaría la caza”, generaría “inseguridad jurídica” y afectaría a “la cetrería y la caza con hurón, o con perro”. Desde la Dirección General de Derechos de los Animales, en cambio, respondieron que la actividad cinegética quedaba fuera de esta reglamentación; además, señalaron que el 80% de las alegaciones pedían más ambición, ya que dejaba fuera la tauromaquia —dependiente de Cultura— y los animales de producción —regulados por Agricultura—.

El enfrentamiento entre cazadores y animalistas fue subiendo de nivel. De hecho, la RFEC llegó a publicar un vídeo en el que aparecía la cara del director de Derechos de los Animales en la mirilla de un rifle. Unos meses después, en marzo de 2022, decenas de miles de cazadores realizaron una gran manifestación en Madrid para protestar contra la ley, entre otras reivindicaciones.

El PSOE entró en pánico ante la perspectiva de perder el voto rural en las elecciones locales y autonómicas de 2023 y, en septiembre de 2022, sorprendió con una moción que planteaba sacar de la norma a los perros de caza y a los de uso profesional, como el pastoreo. En medio de otras polémicas, como las rebajas de penas a violadores por la ley del solo sí es sí o la bronca por la ley trans, el partido mayoritario del Gobierno de coalición consideró irrenunciable esta modificación (apoyada por PP y Vox). El pulso se mantuvo durante seis meses entre acusaciones de una y otra parte, y a punto estuvo de hacer decaer la ley, pero al final Unidas Podemos tuvo que tragarse ese sapo para aprobar una de sus normas estrellas.

Los defensores de los animales consideran que esa renuncia deja desprotegidos precisamente a los perros más vulnerables. “Hay una discriminación de facto de algunos animales por la presión del lobby de la caza”, resume José Luis Macías, de la Asociación Española de Protectoras y Santuarios de Animales (Iberanimal). Estas entidades recogen cada año unos 20.000 perros de caza abandonados, según la Fundación Affinity. Manuel Gallardo, presidente de la RFEC, responde: “Todos los perros, incluidos los de caza, ya estaban protegidos por el Código Penal y por más de 80 normas entre legislación estatal y autonómica. Además, están identificados con una cartilla sanitaria y microchip. La ley animalista quiere acabar con el mundo rural y con la caza”. Es cierto que el maltrato ya estaba castigado por el Código Penal —modificado este año—, pero la norma va más allá y sanciona también conductas más leves, como un perro sin supervisión más de un día, que hasta ahora eran difíciles de sancionar.

Otras modificaciones

Aunque los perros de caza monopolizaron la polémica, no es el único cambio de calado en la norma. En sus inicios, contemplaba la castración obligatoria de canes y gatos, salvo aquellos cuyos dueños se inscribieran en un futuro registro estatal de criadores, como una forma de luchar con los casi 300.000 abandonos anuales de estos animales. Cazadores y la Real Sociedad Canina de España (RSCE) protestaron y, al final, esa imposición solo se mantiene para los felinos. En cualquier caso, se hace hincapié en que todos los animales —perros, gatos, pájaros, roedores, reptiles— deben estar registrados.

Otra idea que se quedó por el camino fue la derogación de la lista de perros potencialmente peligrosos, que en la actualidad incluye ocho razas —como pitbull, rottweiler y dogo argentino— que deben estar siempre con bozal y correa corta. “La ley quería sustituir esa lista, que es injusta, por un test de sociabilidad, porque lo peligroso no son las razas, sino individuos sin sociabilizar”, apunta José Miguel Doval, presidente de la RSCE. Se trata de una prueba de valoración para saber si los animales pueden comportarse en sociedad y con otros ejemplares. La ley sí ha cambiado el nombre de estos perros, que ahora pasan a llamarse de manejo especial, y deja abierta la puerta a que, cuando se apruebe el futuro reglamento, se pueda pasar un test para relajar las condiciones de su manejo.

La falta de ese reglamento, que al tener forma de decreto no puede aprobarse hasta que no haya nuevo Gobierno, hace que la normativa entre en vigor a medio gas. Para más adelante quedan, por tanto, futuras obligaciones que todavía no pueden aplicarse, como el seguro de responsabilidad civil para todos los perros —como ya ocurre en Madrid y el País Vasco—, un curso para todos los dueños de mascotas, y el registro de todos los animales —también pájaros y roedores— y criadores en varios registros estatales.

Otro problema ha sido la gran cantidad de bulos que se han vertido respecto a la norma. “La ley se ha visto perjudicada por un entorno político y mediático que no ha sido favorable, se ha tergiversado y se han vertido muchas mentiras sobre ella, y eso que algunos partidos que la criticaban han hecho lo mismo en sus leyes autonómicas”, señala Doval. Muchos de estos bulos tenían que ver con el futuro listado positivo, los animales que podrán comprarse y adoptarse en España. La frase “Adiós al hámster, la tortuga y el periquito” se extendió por televisiones y redes sociales. Aunque ese listado está por elaborar, la mayoría de los animales domésticos seguirán como hasta ahora: se dejan fuera los animales peligrosos o venenosos, mamíferos silvestres de más de cinco kilos y reptiles (excepto tortugas) de más de dos kilos, como grandes serpientes o iguanas.

En cuanto a las colonias felinas, ahora tienen que gestionarlas los ayuntamientos con el método CER (captura, esterilización y retorno), que supondrá capturar a esos felinos, identificarlos con microchip y volverlos a soltar. Los biólogos denunciaron que los gatos son un problema para la biodiversidad en algunos entornos, sobre todo en las islas, y más de 800 científicos firmaron una carta contra la norma en EL PAÍS. Por eso, ahora incorpora que los gatos capturados se puedan reubicar cuando supongan un problema para otras especies amenazadas.

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