El Tribunal de Cuentas de la UE advierte de que los objetivos climáticos y energéticos para 2030 están en riesgo

El ambicioso objetivo de la Unión Europea de reducir para 2030 un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto de 1990 está “en riesgo”. El Tribunal de Cuentas de la UE ha analizado los logros alcanzados hasta ahora, así como los planes y presupuestos lanzados para conseguir la prometida siguiente meta en menos de siete años —como paso previo a alcanzar la neutralidad climática en 2050— y sus conclusiones son preocupantes: los auditores dudan de las posibilidades de cumplir con los objetivos, dado que ven “pocos indicios” de que las acciones emprendidas para ello sean “suficientes”. Además, creen que falta “transparencia” en materia de financiación y en datos de implementación, lo que les lleva a “cuestionar” las promesas europeas de una mayor eficiencia climática y energética a partir de la próxima década.

“Hemos visto poco hasta ahora que nos convenza de que la ambición de 2030 se vaya a trasladar a una acción suficiente”, ha resumido Joëlle Elvinger, miembro del tribunal que dirigió la auditoría, en rueda de prensa desde Luxemburgo.

Para analizar si la UE podrá cumplir sus objetivos de 2030, los auditores se fijaron en la etapa inmediatamente anterior, el logro de los más modestos objetivos climáticos y energéticos para 2020: una reducción del 20% en gases de efecto invernadero, que el 20% de la energía de la UE sea renovable y un 20% de mejora en la eficiencia energética. Y sí, es cierto, reconoce el Tribunal de Cuentas, dichos objetivos se cumplieron, como anunció la Comisión el año pasado. Pero, y es el gran pero que argumentan los auditores, no lo hizo solo gracias a sus propias políticas climáticas y energéticas: “La Europa de los Veintisiete no habría alcanzado sus objetivos de eficiencia energética si no hubiera disminuido el consumo como consecuencia de la crisis financiera de 2009 y de la pandemia de covid-19″, señalan. Y la Comisión “no ha evaluado la medida en que este progreso se debía a las políticas y no a esos factores externos”, acotan en su informe. Por ello, según Elvinger, hasta hoy, “la Comisión solo tiene una idea parcial de qué áreas de acción fueron más efectivas” para lograr sus metas en 2020.

A ello se une, agregan, una “falta de transparencia” por parte de los Estados a la hora de aclarar cómo cumplieron con sus objetivos nacionales vinculantes con planes flexibles. De hecho, el informe señala a seis países —Bélgica, Irlanda, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Eslovenia— que “no alcanzaron su objetivo de cuota de energías renovables únicamente mediante sus propias acciones por el clima”, sino que “tuvieron que comprar cuotas a otros Estados miembros que superaron sus objetivos”. Francia ni siquiera había comprado aún en abril pasado las cuotas que le faltaban para alcanzar su objetivo, destaca el informe.

Todo ello, advierten, hace difícil evaluar el “coste real” de lograr los objetivos en el presupuesto de la UE, así como en los nacionales y del sector privado, de cara a la próxima meta de 2030.

“Necesitamos más transparencia con respecto al rendimiento de la UE y de sus Estados miembros en las acciones climáticas y energéticas”, subraya al respecto Elvinger. “La Comisión no tiene un panorama completo sobre las acciones exitosas y las menos exitosas de la UE” para lograr los objetivos de 2020 y, sobre todo, “no dispone de datos sobre el coste que el logro de los objetivos de la UE supone para el presupuesto de la UE, los presupuestos nacionales y el sector privado”, señala al respecto el informe. Y ello es un problema, continúa, dado que aunque se ha aumentado de 20 a 30% la parte dedicada a la acción por el clima en el presupuesto de la Unión para 2021-2027, sigue constituyendo “menos del 10% de la inversión total necesaria para alcanzar los objetivos de 2030″, que se calcula en un billón de euros anuales. La idea es que el 90% de la inversión restante proceda de la financiación nacional y privada, de ahí, para los auditores, la importancia de que haya transparencia en estas cuentas y cumplimiento de objetivos. Hay un posible problema de “falta de financiación” y los planes nacionales, que deberían ser el principal documento estratégico, “no proporcionan mucha información al respecto”, por lo que “no está claro de dónde va a venir el dinero ni cómo se van a suplir las lagunas” de financiación para cumplir los objetivos de 2030, señalan otras fuentes implicadas en la elaboración del informe.

A todo ello se añade un problema más, el del cómputo de las emisiones de gases de efecto invernadero de 2020 en la UE. En comparación con otros países o regiones industrializadas, los Veintisiete cumplieron de manera satisfactoria las reducciones de estos gases previstas en el plan para 2020. Pero —de nuevo un enorme pero— en este cómputo no estaban incluidas las emisiones derivadas del comercio, causadas por la fuga del carbono y que los auditores estiman, según estudios, que las incrementarían en un 8%, ni las procedentes de la aviación y el transporte marítimo internacional (que añadirían, respectivamente, otro 3,4% y un 3,6% al cómputo final).

“La UE quiere ser un líder global en la transición a la neutralidad climática”, recuerda Elvinger. Pero ello no es posible, señala el Tribunal de Cuentas, si no se cuenta todo lo que contamina.

De ahí que una de las principales recomendaciones que hacen los auditores a la Comisión es que se contabilicen todas las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la UE, “incluidas las emisiones incorporadas en el comercio y las procedentes de la aviación y el transporte marítimo internacionales”.

Asimismo, el Tribunal de Cuentas pide “mayor transparencia sobre el rendimiento de la UE y sus Estados miembros con respecto a la acción en materia de clima y energía” y que, finalmente, “apoye el compromiso de los Estados miembros de lograr los objetivos para 2030″.

El informe del Tribunal de Cuentas llega poco antes de que expire el plazo, a finales de este mes, para que los Estados miembros presenten sus borradores de planes de acción climática y energética hasta 2030. El proceso de evaluación por parte de la Comisión durará un año, hasta que en junio de 2024 los países envíen su propuesta final. Los auditores esperan que su informe pueda ayudar a “valorar” dichos planes. Un portavoz de la Comisión ha dicho que la institución “toma nota” de las advertencias del Tribunal de Cuentas, aunque sin comentar sus valoraciones. “Nuestra atención se centra ahora en implementar nuestra legislación climática y asegurarnos de que cumplimos los objetivos ambiciosos que hemos puesto para 2030 (...) Los Estados miembros tendrán que hacer realidad sobre el terreno la transición verde, y la actualización inminente de sus planes nacionales mostrará cómo lo planean hacer”, ha agregado. “Todavía hay tiempo para influir en la actualización de los planes nacionales en su versión final”, confía por su parte Elvinger.

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