El Gobierno considera “indecente” la propuesta de Madrid y Cataluña para rebajar la norma europea contra la contaminación

Un importante aunque poco publicitado debate recorre ahora Bruselas: el endurecimiento de las directivas de calidad del aire para que la normativa comunitaria se acerque a los límites de exposición a los principales contaminantes que recomienda como seguros la Organización Mundial de la Salud (OMS). El organismo, tras revisar la literatura científica generada en los últimos 15 años, decidió en septiembre de 2021 endurecer esos umbrales para las partículas en suspensión de menos de 2,5 micras de diámetro (PM₂,₅), las partículas de menos de 10 micras (PM₁₀), el ozono (O₃), el dióxido de nitrógeno (NO₂), el dióxido de azufre (SO₂) y el monóxido de carbono (CO). Y, tras ese posicionamiento, el pasado año, las instituciones europeas arrancaron el proceso para actualizar las directivas para tratar de acercarse a las recomendaciones de la OMS.

Pero el aumento de la ambición por luchar contra la polución del aire, un grave problema de salud, llegará cuando ya muchas ciudades y provincias tienen serios problemas para cumplir los límites actuales e incluso han sido condenadas y multadas por ello por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este contexto, ocho regiones europeas pertenecientes a cuatro Estados de la UE han fijado una posición común que pretende rebajar la propuesta de endurecimiento que ha puesto sobre la mesa la Comisión Europea. En concreto, según el documento al que ha accedido EL PAÍS, proponen que la nueva legislación contemple excepciones a su cumplimiento “para regiones específicas”. Estas ocho regiones abogan por “el desarrollo de límites ambiciosos pero realistas” y se han agrupado en la Iniciativa de Calidad del Aire de las Regiones (AIR, por sus siglas en inglés), que está encabezada por tres regiones del norte de Italia, pero de la que también forman parte la Comunidad de Madrid y Cataluña, unidas en este caso frente a la propuesta de la Comisión.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha considerado que se trata de una propuesta “indecente” que “pone en riesgo la vida de las personas”. “La salud de los ciudadanos está en juego”, ha añadido el departamento que dirige la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera. “No se pueden relajar las medidas encaminadas a reducir la contaminación”.

“La AIR se fundó en 2011 y representa a ocho regiones de cuatro Estados miembros de la Unión Europea. Estos son: Cataluña, Comunidad de Madrid, provincias holandesas, Emilia-Romaña, Lombardía, Piamonte, Estiria y Véneto”, apunta el escrito en el que este grupo de regiones fija su posición sobre la revisión de la directiva de la calidad del aire en curso. “Todas las regiones están densamente pobladas e industrializadas, y pertenecen a las regiones económicamente más competitivas de la Unión Europea. Todas las regiones AIR tienen un desafío con respecto a la calidad del aire debido a la gran cantidad de habitantes, la alta actividad económica y el tráfico”, se justifican. A continuación reconocen que “las concentraciones en todas” estas zonas “están muy por encima de las últimas recomendaciones de la OMS” y piden esas excepciones al cumplimiento de los nuevos límites.

Ese escrito está fechado el 18 de octubre de 2022 y se titula Documento de posición de la Iniciativa de Calidad del Aire de las Regiones (AIR) sobre la Revisión de la Política de Calidad del Aire 2022 de la Comisión Europea. Y fue el que se repartió el miércoles en la presentación de esta iniciativa en el Parlamento Europeo, en la que participaron tres regiones italianas pertenecientes a AIR y algunos miembros de la Eurocámara, según explica Francesco Forastiere, un reputado epidemiólogo italiano que se muestra muy preocupado con este posicionamiento y que asistió a ese acto en Bruselas.

Un buen número de especialistas, también en España, están en alerta por ese intento de rebajar la nueva directiva europea. En Italia, la postura de estas regiones del Valle del Po ha encendido ya las alarmas y medio centenar de científicos especializados en calidad del aire y en sus implicaciones para la salud han elaborado una carta abierta en la que advierten de las consecuencias de no combatir la contaminación y en la que se pide que “se ponga fin a esta oposición a la propuesta de la Comisión”. “Cualquier flexibilidad y derogación adicional en la aplicación de medidas, incluso radicales, si es necesario, para reducir las emisiones contaminantes, solo exacerba los daños a la salud de los ciudadanos, intensifica la crisis ambiental y aumenta de manera insostenible los costos de la atención médica (incluidas las pandemias) y los daños causados por eventos extremos como inundaciones, sequías y deslizamientos de tierra”, advierte esa carta abierta que han remitido a varias instituciones italianas. “El problema de la contaminación del aire en el valle del Po tiene un diagnóstico claro, las consecuencias y los costos de la inacción son bien conocidos y se han identificado soluciones. Es simplemente una cuestión de no perder más tiempo”, añade.

Uno de los políticos italianos que se han mostrado más combativos contra la propuesta de la Comisión Europea es el presidente de la Región de Lombardía, Attilio Fontana, de la Liga Norte. Esta semana, en unas declaraciones recogidas por la agencia de noticias italiana Ansa, cargó contra las medidas “absolutamente irracionales” contra la contaminación. Fontana es miembro del partido de extrema derecha Liga Norte, pero entre las regiones italianas agrupadas en AIR hay presidentes también de centroderecha y centroizquierda.

En la presentación del documento ayer en Bruselas, solo participaron tres regiones italianas y algunos europarlamentarios. Pero Forastiere detalla que los intervinientes dejaron claro que hablaban en representación de más regiones, entre las que están la Comunidad de Madrid y Cataluña. Se da la circunstancia de que en ambas comunidades autónomas —una gobernada por el PP y la otra por ERC— están las aglomeraciones urbanas más conflictivas desde el punto de vista de la contaminación de España.

Tras la publicación de esta información, la Generalitat ha enviado un comunicado en el que sostiene que no ha solicitado en ningún caso “rebajar umbrales”. Sin embargo, no se ha desmarcado del documento del grupo AIR y ha insistido en solicitar “posibles flexibilizaciones siempre y cuando exista un plan de calidad del aire aprobado”. De lo que sí se ha desmarcado es de las palabras del presidente de la Región de Lombardía en el Parlamento europeo. “No las compartimos”, sostiene la Generalitat. “Tanto es así que enviaremos una queja formal a la red y a la región de Lombardía pidiendo explicaciones al respecto y valorando dejar de formar parte de dicha entidad [en referencia a AIR] si las posiciones dejan de ser compartidas”.

Sobre su integración en la red AIR defiende que se adhirieron para compartir experiencias y conocimiento y hacer llegar propuestas a los distintos organismos europeos propuestas. En concreto con el Position Paper sobre la revisión de la directiva, defiende que AIR “cree que es necesario reformular el término ‘lo más breve posible’ vinculado con periodos de superación con un enfoque realista para cada situación y teniendo en cuenta el punto de partida”. También defiende que AIR apueste por “desarrollar límites ambiciosos pero realistas”. Una petición que “se incluyó para pedir flexibilidad en el cumplimiento de casos muy específicos, donde alcanzar los límites prevé medidas que necesitan un calendario más extenso que el previsto en la normativa”.

El Ministerio para la Transición Ecológica, por su parte, también ha recordado este jueves que “el cambio climático nos viene advirtiendo de que no hay ni tiempo ni excusas”, en referencia a esta propuesta. “El ministerio está luchando en Bruselas para que la normativa de calidad de aire sea mucho más exigente”, ha añadido este departamento.

Condena

De hecho, España fue condenada en diciembre del pasado año por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el incumplimiento sistemático de la norma comunitaria de calidad del aire en Madrid y el área metropolitana de Barcelona. En estas aglomeraciones —con alrededor de 7,5 millones de habitantes, más del 15% de los habitantes del país— se han superado reiteradamente desde 2010 los límites anuales de seguridad fijados por la UE para la exposición al dióxido de nitrógeno (NO₂), una sustancia nociva vinculada principalmente a los vehículos de combustión.

El tráfico es uno de los principales causantes de la contaminación del aire en las ciudades. Sin embargo, en el documento de posición de AIR se apunta reiteradamente a otros lugares y se pide a la Comisión que centre el foco de sus acciones en asuntos como la “biomasa”, la “contaminación transfronteriza”, las “condiciones meteorológicas”, “las emisiones de amoníaco de los procesos agrícolas...”.

“Es de suma importancia ofrecer a las autoridades locales y regionales tiempo suficiente para aplicar medidas adicionales”, pide AIR a la Comisión. “También deben tenerse en cuenta las condiciones geográficas y meteorológicas adversas. Por lo tanto, recomendamos que la opción de excepción para regiones específicas forme parte de la revisión de las actuales directivas sobre calidad del aire ambiente”, concluye el documento. En la carta abierta de los científicos italianos se carga contra la posición de estas regiones: “Solicitan valores límite de contaminantes menos estrictos que los propuestos por la Comisión Europea, una excepción temporal y un reparto de responsabilidades que no quieren asumir. En efecto, los gobernadores creen que las medidas de protección de la salud podrían constituir una amenaza para la economía y la industria”.

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