Redada en Alemania contra los activistas climáticos de Última Generación, que anuncian nuevas protestas

La Policía alemana ha llevado a cabo este miércoles redadas por todo el país contra miembros del grupo de protesta contra la crisis climática Letzte Generation (Última generación), a los que acusan de formar parte de una organización criminal. Unos 170 agentes han participado en los registros en 15 propiedades de siete Estados alemanes, entre ellos Baviera y Berlín, que se han saldado sin detenciones.

Los activistas de Letzte Generation han protagonizado en los últimos meses decenas de acciones de protesta en museos, aeropuertos y en las calles de ciudades como Berlín, donde han paralizado el tráfico al pegarse al asfalto en vías de entrada y salida.

Según la fiscalía general de Múnich, los registros se han producido a petición de la Oficina Estatal de Policía Criminal de Baviera (LKA), que está investigando de forma preliminar “numerosas denuncias penales recibidas de la población”, asegura en un comunicado. La investigación se dirige contra siete personas, miembros del grupo, de entre 22 y 38 años, a los que la fiscalía considera sospechosos de “formar o apoyar una organización criminal”.

Los siete activistas están acusados de crear una campaña de donaciones que reunió 1,4 millones de euros para financiar las futuras batallas legales del grupo. Iban a destinar ese dinero a continuar con sus protestas, que van desde arrojar sustancias a cuadros famosos hasta obstaculizar el tráfico en hora punta para llamar la atención sobre la crisis climática. La Policía también ha bloqueado las cuentas bancarias de la organización.

El grupo critica la falta de acción urgente del Gobierno alemán ante la emergencia climática. Entre sus reivindicaciones figura un límite de velocidad de 100 kilómetros por hora en las autopistas alemanas —Alemania es el único país europeo donde algunos tramos de autopista no tienen límite de velocidad— y la creación de un billete de 9 euros al mes para utilizar el transporte público.

Las acciones del grupo han provocado distintas reacciones entre los alemanes. Algunas de apoyo y comprensión pese a las molestias que han ocasionado; otras de rechazo. En algunos casos los automovilistas se han enfrentado a los activistas y les han retirado ellos mismos de la carretera de forma violenta. Letzte Generation empezó a hacerse conocido en Alemania justo antes de las últimas elecciones federales, en septiembre de 2021, cuando varios de sus activistas iniciaron una huelga de hambre y acamparon frente al Bundestag, el parlamento alemán, para pedir reuniones con los diputados.

La Policía de Baviera, donde gobierna un partido conservador y que va a celebrar elecciones en octubre, asegura en su comunicado que dos de los acusados también son sospechosos de haber intentado sabotear el oleoducto Trieste-Ingolstadt en abril de 2022. Uno de los registros se produjo en el apartamento del barrio de Kreuzberg (Berlín) de una de las portavoces de la organización, Carla Hinrichs, muy conocida en Alemania por sus apariciones en televisión.

Los activistas condenaron enérgicamente lo que calificaron de “represión” contra algunos de sus miembros y anunciaron que continuarán con sus acciones. En una conferencia de prensa, Aimée van Baalen, la portavoz de los activistas, llamó a todos los ciudadanos a participar en marchas de protesta en distintas ciudades alemanas la semana que viene. En algunas, como Berlín, se produjeron pequeñas concentraciones este mismo miércoles, horas después de las redadas. “Nos asustan, pero no debemos instalarnos en ese miedo”, dijo, y animó a la población a apoyarles.

La Policía también cerró la página web del grupo, aunque horas después reconoció haberse equivocado. En un primer momento, la página quedó redirigida a una web policial con un aviso en alemán y en inglés que decía: “¡Última Generación constituye una organización criminal de conformidad con el artículo 129 del Código Penal! (Atención: ¡Las donaciones a Última Generación, por lo tanto, constituyen un apoyo ilegal a una organización criminal!)”.

A preguntas de los medios de comunicación, un portavoz policial reconoció que se trata únicamente de una sospecha inicial. La televisión pública consultó a un abogado penalista, Mark Zöller, de la Universidad Ludwig-Maximilians de Múnich, que consideró que la redacción de esa nota fue “absolutamente inadmisible”.

Varias fiscalías habían estudiado antes las denuncias contra Letzte Generation, pero hasta ahora ninguna había considerado al grupo sospechoso de ser una organización criminal. De hecho la de Berlín determinó la semana pasada, después de estudiar las acciones del grupo, que no lo es. Los expertos dudan de que acciones como parar el tráfico en hora punta pueda tipificarse como delito. También el jefe de la Oficina para la Protección de la Constitución, los servicios secretos internos alemanes, Thomas Haldenwang, dijo a mediados de marzo que no consideraba que Letzte Generation fuera un grupo extremista, incluso si algunos de sus miembros pudieran cometer algún delito.

La operación contra los activistas ya ha despertado un debate con distintas interpretaciones jurídicas sobre los límites de la desobediencia civil y hay expertos que aseguran que debe entenderse en un contexto político. La ministra del Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser, defendió la redada: “La línea roja en el estado de derecho es muy clara: la protesta legítima siempre termina cuando se cometen delitos y se violan los derechos de los demás”, aseguró: “Si se traspasa esa línea roja, entonces la policía tiene que actuar.” Hace unos días el canciller, Olaf Scholz, calificó de “completamente locas” las acciones del grupo.

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