El Gobierno pedirá a Bruselas flexibilizar las ayudas agrícolas por la prolongada sequía, que afecta ya a muchas cosechas

El Ministerio de Agricultura va a pedir a la Comisión Europea medidas excepcionales para flexibilizar las normas de la Política Agraria Común (PAC), de las que dependen las ayudas europeas que cobran agricultores y ganaderos, debido a los efectos de la sequía prolongada en gran parte de España. Este es el principal anuncio realizado por el ministerio este miércoles tras la primera reunión en un año de la Mesa de la Sequía, en la que Gobierno, comunidades y asociaciones agrarias han analizado la situación ante la falta de lluvias. Cataluña, una de las regiones más afectadas, ha exigido al Ejecutivo que apruebe cuanto antes un decreto de sequía que incluya ayudas directas y beneficios fiscales para el sector primario, una petición compartida por las organizaciones agrarias. El departamento de Luis Planas ha explicado por su parte que prepara “un nuevo paquete de medidas de apoyo al sector”.

Planas remitirá una carta a Bruselas para plantear medidas de flexibilización o de carácter excepcional en la aplicación de las normas de la PAC para que agricultores y ganaderos no vean en riesgo su acceso a las ayudas. Por ejemplo, para optar a estas ayudas europeas hay que tener unas superficies de cultivo declaradas, un plan de producción y otros requisitos que son difíciles de cumplir en estas circunstancias. Aunque está por ver en qué se concretará, el sector pide también rebajar las exigencias ambientales en temas como rotación de cultivos o el abandono de superficies. Mientras, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) convocará una reunión con las comunidades para adoptar más medidas de apoyo.

Estas medidas han sabido a poco a las regiones más afectadas por la falta de agua. A la salida de la reunión, la consejera de Acción Climática de la Generalitat de Cataluña, Teresa Jordà, ha pedido al Gobierno que apruebe cuanto antes un decreto que incluya ayudas directas y beneficios fiscales para agricultores y ganaderos, así como trabajar para modernizar los regadíos. Jordà ha destacado que desde el Gobierno no se ha planteado “ninguna medida concreta” y que en esta cita, fundamentalmente, está “escuchando” a las partes afectadas por una situación que es especialmente “evidente” en las cuencas internas de Cataluña, igual que en el Segura, Guadiana y Guadalquivir, que son las que tienen “el semáforo rojo” de sequía.

Mientras, el PP de Andalucía ha exigido un pacto nacional por la sequía a través de su consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco. “Un tema tan sensible requiere de un pacto nacional, porque nos incumbe a todos, y exige una mayor participación”, ha explicado Pacheco desde Vejer de la Frontera. En cualquier caso, el abastecimiento de agua para consumo urbano está garantizado durante más de un año y medio, según ha explicado por su parte el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha descartado restricciones en zonas turísticas.

El ministerio, por su parte, destaca que se va a establecer un cauce de comunicación permanente mientras persista la falta de lluvias, que es “grave y generalizada”, aunque revela diferencias importantes en el territorio. En este sentido, destaca la afección a las cuencas del Guadalquivir, Guadiana y las interiores de Cataluña. El valor medio de las precipitaciones acumuladas desde el inicio del año hidrológico (1 de octubre de 2022) es un 23,5% inferior al valor normal. La situación no parece que vaya a cambiar en breve: la Agencia Estatal de Meteorología ha informado este miércoles de que este mes va camino de ser el abril más seco desde hace 70 años, y hay lugares como Teruel o La Mancha donde no ha caído una gota desde hace tres meses.

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, presentes en la reunión, han exigido tanto al Gobierno como a las autonomías que habiliten medidas “urgentes” de índole económica y legislativa para paliar los efectos de la sequía severa en el sector primario y creen que “ya no caben más análisis”, sino pasar a la acción. El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha insistido en que la situación “no está para diagnósticos” y ha lamentado que el ministro Luis Planas no haya asistido al encuentro al tratarse de un “problema acuciante”.

A estas alturas del año, se dan por perdidas las producciones de cereales en la mitad sur de la Península, así como en las tierras más al sur de Castilla y León, en parte de Aragón y Cataluña. Además, habrá una reducción de la producción de los cultivos leñosos, desde el olivar a los frutales, así como en la huerta de la costa mediterránea. La sequía obligará a plantar cultivos alternativos, como el girasol, en las zonas más afectadas. Mientras, la falta de agua en los embalses afectará a la remolacha y el maíz.

En lo que respecta a la ganadería, los problemas se centran en las cabañas extensivas desde la cornisa cantábrica, donde se han secado los prados, hasta las tierras del centro y sur, donde la falta de pastos está obligando al empleo de cereales a precios elevados en vacuno, ovino y en el porcino ibérico de dehesa.

300 millones en ayudas

Hasta el momento, la principal medida adoptada por el ministerio ha sido la distribución de 300 millones de euros entre unos 250.000 agricultores por el incremento de los precios de los fertilizantes, a razón de 20,82 euros por hectárea en las superficies de secano y de 52,06 euros si se trata de tierras de regadío. En cuanto a las medidas en estudio, se contempla la concesión de créditos a bajo interés, así como avales, todo ello con una subvención del ministerio.

En el cuarto trimestre de 2022, el endeudamiento del sector agrario se elevaba a 21.586 millones de euros, que suponían el 77% de la renta agraria. Desde el sector se reclama la reducción de los niveles impositivos a la hora de las declaraciones de la renta o en la modificación del IVA, tanto en el pagado en la compra de los medios de producción como en el percibido por la venta de los productos del campo. Además, en años anteriores se pusieron en marcha ayudas para apoyar a la cabaña extensiva ante sus necesidades alimenticias por la falta de pastos.

La última vez que se reunió la Mesa de la Sequía fue el 4 de marzo de 2022, y sirvió para aprobar más adelante un decreto ley con medidas de apoyo al sector agrario en el ámbito fiscal, laboral, financiero e hidráulico que implicaban a seis ministerios.

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