El Gobierno cierra la evaluación ambiental de 202 grandes proyectos de renovables: “Ahora tenemos en cartera otros 300”

Fue nombrada directora general de Calidad y Evaluación Ambiental para la Transición Ecológica hace apenas seis meses y esta ingeniera de Caminos ha tenido que ejercer de fontanera para desatascar el primer gran tapón administrativo provocado por la avalancha de proyectos renovables presentados en los últimos años. Anteriormente en el Gobierno de Castilla-La Mancha, Marta Gómez Palenque (Cuenca, 47 años) es en estos momentos la responsable del departamento estatal que evalúa el impacto ambiental de los grandes parques eólicos y fotovoltaicos propuestos de más de 50 megavatios (MW) para decidir cuáles pueden seguir adelante con la tramitación y cuáles no.

Pregunta. El Ministerio para la Transición Ecológica tenía 31 meses para evaluar una avalancha de expedientes de renovables (un expediente puede aglutinar varios proyectos). ¿Qué ha supuesto esto para su departamento?

Respuesta. No vamos a negar que el volumen al que nos hemos enfrentado nos ha desbordado, nos ha inquietado, pero ha sido un momento bonito de afrontar, porque te sientes parte de todo lo que está pasando, estás contribuyendo a esta necesidad de desplegar las renovables.

P. ¿Cuántos expedientes han sido finalmente evaluados y cuántos han obtenido una declaración de impacto ambiental positiva para seguir adelante con su construcción?

R. Han sido 202 los expedientes evaluados, de los que 154 han sido positivos, 36 negativos y 12 archivados.

P. ¿Queda pendiente de resolver algún expediente de los que tenían como fecha límite el 25 de enero?

R. No en la competencia del ministerio. Hay comunidades autónomas que han dicho públicamente que no han podido revisar todos los expedientes y todavía hay algunos proyectos de competencia autonómica, conectados a las redes de distribución, que pueden obtener la resolución después del 25 de enero, teniendo en cuenta la fecha en que aceptaron las condiciones técnicas y económicas de la conexión, según el criterio de la CNMC.

P. ¿Cuántos megavatios suponen los 154 expedientes evaluados de forma positiva por el Ministerio?

R. El volumen total gestionado por el ministerio ha sido de 35.879 megavatios (MW) y la evaluación ha resultado favorable para 27.943 MW, de los cuales la mayoría, 24.752 MW, corresponden a fotovoltaica, 2.897 MW a eólica y 294 MW a instalaciones híbridas. Pero esto no acaba con el hito del 25 de enero, hemos terminado de evaluar 202 expedientes y ahora tenemos en cartera otros 300, con previsión de que sigan entrando paquetes de entidad.

P. Con esos 24.752 megavatios de fotovoltaica, sumados a los más de 15.200 ya en servicio, se alcanzaría ya el actual objetivo de esta tecnología para 2030 sin contar con los parques gestionados por las comunidades autónomas. ¿Cómo cambia esto las metas de renovables previstas?

R. Una declaración de impacto ambiental positiva no es un pasaporte directo a la construcción. Todavía hay que conseguir autorizaciones administrativas, no solo del órgano sustantivo, de ayuntamientos, de confederaciones hidrográficas, de patrimonio cultural, de los patrimonios naturales de las comunidades autónomas... Al promotor todavía le queda mucho hasta que puede construir su proyecto. Dicho esto, también hay que tener en cuenta que la Comisión Europea y la Unión Europea están incrementando al alza todos los objetivos de renovables por la guerra de Ucrania, y España va a incrementar los suyos en consecuencia. Además, la meta es llegar a la neutralidad de emisiones de CO₂ para 2050 y cuanto ante se llegue mejor.

P. ¿Cuánta gente ha trabajado en la evaluación ambiental de estos proyectos en el ministerio?

R. En total seremos unas 50 personas en el equipo de evaluación ambiental. Nosotros no trabajamos solo en proyectos de energías renovables, también debemos evaluar planes, programas y otros proyectos. Lo que se ha hecho es planificar los equipos internos para que el 90% del personal de la subdirección General de Evaluación Ambiental pasara a evaluar energías renovables.

P. Estos son los proyectos eólicos y fotovoltaicos más grandes por encima de 50 megavatios que evalúa el ministerio. ¿Sabe qué ha ocurrido en las distintas comunidades autónomas con los proyectos más pequeños que debían resolver también para el 25 enero?

R. Hemos ido hablando con ellas a lo largo de todo el proceso y tenemos una reunión planificada para dentro de una o dos semanas, pero no sé los números finales.

P. Un 76% de los expedientes evaluados por su departamento han obtenido una declaración ambiental positiva. ¿Este porcentaje está por encima o por debajo de lo habitual?

R. Está dentro de lo habitual. Parece mucho, pero hay que tener en cuenta que normalmente los proyectos que obtienen una declaración positiva sufren modificaciones hasta que se minimiza el impacto ambiental detectado y se puede emitir la resolución. De hecho, podemos estar en un 75% de proyectos que han sufrido modificaciones. Ha habido proyectos eólicos de 30 aerogeneradores que hemos reducido a siete y fotovoltaicas con la superficie reducida a la mitad. La evaluación ambiental es un procedimiento técnico administrativo garantista que se alarga en el tiempo por estas idas y venidas. Por eso al final hemos resuelto en el último mes, porque hay que tener la certeza absoluta de que el proyecto puede salir.

P. ¿Qué piensa del rechazo contra los grandes proyectos renovables que está surgiendo en distintos territorios del país por su impacto en el entorno?

R. Aquí trabajamos con la máxima objetividad posible y se analizan los impactos ambientales de acuerdo a nuestra Ley de Evaluación Ambiental. Todas las declaraciones ambientales que han salido negativas es porque no estamos seguros de que no vayan a generar un impacto en el territorio, las que salen positivas podemos asegurar que no se va a producir.

P. ¿Pero estas instalaciones tampoco son inocuas?

R. Hay que tener un aspecto muy en cuenta, en los proyectos evaluados se ponen medidas correctoras, se ponen medidas compensatorias y se obliga a tener un plan de vigilancia ambiental durante la construcción y durante la explotación. Si en esas fases posteriores aparece algún impacto no previsto, el proyecto está sujeto a incorporar nuevas medidas que la comunidad autónoma y nosotros como órgano ambiental estatal fijemos. Esto quiere decir que hay una garantía de que el proyecto no va a producir impacto sobre el medio ambiente. Evidentemente, aquí entra también la subjetividad, pero nosotros evaluamos con la máxima objetividad posible y los impactos están muy estudiados.

P. ¿Se ha empezado a aplicar la nueva tramitación simplificada que exime de la evaluación ambiental a algunos proyectos?

R. Nosotros venimos aplicando una tramitación simplificada desde el real decreto 6/22, de marzo de 2022. España se adelantó a lo aprobado después en la UE por la situación coyuntural y la necesidad de acelerar la expansión de las renovables. Pero este procedimiento no quiere decir que no sea garantista. No exime al promotor de entregarnos un estudio de impacto ambiental, un anteproyecto y un resumen ejecutivo donde nos diga qué impactos se van a producir con su proyecto en el medio y cómo los va a paliar. Nosotros con esa información, con el bagaje que tenemos y con una consulta a las comunidades autónomas, determinamos si el proyecto puede seguir por esta vía del informe de determinación ambiental o lo mandamos a evaluación ambiental ordinaria.

P. Aparte de los 154 expedientes renovables que han obtenido una declaración ordinaria positiva, ¿cuántos proyectos han logrado pasar esta tramitación exprés sin declaración?

R. Hasta el momento, tanto considerando el hito del 25 de enero, como expedientes presentados posteriormente, se han recibido 128 solicitudes para tramitar con informe de determinación ambiental y han salido adelante 33 (1.891 megavatios fotovoltaicos y 135 megavatios eólicos). Del resto, 30 se han inadmitido, 35 han desistido, 18 se someterán a evaluación ordinaria y 12 aún están en análisis.

P. La nueva legislación aprobada ahora flexibiliza todavía más esa tramitación para los proyectos renovables. ¿Sigue pensando que el proceso es garantista?

R. No podemos olvidar el contexto actual, Europa nos pide un despliegue de energías renovables acelerado por la guerra de Ucrania y hemos pasado los últimos meses del año 2022 en un proceso de negociaciones que se ha plasmado en el reglamento 2022/2577. Este reglamento europeo en su artículo tres establece claramente que los proyectos de energías renovables, su construcción, su explotación y su conexión, son de interés público superior. Esto quiero decir que los procedimientos se pueden quedar relegados a la mínima expresión. El despliegue de renovables es una necesidad prioritaria para todos, pero España ha sido el único Estado miembro que ha reivindicado también asegurar el equilibrio ambiental, logrando incluir algunas de estas consideraciones en el reglamento. Lo que hemos hecho nosotros ha sido dar un poquito más vuelta de tuerca al real decreto 6/22 y sacar el real decreto 20/22 en el que sí que se han hecho más simplificaciones por el mandato europeo, pero hemos equilibrado la necesidad del despliegue de renovables con la protección ambiental.

P. Técnicos de evaluación ambiental y ecologistas han alertado de la reducción de garantías ambientales en esta vía exprés y la supresión de la consulta de los proyectos a información pública.

R. Esto no es cierto del todo, se sigue haciendo una consulta previa que ya se hacía en el real decreto 6/22. Estamos mirando de todas formas desde el ministerio cómo vamos a transmitir esa información para que sea accesible a toda la ciudadanía y paliar, en la medida de lo posible, ese déficit. En cualquier caso, no se relajan las garantías ambientales. Con el conocimiento que tenemos, es dificilísimo que se pueda aprobar por esta vía ningún proyecto en una zona de sensibilidad ambiental alta, porque los proyectos pueden ir a una evaluación ambiental ordinaria si aquí determinamos que hay un mínimo impacto en el territorio.

P. De los 154 expedientes renovables que han pasado de forma favorable la declaración ambiental ordinaria, ¿cuántos están en zonas de sensibilidad ambiental alta?

R. Hay que cruzar bases de datos y aún no están listos los proyectos definitivos que entregarán los promotores para obtener el permiso de construcción. Faltan trámites con varios organismos que pueden revelar su inviabilidad. En todo caso, si los hay finalmente, son una pequeña minoría.

P. ¿Esa pequeña minoría tampoco tiene impacto ambiental?

R. La mayoría de proyectos están ubicados en zonas de sensibilidad baja y los que hemos visto que están en zonas de alto valor ecológico, muchos sufren variaciones de orientación y se hacen retranqueos [reducción de superficie] precisamente para alejarlos de los espacios de mayor valor. Aquí nos hemos asegurado, en la medida de lo posible, que no haya afecciones ni en flora, ni fauna, ni en corredores ecológicos. Y en caso de que haya afecciones, por ejemplo, de fotovoltaicas con aves esteparias, entonces hemos introducido medidas compensatorias. Hemos llegado a establecer que, por cada hectárea ocupada por una planta fotovoltaica, el promotor tiene que adquirir en ese mismo ámbito tres hectáreas para desarrollar medidas agroambientales que recreen el hábitat de las aves.

P. ¿Con un volumen tan grande de proyectos como es posible que todavía no exista un mapa general accesible a todo el mundo con la ubicación precisa de todos los proyectos que van aprobándose?

R. Sí, es verdad que no disponemos de ese mapa. Yo creo que será algo que llegará con el tiempo. En cualquier caso, insisto en que tampoco sabemos a ciencia cierta si todos los proyectos que han obtenido declaración de impacto ambiental positiva se van a llegar a construir.

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