Un plan de choque de 356 millones para intentar salvar Doñana de su creciente declive

Doñana está en estado crítico tras el progresivo deterioro de los últimos años. La sequía extrema que sufre es solo la puntilla a la asfixia gradual ejecutada por la agricultura intensiva y el turismo, que han minado su acuífero y secado sus humedales. Para intentar rescatar a la preciada reserva de su deterioro ambiental, el Gobierno ha lanzado este miércoles un plan de choque con 356 millones de euros que restauren las reservas de agua, la esencia de la que depende toda su biodiversidad.

Los científicos alertan de que el tiempo se agota para poder revertir su declive y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha presentado en Almonte (Huelva), a las puertas del espacio protegido, una batería de medidas para evitar que el desastre se materialice. “El deterioro no debe ser la noticia, sino el compromiso para mantenerlo. Nos enfrentamos a un riesgo real de endurecimiento de las condiciones del ciclo del agua después de haber vivido la década más seca”, ha alertado.

A pesar de que los expertos abogan por un plan conjunto del Gobierno y la Junta (PP) que complemente las políticas de agua y agricultura para así garantizar la gobernanza en un territorio tan tensionado con intereses contrapuestos, los continuos y recientes enfrentamientos políticos entre ambas administraciones han frustrado dicho pacto. Este miércoles Transición Ecológica ha presentado su plan en torno al agua, el bien más escaso, y sobre la que tiene las competencias exclusivas, con estas medidas de calado que los científicos aplaudieron:

Proteger el acuífero. El Gobierno destina 156 millones para disminuir las extracciones de aguas subterráneas que afectan a la reserva. Entre otras, las zonas de La Rocina y Los Hatos recibirán aportaciones de aguas superficiales que permitan al acuífero recuperar sus niveles de antaño. En la macro urbanización de Matalascañas, los sondeos para surtir de agua a sus 150.000 veraneantes se trasladarán más hacia el oeste para alejarlos del parque, donde contribuían a secar las lagunas dulces más próximas.

Para reforzar el cierre de los pozos ilegales que alimentan los invernaderos de fresas, Transición Ecológica destina 7,8 millones que aumentarán la plantilla de seis agentes medioambientales que vigilan y sancionan a los agricultores que roban el agua. La presión policial sobre estos agricultores sin permisos tiene un dato esperanzador: las hectáreas de cultivo bajo plástico no autorizadas han caído desde las 1.202 en 2019 a 762 en 2021, según las imágenes de satélite obtenidas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Compra de fincas. De ese total de 156 millones, 100 están destinados para comprar fincas agrícolas con derechos de agua cuyos propietarios estén dispuestos a vender. El Gobierno puede comprar una finca entera, de secano o de regadío, o adquirir solo los derechos de agua para cambiar el uso del suelo de regadío a secano, o también podría permutar las tierras por otras en la cuenca del Guadalquivir. La última compra fue la finca de Los Mimbrales, que el ministerio adquirió en 2015 por 35 millones para liberar del uso agrícola de sus 1.000 hectáreas. Si el precio fuera parecido, el Gobierno liberaría unas 3.000 hectáreas de sus cultivos actuales. El parque nacional consta de 54.000 hectáreas.

Recuperar el entorno. Una medida reclamada por los ecologistas desde hace décadas es la reconexión del río Guadiamar, que antaño introducía unos 200 hectómetros cúbicos al año en las marismas y fue reconducido en los años setenta para usos agrícolas. Junto con la renaturalización de Los Mimbrales y del arroyo del Partido, estas actuaciones suman 20 millones. Otras iniciativas persiguen mejorar los corredores ecológicos y la mejora de la conservación de especies como la cerceta, el lince o el águila imperial, por 12 millones.

Mejora de la depuración de aguas. El ministerio incluye en el plan las obras de saneamiento de aguas ya proyectadas por una partida total de 142 millones. El objetivo es mejorar las aguas que llegan a las marismas y al litoral, entre estas últimas las vertidas en Matalascañas, y que junto a otros núcleos de población ha propiciado que España pague a la Comisión Europea su mayor multa de la historia. Dos nuevas depuradoras se levantarán en Isla Mayor y Gerena (Sevilla), además de las reformas de las instalaciones de saneamiento en Lucena del Puerto (Huelva) y la capital andaluza.

Impulso a la ciencia. Para generar más investigación, el Gobierno destinará 8,5 millones para la Estación Biológica de Doñana (perteneciente al CSIC), que en colaboración con el ministerio evaluará los efectos del estado hídrico de la reserva sobre la biodiversidad, el diseño de la restauración ambiental y el seguimiento y efectividad del plan de choque los próximos años.

“Necesitamos un Doñana vivo, no un Doñana muerto”, ha dicho este miércoles Ribera sobre la polémica proposición de ley de la derecha andaluza para aumentar el regadío en 1.400 hectáreas del entorno del parque, rescatada por Vox este otoño para su debate en el Parlamento autonómico. Justo antes de presentar el plan en el teatro Salvador Távora de Almonte, Ribera había previsto reunirse con 14 alcaldes del entorno de la reserva, pero solo acudieron cinco. Entre las llamativas ausencias destacaron los alcaldes socialistas de Bonares, Moguer y Bollullos. “Es evidente que no han venido por su oposición a la proposición de ley”, deslizó el alcalde independiente de Lucena del Puerto, Manuel Mora, que sí asistió. El PSOE andaluz se abstuvo en el Parlamento andaluz cuando la proposición se votó por primera vez en febrero, lo que supuso un agrio choque con Ferraz.

Este miércoles el presidente del Consejo de Participación de Doñana y biólogo Miguel Delibes ha instado al ministerio y la Junta a trabajar “todos juntos” en un plan común. “En Doñana y en casi todo, hay que huir de los salvadores (…). Lo más urgente es que la Junta y el ministerio se reúnan, acuerden trabajar con un programa y lo debatan en el Consejo de Participación”, ha subrayado. Más tarde, la ministra mostró respeto pese a que movía ficha en solitario: “Lo más importante es trabajar unidos, el señor Delibes tiene garantizado el compromiso de este parque cuando hace esa llamada y hay que escucharle con mucha atención e intentar hacerlo”. De momento, la Junta, con un plan aprobado en 2014 para proteger el acuífero y que está a medio ejecutar, no desvela si aportará nuevos fondos para Doñana. Mientras, los guardas y científicos de la reserva miran al cielo desesperados ante la falta de lluvia y la bajada progresiva del acuífero y la biodiversidad.

Aplausos de los científicos y críticas de la Junta andaluza

El plan del Gobierno para evitar la degradación ambiental de Doñana ha recibido este miércoles el aplauso de los expertos y los ecologistas, aunque con cautela porque en el pasado varias obras proyectadas se quedaron sin hacer. Tras el desastre de la rotura de la mina de Aznalcóllar en 1998 y cuyos lodos tóxicos se quedaron a las puertas de la reserva, el Gobierno lanzó el proyecto Doñana 2005 para reforzar la restauración de la marisma. Pero actuaciones clave quedaron empantanadas por falta de presupuesto.

“El plan es un paso positivo en el camino correcto, con acciones para recuperar ecosistemas emblemáticos del parque. Sin estas acciones, Doñana está condenada a la muerte”, ha advertido Juanjo Carmona, coordinador de WWF para Doñana. Al elogio se ha sumado el director de la Estación Biológica de Doñana (CSIC), Eloy Revilla: “Es muy positivo porque mejorará la situación hídrica del parque y colaborará a eliminar consumos de aguas subterráneas”. En los alrededores de Doñana existen unas 2.000 hectáreas de fincas ilegales destinadas al cultivo de los frutos rojos, según cálculos de WWF.

Entre las actuaciones ejecutadas en el plan de 2005 destacaron restauraciones de aguas superficiales como las del arroyo del Partido, en el caño Travieso y Marismas gallegas. “Quedaron dos proyectos aparcados y sin ejecutar: el brazo de la Torre y el caño del Guadiamar, un río que está declarado en mal estado químico y eso hay que resolverlo”, advierte Juan Romero, de Ecologistas en Acción.

Mientras, la Junta ha censurado que el Ministerio para la Transición Ecológica eludiera presentar un plan conjunto: “Cuando Doñana se convierte en un arma arrojadiza que los políticos nos tiramos a la cabeza, quizás ganamos buenos titulares, pero ayudamos bastante poco al parque nacional”, criticó el portavoz de la Junta y consejero andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco. Una portavoz de su Departamento fue un paso más allá: “En 2018 el ministerio aprobó una ley para llevar agua superficial a través del trasvase del Tinto Odiel Piedras y aún no ha hecho nada tras cuatro años. Este es el segundo anuncio que hace sin que el primero se haya materializado. Que ejecuten”.

Entre ambas Administraciones enfrentadas, el presidente del Consejo de Participación, Miguel Delibes, ha valorado: “Las propuestas suenan muy bien, reducir la presión sobre el acuífero, aportar aguas superficiales, facilitar la inundación de la marisma, mejorar la depuración, y fomentar la investigación, son todas propuestas positivas que no podemos sino agradecer y aplaudir. Por otro lado, para actuar en una comarca densamente poblada de 3.000 kilómetros cuadrados es necesario trabajar coordinadamente con la Junta, responsable de la agricultura, la ordenación del territorio y el espacio natural”.

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