Prisión para el propietario y el cuidador de una rehala de perros de caza mantenidos en condiciones “dantescas”

Un juzgado de lo Penal de Granada ha condenado a 16 meses de prisión al propietario de una rehala de perros —jauría de canes de caza mayor— que vivían en condiciones “dantescas”, según los agentes de la Guardia Civil que revisaron las jaulas donde vivían los animales. El juez ha condenado también a ocho meses de cárcel a un amigo del dueño que hacía las veces de cuidador de los canes. La rehala la conformaban originalmente 21 perros de caza —podencos, mastines y otras razas— que estaban en unas instalaciones en un paraje conocido como El Coto en Güejar Sierra (Granada). Cuando fueron a rescatar a los perros de estas dos personas solo quedaban ocho, cuenta Javier Luna, de la Asociación Galgos del Sur, que se ha personado como acusación particular en el caso y que se llevó los animales a su refugio. El Congreso debate estas semanas una norma de protección animal y un endurecimiento de las penas por maltrato, pero el PSOE tiene presentada una enmienda para excluir a los perros de caza de la norma.

La sentencia tiene fecha de octubre de este año pero los hechos se remontan al mismo mes de 2020. Entonces, la Guardia Civil intervino en una cacería ilegal donde identificó a los dos ahora condenados, que estaban con sus perros y otros nueve cazadores. Los agentes percibieron que “los animales estaban en estado dantesco, metidos en menos de 1,5 metros cuadrados, con heces y diarreas”, según la declaración de uno de ellos. El agente incluso dudaba de que “en invierno le diera un rayo de sol”.

Semanas después de aquella cacería, los guardias civiles acudieron al lugar donde estaban los perros acompañados por una veterinaria. Allí, según relataron al juez, se dieron de bruces con una realidad aún peor de lo que imaginaban cuando vieron a los canes en la cacería: en las perreras encontraron que “los animales estaban entre sus excrementos”, que “no tenían apenas luz”, y que, evidentemente, todo ello era “consecuencia de una dejadez de muchos días” y no de algo coyuntural. La revisión profesional de la veterinaria trajo consigo la necesidad de sacrificar a cinco de los 21 perros por los tumores y otras enfermedades que padecían. Se trataba, según explicó la profesional, de evitar sufrimiento a los animales.

Meses después, en marzo, los agentes volvieron a realizar otra inspección con un resultado también poco esperanzador. Entonces los animales aparecían ya fuera de todo control y cuidado. Según el texto del juez, “estaban abandonados en la sierra, en una casa vieja y en un corral, donde estaban atados y ladrando continuamente”. Dadas las circunstancias de dejadez, los agentes se dirigieron al juzgado de instrucción solicitando medidas cautelares urgentes. Se trataba de trasladar a los perros a un lugar donde pudieran ser atendidos.

En esta visita, los agentes iban acompañados de miembros de la Asociación Galgos del Sur, que se iban a hacer cargo de ellos, “algo que debió ocurrir en la primera ocasión, cuando los encontraron en la cacería”, lamenta Javier Luna. Cuando los agentes y los miembros de la asociación llegaron al decomiso, “allí ya solo quedaban ocho perros”, recuerda Luna, quien narra que casi todos tenían alguna enfermedad como otitis, “que se ve que la tenían desde hacía tiempo”, leishmaniosis y otras. Eso les provocaba, además, serios problemas de sociabilidad. Además de la merma de perros, el propietario les cambió el nombre a tres de ellos 20 minutos antes de la hora prevista para la llegada de los agentes a retirar a los animales. Se entiende, aunque el texto judicial no lo aclara, que el objetivo de esto era mantener al menos a esos tres animales. Los guardias se dieron cuenta, dice Luna, y no dieron por bueno el cambio de nombre.

Maltrato y crueldad animal

El juez, antes de dictar su sentencia, destaca con negrita en su escrito el estado de los perros a partir de lo que ha escuchado de los diversos testigos: “dejadez de los canes” y “maltrato y crueldad animal consecuencia directa de la actitud de los acusados”. También considera que “no se cumplen las necesarias condiciones mínimas de alimentación, salubridad e higiene para el normal desarrollo evolutivo de los canes”. En la actualidad, los ocho animales están en Villafranca de Córdoba, sede de la Asociación Galgos del Sur, perfectamente cuidados y rehabilitados. Algunos de ellos ya han sido dados en adopción.

Finalmente, el tribunal considera que la actuación del propietario y del supuesto cuidador puede considerarse un delito de maltrato animal continuado y los condena a los 16 y 8 meses de prisión en una condena que aún no es firme porque puede ser apelada. Además, ninguno de los dos podrá tener animales ni dedicarse profesionalmente a nada relacionado con ellos en los próximos años, tres y medio el propietario y dos el presunto cuidador.

Hace prácticamente un mes, el seis de octubre, se votaron en el Congreso las distintas enmiendas a la totalidad presentadas a la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales. Todas ellas, presentadas por PP, PNV y Vox, fueron desestimadas. Ahora, en la tramitación ordinaria de la norma queda por dirimir precisamente una enmienda parcial presentada por el PSOE para gran enfado de sus socios parlamentarios que —en un guiño a los cazadores— plantea excluir de la norma a los perros de caza —como los objeto de esta sentencia— y de pastoreo.

Puedes seguir a CLIMA Y MEDIO AMBIENTE en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal