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El Gobierno aprueba aumentar las penas de prisión hasta dos años por maltrato animal

El Consejo de Ministros envía al Congreso la modificación del Código Penal y la ley de bienestar animal, que propone sacrificio cero y prohíbe la venta de mascotas en tiendas

Un perro dentro de una jaula.
Un perro dentro de una jaula.Carles Ribas

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy una modificación del Código Penal, que remitirá ahora al Congreso, para ampliar las penas de prisión hasta dos años cuando se mate por maltrato de manera intencionada a un animal vertebrado. En la actualidad, el máximo se encuentra en 12 meses. Una de las principales novedades del texto es la inclusión de los animales vertebrados salvajes dentro del delito, no solo los domésticos, domesticados o que convivan con el hombre como ocurría hasta ahora. Además, se considera una agravante el uso de animales para coaccionar o amenazar en los casos de “violencia de género o intrafamiliar”, una situación que afecta “mayoritariamente” a las mujeres.

Se contempla también como agravante la difusión del maltrato animal en un evento público o difundirlo a través de tecnologías de la información. Con esta reforma se acabará con la impunidad de comportamientos como “ahogar a una cría de jabalí o quemar, por ejemplo, a un zorro vivo y subirlo a las redes sociales y que no tenga ningún reproche legal”, ha indicado Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En la misma reunión, el Gobierno ha dado luz verde al proyecto de ley de protección y bienestar animal —tras un tira y afloja de casi cinco meses por diferencias del PSOE con el texto de Unidas Podemos— que se envía ahora al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria. Unidas Podemos acusó al ministerio de Agricultura, dirigido por Luis Planas, de paralizar el anteproyecto para favorecer al sector cinegético, que ve amenazados sus intereses.

Nuria Menéndez de Llano, abogada y directora del Observatorio de Justicia y Defensa Animal, echa en falta en la propuesta de modificación del Código Penal que no se propongan penas de prisión para el delito de abandono. “Es uno de los principales problemas que existen en España, y, además, se puede conmutar la sanción por trabajos en beneficio de la comunidad”, añade. A Menéndez de Llano le parece un retroceso, “porque habría que tomarse más en serio este problema que afecta a unos 300.000 animales al año”. Las consecuencias no son solo por el maltrato que supone hacia los ejemplares que se dejan solos, sino “por las consecuencias ecológicas que conllevan, como perros que se asilvestran e incluso hibridan con lobos o gatos que depredan sobre la avifauna”.

La letrada se queja, además, de que el abuso sexual se considere solo una forma de maltrato si fruto de ese ataque se producen lesiones que requieran tratamiento veterinario. De forma que “los jueces no podrán dictaminar el delito si el animal no está muy mal”, puntualiza. Ese abuso será castigado con la pena de prisión de tres a dieciocho meses o multa de seis a doce meses, pero siempre que se demuestren los daños. “Este Gobierno se ha quedado muy corto, también en la modificación de las penas de prisión por maltrato con muerte que nosotros pensamos que deberían ser de entre tres y cinco años”.

Ganadería y tauromaquia quedan fuera de la ley

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El proyecto de ley de protección y bienestar animal promueve el sacrificio cero, prohíbe la venta de mascotas en tiendas y los animales salvajes en circos, elimina el listado de canes potencialmente peligrosos, sanciona dejar a un perro sin supervisión más de 24 horas, apuesta por la cría profesional e incluye la esterilización en caso de no poder mantener separados a machos y hembras, entre otras medidas. Se dirige a las mascotas, aunque toca aspectos como la prohibición del silvestrismo (captura de pequeños pájaros en la naturaleza) o la prohibición del tiro al pichón. Deja fuera a las especies de producción de alimentos, a la ganadería y la tauromaquia. En España existen más de 13 millones de mascotas registradas por las comunidades: uno de cada tres hogares convive con una.

Finalmente, los propietarios de perros pastores y de caza no tendrán que realizar el curso básico, que se plantea para cualquier propietario de estos animales. “Se presupone que cuentan con una formación previa específica”, comenta Sergio García Torres, director general de Derechos de los Animales. También se les permite dejarlos sin supervisión durante más de un día, no como ocurre con el resto de las mascotas. “No supondrá una merma en los derechos de los animales, porque el resto de las condiciones como identificación, cría... se mantienen”, apunta García Torres. En cuanto a la esterilización obligatoria —que propone la ley para evitar nacimientos que no se desean si no se pueden mantener separados a machos de hembras—, el propietario se tendrá que registrar como criador si no puede o no quiere hacerlo.

La ley, la primera estatal, pretende poner fin a las disparidades que propicia la existencia de 17 leyes autonómicas diferentes de bienestar animal. Por ejemplo, en cuanto al sacrificio cero de mascotas, una de sus medidas estrella, en la actualidad en Madrid y Cataluña no se realiza la eutanasia sin motivo a los animales abandonados, pero en otras comunidades como Andalucía sí se permite. Teniendo en cuenta este objetivo, la ley “está muy bien planteada para dar coherencia a todas las legislaciones”, comenta Menéndez de Llano, que echa en falta una mayor concreción en cuanto a cómo se van a desarrollar los cursos para tener un animal a cargo o cómo se va a resolver la tenencia de perros potencialmente peligrosos.

A pesar de perseguir la mejora del bienestar animal, el anteproyecto de ley que presentó Unidas Podemos en octubre del año pasado levantó una gran polémica entre colectivos muy diferentes: 800 científicos firmaron un documento en contra, los cazadores aseguraron que era un ataque a su actividad y también despertó el recelo del Consejo General de los Veterinarios. Fernando Valladares, investigador del CSIC y firmante del manifiesto, pide que se tengan más en cuenta las opiniones de los científicos. “Esta legislación está empujada por un loable y necesario esfuerzo para hacer valer los derechos de los animales, pero hay que aterrizarlo a la realidad del mundo en el que vivimos. Quizá lo realmente interesante sería una combinación entre esa carga de emoción y nuestros estudios, fruto de la observación y el seguimiento, que son objetivos”, plantea.

Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción, indica que este nuevo texto les parece “mucho más completo que borradores anteriores”. Considera que hace grandes aportaciones tanto a la protección de animales domésticos como silvestres (que se mantienen en cautividad por particulares), pero anuncia que van a presentar alegaciones. Les preocupa el tratamiento que se va a dar a los gatos que viven en la calle en colonias felinas. La ley habla de una “gestión ética”, que incluye la esterilización de estos gatos y marcarlos con un corte en una oreja antes de volver a soltarlos después en los mismos lugares de donde proceden. “Lo que no me parece adecuado es que se haga lo mismo en el campo, porque estos animales aunque estén esterilizados no han perdido su naturaleza depredadora y son competidores de los animales salvajes, como, por ejemplo, del gato montés, que está en peligro”, concreta.

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Sobre la firma

Esther Sánchez
Forma parte del equipo de Clima y Medio Ambiente y con anterioridad del suplemento Tierra. Está especializada en biodiversidad con especial preocupación por los conflictos que afectan a la naturaleza y al desarrollo sostenible. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y ha ejercido gran parte de su carrera profesional en EL PAÍS.

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