El gran atasco de las energías renovables: el Gobierno anima a los promotores a retirar proyectos

Hay demasiadas solicitudes para construir parques eólicos y fotovoltaicos en España, así que el Gobierno anima a que se retiren los más problemáticos, aquellos con menos posibilidades de superar la evaluación ambiental. Este domingo 23 de enero termina el plazo fijado por el Real Decreto-Ley 29/2021 para que los promotores que acepten no seguir adelante con un proyecto ya presentado puedan recuperar a cambio los avales económicos requeridos al comienzo del proceso, 40.000 euros por megavatio (MW).

El objetivo de renovables en España para 2030 es construir 60.000 MW nuevos. Sin embargo, hoy en día hay presentadas solicitudes para conectar a la red unos 150.000 MW, en su mayoría de eólica y fotovoltaica. Esta avalancha no solamente sobrepasa en mucho las necesidades del país, sino que ha provocado un enorme atasco en las administraciones. Un tapón que complica la adecuada evaluación ambiental del conjunto de los proyectos y alarga los tiempos de los trámites, lo que pone en peligro cumplir con los plazos requeridos para que puedan aprobarse otros parques perfectamente viables.

Para compensar la ralentización provocada por el alud de peticiones, en el mismo Real Decreto-Ley, aprobado a finales del año pasado, se ampliaron los periodos que deben cumplir los distintos pasos de la tramitación, en especial, en la fase de la evaluación de impacto ambiental, donde se encuentra el principal cuello de botella para digerir el atracón de renovables. Paradójicamente, a pesar de estar desbordadas, las administraciones deben completar la evaluación de cada parque por orden de llegada de la solicitud aunque se sepa de antemano que uno tiene pocas posibilidades de salir adelante.

“Dado que hay muchos más proyectos de los necesarios y que hay algunos que se sitúan en zonas más sensibles ambientalmente, a menudo me preguntan por qué no hacer directamente una limpieza”, incide Ismael Aznar, director general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, que asegura que esto no es posible. “La Administración no puede descartar proyectos porque sí, tiene que hacerlo de manera motivada, y para hacerlo de manera motivada debe seguir unos trámites y contar con un expediente completo: tiene que analizar el proyecto, el estudio de impacto ambiental e incluso la información pública que llega de los procesos de consulta abiertos”.

Todo este proceso lleva tiempo y se complica todavía más cuando los parques eólicos o fotovoltaicos van asociados a largas líneas eléctricas que también hay que evaluar, como es el caso de algún proyecto que busca llevar energía renovable desde Aragón hasta Barcelona, cruzando media Cataluña, con un trazado de más de 150 kilómetros.

Justamente, las afecciones provocadas por las líneas eléctricas de evacuación o de alta tensión de transporte, normalmente, por su excesiva longitud, son una de las causas más habituales esgrimidas en estos momentos por la Administración para tumbar un proyecto emitiendo una declaración de impacto ambiental negativa. Otros motivos son los impactos directos a zonas de máxima sensibilidad ambiental para la avifauna o con alguna figura de protección, entre ellas ZEC y ZEPA, de la Red Natura 2000. El parque fotovoltaico Otero (de 505 MW), en Segovia, o el parque eólico Biota (de 58,7 MW), en Zaragoza, son algunos de los proyectos de renovables rechazados de forma reciente por alguna de estas cuestiones ambientales.

En algunos casos, al comienzo del proceso la Administración puede directamente no admitir a trámite un proyecto por ser de forma manifiesta inviable desde el punto de vista ambiental (lo que está también ocurriendo cuando así lo señala el informe del órgano competente en Red Natura 2000 de una comunidad autónoma o cuando el expediente carece de un estudio de campo de aves y murciélagos en zonas de paso migratorio). No obstante, incluso en estas situaciones excepcionales, antes de eso se debe realizar un análisis del expediente y de los informes de los diferentes órganos ambientales.

Como explica el director general de Calidad y Evaluación Ambiental del ministerio, “en un primer momento, se presentaron muchísimas solicitudes, fue un proceso muy rápido, y quizá ahora los propios promotores tienen un mejor conocimiento de las circunstancias que rodean a un proyecto, los condicionantes ambientales y las dificultades que puede tener para salir adelante”.

Si finalmente estos parques son descartados en la tramitación normal, los promotores no recuperarán los avales económicos (siempre que no sea por motivos ajemos a su responsabilidad). Por ello, Aznar considera que “recuperar el aval es un incentivo para retirar esos proyectos más conflictivos”.

En la actualidad, el Ministerio para la Transición Ecológica está tramitando 697 proyectos de renovables: 467 de fotovoltaica, 211 eólicos, dos hidroeléctricos y 17 de hibridación. Todos ellos suman 66.000 MW, de los que unos 19.700 MW se encuentran en fase de tramitación ambiental. No obstante, estos son solo una parte de las solicitudes presentadas, las de los proyectos más grandes, pues aquellos con una potencia menor de 50 MW son tramitados por las comunidades autónomas.

“El alto volumen de solicitudes supone una carga de trabajo muy elevada para la cual los órganos competentes, a todos los niveles [Gobierno central, comunidades autónomas, confederaciones hidrográficas…], no estaban adecuadamente dimensionados”, reconoce Aznar. “Más allá del atasco, esto también genera otras complejidades adicionales, pues en ciertas áreas tiende a existir cierta concentración —por ejemplo, por proximidad a puntos de conexión en la red—, lo que obliga a tener en cuenta los impactos sinérgicos, no ya los de un proyecto aislado sino de varios en una misma zona”.

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