Bruselas lleva a España ante la justicia europea por la contaminación de la ganadería y la agricultura industriales
La Comisión considera que las autoridades españolas no han hecho lo suficiente para proteger el agua de los nitratos, responsables de desastres ecológicos como el del mar Menor
El incremento de la ganadería y la agricultura industrial tiene un enorme coste medioambiental, pero España no ha hecho lo suficiente para controlarlo y prevenirlo. Con esta tesis, la Comisión Europea ha decidido llevar a España ante la justicia europea al entender que este país no ha adoptado medidas para evitar la contaminación de las aguas provocada por los nitratos derivados de esta actividad, tal y como exige la normativa comunitaria. “La Comisión considera que los esfuerzos de las autoridades españolas hasta la fecha han sido insatisfactorios e insuficientes y, por tanto, lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, ha indicado el Ejecutivo comunitario en un comunicado emitido este jueves. Una sentencia en contra podría acarrearle a España multas si persiste en el incumplimiento.
Bruselas estima que España ha incumplido la llamada Directiva de Nitratos, de 1991, que establece que los Estados miembro deben controlar sus aguas e identificar a las personas afectadas o que puedan verse afectadas por la contaminación causada por nitratos de origen agrícola. Esta regulación también obliga a los países a designar áreas de tierra en las que desembocan estas aguas como Zonas Vulnerables a los Nitratos y establecer programas de acción apropiados para prevenir y reducir la contaminación por nitratos.
“A pesar de algunos avances limitados, España aún debe tomar medidas adicionales para evitar la eutrofización en todo el país”, señala Bruselas en el comunicado de este jueves, refiriéndose al proceso que puede dañar el agua dulce y el medio ambiente marino, al promover el crecimiento excesivo de algas que ahogan otras formas de vida, matando a los peces en lagos y ríos.
El recurso de Bruselas supone un contundente toque de atención por la contaminación que provoca la creciente agricultura intensiva y las macrogranjas, cuya actividad está provocando desastres ecológicos de calado en lugares como el mar Menor, en la región de Murcia.
Greenpeace alertaba de la situación en el reciente estudio Macrongranjas, veneno para la España rural, publicado en octubre. “Debido en gran medida al crecimiento exponencial de la agricultura y ganadería industriales en España, la calidad de las aguas subterráneas y superficiales en nuestro país es muy preocupante. Según los datos del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el 30% de las estaciones de control de las aguas subterráneas y el 50% de las superficiales indican una mala calidad debido a la contaminación por nitratos”, señala la ONG. En él se denuncia la creciente contaminación de las aguas por los nitratos, derivada de una ingente producción de purines de los animales y del uso de fertilizantes sintéticos en agricultura.
La contaminación sigue avanzando
Los datos de este informe indican que la contaminación por nitratos ha aumentado en España un 51,5% en solo cuatro años (desde 2016 hasta 2019) y que la región de Murcia es la comunidad que mayores valores de contaminación por nitratos alcanzó en aguas subterráneas en 2019, seguida de Cataluña. El estudio de Greenpeace pone el foco, en particular, sobre la ganadería porcina, proclive a la producción intensiva y “de nefastos efectos contra el medioambiente”. El número de cerdos, señala la ONG, se incrementó en España un 21,5% entre 2015 y 2020, hasta los 32,8 millones de puercos.
El informe también señala a España por su “ineficacia” en el cumplimiento de la Directiva de Nitratos, y recuerda el procedimiento de infracción abierto en 2018 por la Comisión contra España, el mismo por el que el Ejecutivo comunitario, ante la inacción española, ha acabado acudiendo a la justicia europea.
Además, Bruselas reclama a España que revise y siga designando Zonas Vulnerables a los Nitratos en siete regiones (Castilla y León, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, Madrid y Comunidad Valenciana); completar los Programas de Acción para cinco regiones (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid); y adoptar acciones adicionales para las cuatro regiones donde las medidas implantadas han resultado insuficientes para alcanzar los objetivos de la normativa europea (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia).
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