Disparos con mira telescópica y silenciador en pleno parque nacional

La Guardia Civil asegura que cada vez resulta más frecuente en España que cazadores furtivos utilicen técnicas y material propios de unidades militares

Recreación del momento de la detención de los presuntos furtivos en La Pedriza, en Madrid.
Recreación del momento de la detención de los presuntos furtivos en La Pedriza, en Madrid.ENRIQUE FLORES

Dos hombres bajan por la senda Maeso de La Pedriza, una de las más conocidas del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (Madrid), donde está prohibido cazar. Portan, apenas escondidas, cuatro cabezas de macho de cabra montés, dos en las mochilas y otras dos en la mano, en bolsas de plástico y agarradas por los cuernos. En una de las mochilas esconden, además, un rifle monotiro y un silenciador. Es lunes, 20 de septiembre, los dos presuntos furtivos de 36 y 29 años han viajado desde Andalucía (viven en Sevilla y Baena) para ir de safari por Madrid y, aunque vuelven de la montaña al anochecer con cuatro valiosas cornamentas, todavía no saben que la jornada se les va a torcer: un senderista ha dado la voz de alarma y dos policías locales de Manzanares el Real les esperan apostados tras unas rocas. Los dos cazadores aparecen por el camino a las 22.30 y los agentes les retienen hasta que llega la Guardia Civil, que les acusa de un delito contra la fauna (furtivismo) y otro de daños.

Aunque pueda resultar sorprendente, este tipo de furtivismo no es nada inusual en España. Como reconoce un portavoz del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, “cada vez resulta más frecuente encontrarse con casos en los que los cazadores furtivos utilizan técnicas de ocultación y material tecnológico más propio de unidades militares como armas modificadas, miras telescópicas o silenciadores”. Lo que sí ocurre menos es que los infractores se muestren tan confiados como las dos personas cazadas en pleno parque nacional con las armas y los trofeos (como se denomina a las cabezas de animales en el argot de la caza).

Como advierte el Seprona, existe un furtivismo para la caza de determinados trofeos que incluso atrae a “organizaciones y grupos criminales” por los grandes beneficios económicos que reporta el comercio de especies o sus partes en el mercado negro. Pero es un fenómeno que “no responde a un único patrón de comportamiento”. Para analizar el delito hay que tener en cuenta “la finalidad que se persigue, el nivel de preparación o profesionalidad y la existencia de planificación o no de las acciones, entre otros parámetros”, puntualiza este servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil.

No es lo mismo un furtivo solo por el campo que desarticular un grupo de 10 personas de entre 22 y 71 años, que preparaban cacerías ilegales en el corazón del Parque Nacional de Sierra Nevada. En la operación, que se desarrolló en noviembre del año pasado, el Seprona descubrió una escopeta de cañones recortados y dos carabinas de calibre 22 milímetros sin documentación, junto a numerosos trofeos de especies cinegéticas de gran valor: cabras montesas, ciervos, jabalíes, muflones, gamos y un ejemplar de ganga ibérica, especie calificada como vulnerable. También maltrataban a la rehala de perros que utilizaban; su estado era tan lamentable que hubo que sacrificar a 5 de los 21 canes, víctimas de “crueldad animal”. Para completar el círculo, las pesquisas condujeron a los agentes hasta una plantación de cannabis con una conexión ilegal a la red eléctrica.

El furtivismo se ha convertido en un problema de primer orden que afecta a toda clase de fauna y puede provocar desequilibrios en las especies y los ecosistemas si es masivo, genera inseguridad ciudadana y es uno de los delitos más complicados de detectar y erradicar. Lo normal es no localizar a los delincuentes y como mucho encontrar, y no siempre, los cuerpos de los animales decapitados, en caso de tratarse de trofeos de caza mayor. Es especialmente penoso cuando afecta a especies tan emblemáticas y en peligro como el oso o el lince. El año pasado, el Seprona detuvo a varias personas como presuntos autores por la muerte de dos linces ibéricos, uno ahogado con restos de veneno y otro muerto por disparos de escopeta de caza. Para el felino es la segunda causa de muerte por detrás de los atropellos.

En la detención de Sierra de Guadarrama se contó con la ayuda inestimable de un montañero que vio a los presuntos furtivos con las piezas y avisó a la Guardia Civil a las 20.30. En ese momento, los dos hombres se encontraban a medio camino entre el pico de El Yelmo y el pueblo de Manzanares el Real, donde habían dejado aparcado el todoterreno en una calle de chalés pegada al entorno protegido desde donde parte la senda Maeso. “Pensábamos que iba a ser como encontrar una aguja en un pajar, porque La Pedriza es un laberinto lleno de caminos, riscos y recovecos, pero decidieron bajar por esa senda que es muy concurrida”, se sorprende todavía uno de los agentes de la Policía Local que los capturó. “Es increíble, porque habrían tenido que ir con las cabezas entre los chalés, hasta llegar al coche y ahí vive gente que a esa hora saca al perro”, añade.

Víctor Nava, oficial jefe de la Policía Local del pueblo, asegura que “hay veces que se escuchan tiros, porque el terreno forma como un cuenco y retumba, pero no es algo habitual”. En todo caso, ellos no cuentan con los medios suficientes para atajar el problema. Al alcalde, José Luis Labrador, le preocupa el peligro que conlleva el furtivismo y también la falta de personal para la vigilancia del entorno. “Aquí siempre hay gente, sobre todo los fines de semana”, explica.

El director del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, Pablo Sanjuanbenito, no cree que la caza furtiva en este espacio protegido esté generalizada, algo que corrobora el Seprona. Pero sí “es una gran preocupación”. El parque tiene un problema de sobrepoblación de cabra montés con 6.000 ejemplares que se encuentran en la zona de Cuerda Larga y La Pedriza, lo que podría llevar a los furtivos a pensar que están haciendo un favor al medio. Nada más lejos de la realidad. “No ayuda en absoluto a la gestión de los recursos naturales y perjudica a la población de cabras porque persiguen a los mejores machos, con una genética mejor y eso empobrece a la especie, porque no elimina al enfermo o al que tiene una malformación”, señala Sanjuanbenito. En la actualidad se está tramitando un nuevo plan de gestión de la especie después de que se paralizara el anterior por una denuncia del partido animalista PACMA.

La prueba del delito

En el parque nacional llevan tiempo detectando indicios de la actividad delictiva. En 2019 se localizaron cuatro cuerpos sin cabeza, sin el trofeo, lo que les llevó a establecer un protocolo de actuación con el Seprona. Pero para determinar si ha habido furtivismo o no necesitan encontrar los restos y que estén en buenas condiciones y eso no ocurre a menudo. En 48 horas animales como las aves necrófagas, zorros, cuervos y otros pueden comerse la carroña y “te encuentras un pellejo y unos huesos de los que es casi imposible deducir nada”. Un pastor, que cuida su rebaño en la zona donde se detuvo a los dos furtivos y que prefiere mantener el anonimato, asegura que en sus idas y venidas por La Pedriza ha encontrado algún cuerpo de cabra decapitado.

La Real Federación Española de Caza (RFEC) se manifiesta “radicalmente en contra de esta práctica delictiva que nada tiene que ver con la caza”. “El furtivismo ya venía subiendo desde antes de la pandemia, y con el confinamiento y el campo vacío creció más, por ejemplo en la zona de Gredos”, comenta Juan Herrera, director técnico de la RFEC. Abatir un trofeo representativo de cabra montés en Gredos puede costar 1.500 euros y uno de los más importantes, de oro, puede llegar a los 6.000 euros, calcula. “Los ejemplares que matan los furtivos son recursos que pierden los propietarios de las fincas, que en muchos casos son Ayuntamientos”, concreta.

Este tipo de delitos se sancionan con una pena de prisión de seis años a dos años o multa de ocho a 24 meses (por día en función de sus recursos) e inhabilitación para el ejercicio del derecho a cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años. Penas que se incrementan si la especie está protegida. “Lo que suele producirse es un acuerdo con la Fiscalía en el que se concreta la pena que acaba en una multa y una inhabilitación por el periodo que corresponda”, indica Juan Manuel Rubio, abogado de Ecologistas en Acción. “Lo importante para nosotros es que dejen de cazar”, concreta.

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Sobre la firma

Esther Sánchez

Forma parte del equipo de Clima y Medio Ambiente y con anterioridad del suplemento Tierra. Está especializada en biodiversidad con especial preocupación por los conflictos que afectan a la naturaleza y al desarrollo sostenible. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y ha ejercido gran parte de su carrera profesional en EL PAÍS.

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