El Parlamento Europeo cierra la investigación sobre la ampliación del puerto de Valencia

La polémica construcción de la terminal norte del puerto de Valencia, una gran obra diseñada en 2005, que comenzó a ejecutarse en 2008 y que la crisis económica frenó en seco hasta que volvieron los vientos de la recuperación en 2018, ha llegado este miércoles al Parlamento Europeo en un escenario de emergencia climática donde las grandes infraestructuras están cada día más cuestionadas. El encendido debate llegó hasta la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, que finalmente ha acordado, con los votos a favor del PP y del grupo de Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, cerrar la solicitud que había presentado un ciudadano valenciano para investigar si la ampliación del puerto necesita una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Los Verdes, La Izquierda y los no adscritos han pedido, sin éxito, que la queja siguiera abierta. La Comisión Europea ha asegurado por su parte y con rotundidad que, con la información disponible, no había indicios de que el proyecto vulnerase la legislación comunitaria, a la vez que ha emplazado a los detractores de la obra a que acudan a los órganos jurisdiccionales españoles.

El debate sobre la envergadura de la obra portuaria y sus efectos sobre el medio ambiente enfrenta desde hace casi tres años al puerto con organizaciones ecologistas, vecinales e incluso con partidos políticos como Compromís, que gobierna en coalición con otras formaciones políticas la capital y la Comunidad Valenciana. El ciudadano valenciano autor de la petición advertía en su escrito de que la obra no se justifica en una situación de emergencia climática y puede amenazar no solo las playas del sur de la ciudad, en regresión, sino incluso afectar al Parque Natural de la Albufera, un humedal de agua dulce protegido, situado a tres kilómetros del puerto, declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Red Natura 2000 e incluido en el convenio internacional Ramsar de humedales.

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La terminal norte del puerto de Valencia es la última fase de un proyecto que comenzó hace años con la construcción de un gran dique exterior de abrigo que albergaría una gran muelle de mercancías, presupuestado en más de 1.000 millones de euros y que duplicará la capacidad de carga de Valencia. El presidente del puerto de Valencia, Aurelio Martínez, ha insistido este miércoles ante los eurodiputados en que el recinto es estratégico para España y referente en el Mediterráneo y que es “absolutamente respetuoso con las cuestiones medioambientales”. El proyecto original de la terminal norte, que ganaba al mar 152 hectáreas y 2,6 kilómetros de muelles, obtuvo una Declaración de Impacto Ambiental favorable en 2007 y se diseñó “a la sombra de los temporales dominantes para evitar el impacto en la costa sur”, según Martínez. La Autoridad Portuaria, que no presentará el proyecto en detalle de la terminal norte hasta octubre, ha manifestado en alguna ocasión que la redacción de una nueva declaración de impacto retrasaría al menos dos años la construcción de la terminal. Algo que consideran inasumible.

En 2018 se modificó el plan original y se diseñó un muelle completamente lineal, de algo menos de dos kilómetros de longitud y menos hectáreas. Se consultó a Puertos del Estado si hacía falta una nueva DIA y este órgano respondió que no porque no había un incremento significativo de emisiones a la atmósfera —la terminal estará automatizada—, tampoco de vertidos a los cauces públicos ni de generación de residuos. “No se afecta a espacios protegidos de la Red Natura 2000 como se está intentando justificar. Ahora, con el desplazamiento de la terminal al norte, nos alejamos medio kilómetro más de la Albufera”, se defendió el presidente portuario. Con el debate encendido y las posturas enfrentadas, Puertos del Estado ha reiterado que la DIA de 2007 no ha caducado a pesar de los 14 años transcurridos.

La consejera de Emergencia Climática de la Generalitat valenciana, Mireia Mollà, de Compromís, crítica con la terminal, ha reforzado ante la Comisión la petición del particular al Parlamento Europeo para que vigile el proyecto. “Debo denunciar públicamente que la Autoridad Portuaria intenta evitar con todos los medios a su alcance realizar una DIA ajustada al proyecto real y que evalúe, sin género dudas, el impacto sobre la Red Natura 2000 de la Albufera”, ha defendido. Mollà ha agregado que la terminal norte se ha modificado sustancialmente y la directiva europea de Hábitats y la jurisprudencia de la UE “establece que cualquier evaluación que afecte a un espacio protegido de la Red Natura disipe las dudas razonables sobre su impacto”. Y a su entender, una declaración de hace 14 años no las disipa.

Regresión de la costa sur

Este departamento lleva meses advirtiendo de posibles afecciones a las playas de la costa sur de Valencia, en proceso de regresión, y a la propia Albufera que, aseguran, no fueron consideradas adecuadamente hace más de una década. Además, según la consejera, el escenario climático en el Mediterráneo ha empeorado, como informan los expertos. “Evitar una nueva declaración de impacto a toda costa es la lamentable razón por la que estamos hoy aquí”, ha apostillado Mollà, que ha recordado que si finalmente hubiera consecuencias sobre la Albufera “podría suponer el colapso ambiental del lago de agua dulce más grande de España y uno de los humedales más importantes de Europa”.

La Comisión Europea se ha mantenido en su posición inicial: con la información de la que disponen no tienen “indicios que permitan identificar una infracción” a la legislación ambiental y más teniendo en cuenta que el proyecto definitivo “no está ni presentado ni autorizado”.

El grupo europeo de Los Verdes pidió infructuosamente que la petición siguiera abierta “hasta que se presente el proyecto detallado de la nueva terminal y se hagan nuevas evaluaciones”, ha expresado la eurodiputada Rosa d’Amato, al igual que su colega de grupo Margrete Auken. Por el contrario, la parlamentaria del PP europeo Alex Evren y la española Inmaculada Rodríguez Piñero, del grupo Socialista, han reclamado que se cerrase. “España es un Estado de derecho avanzado y no se hacen las cosas sin garantías”, ha destacado Rodríguez.

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