Holguras negativas

Hay cosas que, independiente de su magnitud o envergadura, por el solo hecho de ser significan mucho. Es exactamente lo que ocurrió hace unas semanas con los polémicos recortes presupuestarios dispuestos para la Fiscalía Nacional y las policías. Independiente de las cifras y de la implacable lógica que pudo haber detrás de la medida en cuanto a repartir las apreturas entre todos, el que se vieran mermados los recursos de quienes están en la primera línea de combate contra la inseguridad pública, indignó no solo a los incumbentes.

Como señal política, un error. Como señal económica, aunque de bajo calado por los órdenes de magnitud, una muestra ya no tan anecdótica de la crónica situación de estrechez por la que atraviesa el sector público, el cual, si bien ha hecho esfuerzos por evitar deterioros mayores en sus balances, sigue inmerso en una situación de estrés.

Así lo confirmó el informe de ejecución presupuestaria 2024, divulgado la noche del viernes 31 de enero. Ni la hora ni el día en que se publicó hicieron que la noticia pasara inadvertida, ya que, si bien nadie albergaba cuentas alegres, el reporte entregado por Hacienda fue más allá de los pronósticos pesimistas. Un déficit fiscal efectivo de 2,9% del PIB (3,2% del Producto en términos estructurales), y una deuda pública equivalente al 42,3% del PIB cobraron en los análisis un mayor significado, dado que esas magnitudes se alcanzaron pese a los ajustes realizados por Hacienda y al uso de una parte de los fondos soberanos.

Fallas en las estimaciones de ingresos (menor recaudación tributaria no minera y menores aportes asociados al litio) y otras consideraciones mermaron la capacidad del equipo de Presupuestos de hacer cuadrar el círculo. Pese a las alertas que diversos expertos levantaron a lo largo del año, lo obrado por Hacienda en 2024 en materia presupuestaria fue como tratar de avanzar hacia la línea del horizonte, donde por cada paso que daba la autoridad hacia su objetivo, este se alejaba un paso y algo más, como lo prueba el que la estimación de déficit de 1,9% para el año finalmente cerrara en 2,9% del PIB.

Este track record y el que no se estén produciendo cambios sustantivos en las condicionantes que determinaron el negativo saldo 2024, dejan entrever la necesidad de hacer esfuerzos fiscales mayores tanto este 2025 como en los años siguientes. En otras palabras, lo que se espera hacia delante son solamente holguras negativas (es decir, poco margen de gasto), una expresión que para el común de los mortales suena como una forma eufemística de decir que tanto este como el futuro Gobierno tendrán que usar el cinturón un poco más apretado.

Para un país donde el pago previsto de intereses acumulados por concepto de deuda pública para la próxima década ascendería a unos 45.000 millones de dólares y en donde los riesgos macroeconómicos externos se mantienen elevados, no tomar acciones decididas para salir de la trampa de crecimiento débil en que está atrapado supone aceptar niveles de susceptibilidad macroeconómica que en escenarios adversos se probarían como una política irresponsable.

En efecto, ya se sabe que la capacidad del país para enfrentar perturbaciones está reducida en la medida que el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) se encuentra en niveles históricamente bajos; también se sabe que, aspavientos más o menos, las señales comerciales procedentes de Estados Unidos tienden un manto de incertidumbre, en especial en torno a la estabilidad del llamado sueldo de Chile, el cobre. Y qué decir de la inflación a nivel global y local, que ha sido un lastre difícil de erradicar, con unas ineludibles repercusiones sobre las políticas monetarias.

Todos estos factores de riesgo, sumados a la irrebatible situación de estrés fiscal que confirmaron las cuentas oficiales de 2024, hacen pensar que de no cambiar las condicionantes fundamentales habrá que resignarse a tener por un buen tiempo administraciones de Gobierno que solo pueden jugar partidos defensivos o de contención, sin mayor margen de plantear y ejecutar reformas que produzcan cambios sustantivos en el escenario y las condiciones de vida.

Como ocurre cuando se desmenuzan tantas y tantas cifras macro que están por debajo de lo que se necesita, en este ámbito, el fiscal también todos los caminos conducen a Roma, es decir, a la imperiosa necesidad de reactivar la capacidad de crecer en niveles que aseguren la sostenibilidad del país en el largo plazo.