Los derechos reproductivos como un tema de justicia

“Todo el rato hablando de derechos reproductivos esto, que aborto lo otro. ¿No ves cómo la delincuencia está disparada? Esos temas no son tan urgentes ahora, Julieta. Hay que verlos más adelante, cuando las cosas se calmen”, me dijo un hombre adulto, rozando la tercera edad hace no mucho tiempo durante una comida en casa de unos conocidos. Ese tema me quedó dando vueltas en la cabeza, especialmente cuando poco tiempo después me encontré con un TikTok que reflexionaba alrededor de lo que significaría para las mujeres la elección de Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos. “It’s just politics” se apodaba el trend, un espacio en donde mujeres de distintas edades, etnias y realidades compartían porque para ellas, el ascenso al poder de Donald ‘grab them by the pussy’ Trump (perdone el lenguaje explícito lector, cité textualmente palabras del próximo presidente de EE UU).

“Son sólo cuatro años”, “así funciona la política”, “ahora hay que enfocarse en la delincuencia y la economía, después exige tus derechos, el aborto y esos temas” ¿Será que a las personas, particularmente a los hombres que usan este argumento para rebajar la importancia de los derechos reproductivos y la autonomía corporal de las mujeres, se les olvidó cómo funciona el gobierno?

Si bien entiendo la preocupación detrás de este argumento, tenemos que reflexionar sobre su lógica. Nuestro sistema es profundamente burocrático; existen múltiples ministerios, secretarías, organismos trabajando simultáneamente (palabra clave) para abordar las problemáticas y desafíos que enfrentamos como país. Decir que una problemática como la delincuencia o la crisis migratoria puede concentrar por completo la agenda gubernamental de otros temas es desconocer cómo funcionan las políticas públicas. Cada área tiene equipos designados y presupuestos que abren la posibilidad de avanzar con otros temas en paralelo. Si aplicáramos la lógica del argumento conservador que mencioné antes, ningún ministerio podría actuar ni avanzar en absolutamente en nada hasta que resolviéramos cada problema estructural de la nación.

¿Será entonces la clave priorizar de manera integral, en vez de competir por quién merece ser atendido? Parece obvio, un tema que se ha discutido por siglos. Pero viviendo en un mundo polarizado e incierto, nunca está de más recordarlo.

Lo segundo para abordar es lo fundamental que es dejar de ver el derecho al aborto seguro como una ‘causa identitaria’ o ‘causa woke’, como otros suelen llamarle. El derecho al acceso a los derechos reproductivos y autonomía corporal no es sólo un tema de valores, sectores políticos, o el movimiento feminista, es una cuestión de derechos fundamentales y de salud pública. El 9 de junio de 2024, Antonia Laborde aquí en El PAÍS escribía un artículo titulado “El aborto clandestino en Chile: entre 30.000 y 150.000 cada año, sin apoyo médico y con medicamentos del mercado negro”. En este mismo texto, citaba a Camila Maturana, directora de la corporación Humanas, resaltando un tema que considero importantísimo de tener en consideración: “Esta ilegalidad afecta en mucho mayor medida a las jóvenes y adolescentes, a las mujeres pobres y a las migrantes. Las distintas situaciones de vulnerabilidad y discriminación que se entrecruzan en materia de derechos sexuales y reproductivos”.

De acuerdo el artículo, no hay cifras oficiales de cuántas interrupciones se realizan, pero las últimas que se conocen, según diversos estudios, hablan de 30.000 a 150.000 al año, que son las que maneja el Ejecutivo. 30.000-150.000 niñas, adolescentes, mujeres pobres y migrantes. Aquellas que más marginalizadas están, aquellas que muchas veces son ignoradas, olvidadas por el sistema. ¿Entiende ahora lector, por qué me importa tanto este tema? ¿Por qué anhelo que no quede en el lado “B” de la agenda política?

Mientras yo escribo esta columna, veo como en la VI Cumbre Trasatlántica: por la libertad y la cultura de la vida se habla de “no al aborto tras una violación”, cumbre encabezada por políticos como José Antonio Kast.

Me enfurece, me apena, me asusta el tipo de conversaciones que políticos tienen en pleno siglo 21.

El acceso a un aborto seguro y legal tiene que ver con el derecho de las mujeres a decidir sobre sus vidas y su futuro, garantizar su salud física y mental, proteger su autonomía corporal. En muchos casos, también se trata de protegerlas de condiciones peligrosas o incluso mortales, asociadas a las prácticas en clandestinidad. Ignorar este derecho es ignorar la necesidad de un sistema pensado con y para las mujeres más vulnerables, perpetuando así las desigualdades de género. ¿Sabía usted que según la organización internacional Save the Children, en ocho de cada 10 casos de abuso sexual, el agresor es una persona conocida o del ambiente familiar? ¿Se imagina usted tener miedo hasta en su propio hogar, lugar en donde más seguro debería sentirse? Esta es la realidad de millones de niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres en el mundo.

El debate por lo tanto, no es un juego de prioridades competitivas, sino un tema de justicia. Abordar la delincuencia u otros temas en torno a la seguridad no debería implicar el dejar de lado derechos humanos esenciales. Todo lo contrario. Un país que avanza con y para todos debe garantizar la autonomía y la salud de sus ciudadanos y demostrar que puede y quiere enfrentar múltiples desafíos a la vez, construyendo así una sociedad más equitativa y segura para todas y todos.