El aborto clandestino en Chile: entre 30.000 y 150.000 cada año, sin apoyo médico y con medicamentos del mercado negro

El Gobierno de Gabriel Boric presentará el próximo diciembre un proyecto de ley de aborto legal a plazos. En las discusiones parlamentarias previas se ha hablado de 14 semanas, pero aún está por escribirse este nuevo intento para reconquistar un derecho que se penalizó en 1989, en el descuento de la dictadura de Augusto Pinochet. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, defiende el impulso de la discusión pendiente argumentando que estaba en el programa de Gobierno y a la “extendida situación de clandestinidad” del uso de medicamentos para interrumpir el embarazo, como el misoprostol y la mifepristona, “con el peligro que ello conlleva y de manera de que no dependa del bolsillo el correcto uso de lo que la medicina que algo ha ido avanzando”, dice a EL PAIS.

Chile cuenta desde 2017 con tres excepciones al delito de abortar: que la vida de la madre esté en peligro, que exista inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación (hasta 12 semanas de gestación y hasta 14 semanas para menores de 14 años). La Administración de izquierdas no busca solo despenalizar el aborto, sino también garantizar una prestación para que la situación económica de la paciente no determine el correcto uso de los medicamentos o el acceso a la intervención quirúrgica. Como las niñas, adolescentes y mujeres que abortan hoy en el país sudamericano lo hacen en la clandestinidad, salvo en las tres causales, no hay cifras oficiales de cuántas interrupciones se realizan, pero las últimas que se conocen, según diversos estudios, hablan de 30.000 a 150.000 al año, que son las que maneja el Ejecutivo. Los datos tienen al menos una década, por lo que hay especialistas en el tema que creen que realmente el país está totalmente a ciegas.

El número de hospitalizaciones por embarazo terminado en aborto en 2023 fue 21.444, según el registro del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS, dependiente de la subsecretaría del ministerio de Salud. De esos, poco más de 6.500 se deben a aborto retenido (detención del embarazo, aunque no se expulsa espontáneamente el embrión o el feto), seguido por aborto no especificado (5.080, que incluye complicación con infección genital y pelviana y hemorragia excesiva o tardía), aborto espontáneo (4.658) y embarazo ectópico (3.561, cuando un óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero). Solo cuatro figuran en la categoría de aborto fallido.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el misoprostol es el medicamento más recomendado para practicar un aborto médico. El Instituto de Salud Pública chileno permite su uso solo para tratamientos de ultragástrica. “No tenemos las cifras exactas de su uso porque su venta es clandestina”, sostiene la ministra Orellana, “pero basta una leve pasada por internet para detectar la cantidad de lugares en los que se vende sin explicar el paso a paso. Su uso clandestino es algo que nos preocupa mucho”.

Efectivamente es fácil llegar al mercado negro. Los comercializan desde 72.000 pesos, unos 78 dólares (seis dosis para el periodo de cuatro a cinco semanas de gestación) hasta los 144.000 pesos, 157 dólares (12 dosis para las semanas 10 a 12). Pero comprado y usado en la ilegalidad, sin acompañamiento médico, se trata de procedimientos peligrosos, donde las mujeres se exponen a consecuencias inesperadas.

Además de los medicamentos, la ministra Orellana sostiene que “hay harto mal uso del Yuzpe”, un método que consiste en tomar varias pastillas anticonceptivas de uso diario, lo que supone la ingesta de dos tipos de hormonas (estrógenos y progestágenos), con importantes efectos secundarios. “También se utilizan vías más extremas como intentos de suicidio y en algunas zonas rurales todavía se reportan casos de uso de apio”, dice la ministra Orellana.

Camila Maturana, directora de la Corporación Humanas, un centro de estudios y acción política feminista, señala que las tres causales son muy restrictivas y que la mayoría interrumpe su embarazo fuera de la ley. “Esta ilegalidad afecta en mucho mayor medida a las jóvenes y adolescentes, a las mujeres pobres y a las migrantes. Las distintas situaciones de vulnerabilidad y discriminacion que se entrecruzan en materia de derechos sexuales y reproductivos”, asegura.

En Chile no existe un solo órgano que unifique el número de causas judiciales vinculadas al aborto que ingresan por la Fiscalía, la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros. Según las cifras del Poder Judicial, citadas por La Tercera, en 2023 se abrieron 42 causas relacionadas a los abortos, en las que 19 correspondieron a mujeres que terminaron su embarazo de forma voluntaria por causales no reguladas. En base a una investigación en curso de la Corporación Miles, una ONG que defiende los derechos sexuales y reproductivos, en los últimos 10 años se han registrado al menos 1.000 denuncias, en las que en torno al 60% provinieron de profesionales de la salud, según los datos preliminares. Al menos tres han terminado en prisión. Para Javiera Canales, directora de Miles, la consecuencia de criminalizar el aborto no es únicamente terminar en la cárcel, sino toda la ruta: “Es la persecución y el trato de delincuente, con una firma mensual o semanal y eso impacta sus proyectos de vida y terminan marginadas de sus redes”.

El impacto de las tres causales

Después de décadas de lucha feminista, en septiembre de 2017 se promulgó en Chile la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (LIV), que regula la despenalización del aborto en tres causales. Hasta abril de este año, en total, se han efectuado 5.063 procedimientos (30% por riesgo vital de la madre, 47% por inviabilidad fetal y 23% por violación). Dadas las cifras que se manejan en el Gobierno en base a diferentes estudios realizados por diferentes instituciones –entre 30.000 y 150.000, un rango amplio justamente por la ilegalidad del procedimiento– la mayor parte de las interrupciones del embarazo se sigue realizando en Chile en forma clandestina.

La abogada Lidia Casas, directora del centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP), ha investigado a fondo el funcionamiento de las tres causales y ha detectado problemas de acceso a la información, falta de capacitaciones a los profesionales involucrados y muchos casos de sobre-objeción de conciencia: “Hay un problema con lo que se ha denominado pseudo objeción de conciencia. Se declaran objetores por conveniencia personas que dicen ‘no me quiero meter en un lío’, ‘esto es un tramite, tengo suficiente trabajo’ y ‘qué tal si la mujer miente en el caso de la violación’. Tienes un conjunto de situaciones que no son el lenguaje de la extrema derecha sobre la protección de la vida sino la comodidad de los prestadores de salud”.

Cuando el Gobierno de Boric asumió en 2022, el ministerio de la Mujer junto con el de Salud inició la primera fiscalización en las 16 regiones del país sobre la aplicación de la LIV. En base a la información levantada presentaron un reglamento a la Contraloría la semana pasada para garantizar el derecho a la información de las pacientes respecto a la prestación de salud consagradas en la ley y la continuidad de la atención, independiente de los objetores de conciencia. Un estudio de la Corporación Humanas revela que al menos cinco hospitales públicos, todos de zonas rurales, son objetores institucionales de conciencia de facto, ya que no cuentan con profesionales disponibles para aplicar la ley. El reglamento busca que exista al menos un médico disponible en cada centro.

Una de las banderas de quienes están a favor del aborto legal es el creciente apoyo ciudadano a la idea. Diferentes sondeos arrojan que un 30% de los chilenos apoya una ley para interrumpir el embarazo sin causales. En la última Encuesta Nacional de Juventudes 2022, del Ministerio de Desarrollo Social, el porcentaje de mujeres jóvenes (de 15 a 29 años) que estaría dispuesta a realizarse o inducirse un aborto antes de la semana 12 de gestación escaló a un 37,1%, del 15% registrado en 2018. Bajo las tres causales retrocedió de 26,4% a 18,2% en esos cuatro años y bajo ninguna circunstancia disminuyó de 54,3% a 42,9%.

Casi uno de cada cinco encuestados (hombres y mujeres) dijo haber vivido una experiencia de embarazo no deseado. Un 3,1% de las jóvenes declararon haberse hecho o inducido un aborto: un 3,6% lo hizo bajo la causal de riesgo vital, un 4,0% indica por inviabilidad fetal, un 3,3% por violación y un contundente 83,2% lo realizó por una decisión personal.

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