Antonia Orellana: “Los militantes del Frente Amplio son diversos. Pero cabe preguntarse por qué no se nota”
La ministra de la Mujer del Gobierno de Boric analiza los desafíos de su cartera y de su coalición política en un clima de desafección al movimiento feminista
La ministra Antonia Orellana (34 años, Santiago), lidera la cartera de Mujer y Equidad de Género del Gobierno de Gabriel Boric, el primero autodenominado feminista. En marzo de 2021, un 33% de los chilenos se sentían “muy” o “bastante” identificados con el movimiento feminista, una cifra que ha retrocedido hasta el 22%, según la encuestadora Criteria. Orellana, en una oficina del Palacio Pereira, en el centro de la capital, le quita hierro a la desafección, argumentando que suele ocurrir después de un momento de mucha ebullición. Destaca que en los dos años de Administración, su ministerio ha logrado sacar adelante tres leyes con amplio consenso en el Congreso, aunque reconoce que no están los números para dar luz verde al de la ley de aborto sin causales, un compromiso electoral de Boric.
Cuando la principal preocupación de los chilenos es la seguridad, la militante de Convergencia Social, el partido del Frente Amplio donde milita el propio Boric, espera que un legado del Gobierno sea frenar el ingreso del crimen organizado a Chile.
Pregunta. ¿Cómo calificaría la primera mitad del Gobierno del presidente Boric? ¿Comparte con él que Chile está mejor que dos años atrás?
Respuesta. En términos económicos efectivamente hemos parado la inflación, algo muy sensible para las mujeres, tanto por ser muchas jefas de hogar monomarental o por ser quienes administran el hogar, trabajen o no remuneradamente. El índice de homicidio, que venía a la alza, y era y es una preocupación, la ministra [Carolina] Tohá ha cumplido su compromiso de estabilizarlo. Hoy tenemos otro desafío, que puede ser un legado importante, y es que a finales de nuestro Gobierno podamos decir que se frenó el ingreso del crimen organizado, que estuvo pasando piola [desapercibido] varios años. Respecto a las mujeres, hemos recuperado buena parte de los empleos perdidos durante la pandemia. En las madres de menores de cinco años ha sido más difícil. También hemos avanzado en normas importantes.
P. ¿Cuáles?
R. La ley de pago efectivo de pensiones de alimentos. Hoy ya hay volúmenes de pago de 162.000 millones de pesos de las solicitudes desde mayo pasado, cuando empezó a regir. Ha beneficiado a cerca de 50.000 familias, lo que muestra que falta un montón, porque en el registro de deudores son más de 170.000. Pero es un volumen de pago alto y ha significado un 310% de aumento en el pago de las pensiones de alimentos. Otra es la ley de reparación integral a familias víctimas de femicidio. Hace poco logramos aprobar la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, que llevaba siete años de tramitación. Según la Encuesta de la Violencia Intrafamiliar, la mayoría de las mujeres sabe que puede denunciar, pero no lo hace o se demora harto. Hay varios puntos relevantes en la ley, como las medidas cautelares, que mejoren su cumplimiento, el involucrar a los hijos en común con el agresor no como testigos, sino como víctimas de pleno derecho, y un sistema de gestión moderno para nuestra Servicio Nacional de la Mujer y Equidad y Género (SernamEG).
P. Sobre la ley integral, quienes llevaron un artículo sobre una educación no sexista al Tribunal Constitucional acusan “ideología y filosofía de un sector”. ¿Qué responde?
R. La definición de sexista establece prejuicio en base al sexo y, por lo tanto, cuando uno dice no sexista quiere decir que se busca que no se transmitan prejuicios.
P. ¿Qué modificaría eso en lo concreto?
R. Los protocolos internos que tengan [los establecimientos educativos] o que no sea la escuela un lugar en donde se transmita a otra generación más ideas como el que te quiere te aporrea. No me parece que sea casual, pero creo que es un error confundir la idea de no transmitir discriminación en la escuela y prevenir la violencia con otro debate, que es el de la educación sexual integral. Acá se están confundiendo en forma mañosa ambos términos. El requerimiento se refiere, por ejemplo, a que se introducirían los términos no binarios u otras cuestiones que tienen que ver con diversidad sexual. Cosas con las que por supuesto yo estoy de acuerdo, pero que no son el contenido del artículo.
P. Hay estudios que dicen que se ha cumplido entre el 15 al 30% del programa electoral en dos años. Tienen minoría en el Congreso, pero ¿a qué lo atribuye?
R. Se puso demasiada expectativa en el proceso constituyente y eso retrasó mucho el ingreso de proyectos clave y, evidentemente, es algo que nos hace tener menos tiempo. Respecto a la minoría legislativa, siempre se habla de la agenda de género, que es discordia y pelea. Y la verdad es que de las tres leyes que hemos sacado, con una ministra abiertamente feminista, con todas las cosas que eso involucra, una ha sido por unanimidad, la otra sin votos en contra, y otra despachada por mayoría. Estoy tranquila de que hemos abierto canales hacia las mujeres de oposición.
P. ¿Qué pasó en ese año y medio después del primer proceso que no han logrado sacar adelante una mayor cantidad de compromisos electorales?
R. En ese año y medio se aprobaron, por ejemplo, las 40 horas, la ley de conciliación de la vida laboral y familiar que, por supuesto, tenía muchos antecedentes de distintas legisladoras, pero fue un trabajo del Ejecutivo, presentado por el Ejecutivo, y con un diálogo con más de 40 organizaciones. Yo descreo esa idea de pensar que son dos o tres años perdidos. Por el contrario, cuando inició nuestro Gobierno no había control del espacio público. No estábamos ni cerca de saber cuántas personas indocumentadas estaban en el país y hoy tenemos un proceso de reconocimiento biométrico creciente que nos permitirá saberlo. Se controló la inflación y, por supuesto, se ha avanzado en leyes. Me gustaría que se hubiera avanzado más, sí, pero eso no quiere decir que sea tiempo perdido.
P. En este primer Gobierno autodefinido feminista la adhesión al movimiento ha disminuido de 37% a 32% en las mujeres y del 27% al 14% en los hombres. ¿Cuál es su lectura?
R. Si uno mira la historia larga de las mujeres y no se mira el ombligo de la época, no es raro que después de un momento de mucha ebullición vengan momentos de reflujo. Es evidente que vivimos a nivel global un crecimiento de fuerzas que son contrarias al avance de los derechos de las mujeres y en ese sentido creo que, como feministas, no le atribuiría al Gobierno la capacidad de movilizar a un movimiento que es mucho más diverso y complejo que quienes hoy estamos en el Gobierno y que, además, con el que muchas no se sienten interpretadas.
P. En un plano más político, ¿qué se proyecta para el Frente Amplio? Llegó al poder como una alternativa de una nueva política y ha debido enfrentar casos de probidad complejos.
R. Hay cuestiones de las que nos tenemos que hacer cargo. Una muy importante tiene que ver con esa imagen de personas que solo vienen de dos universidades. Cuando yo me reúno con militantes de todo el país veo una diversidad mucho más grande, pero cabe preguntarse por qué no se nota. Otra cosa es que efectivamente lo de Democracia Viva pegó muy fuerte, muy fuerte, y para recuperarse de golpes así hay que ir a dar la cara donde pegó. Mi Seremi de la Región Metropolitana, Anita Martínez, por ejemplo, siendo una dirigente muy importante para las mujeres de Revolución Democrática, fue desplazada de su candidatura por Daniel Andrade, que no era del distrito en el que compitió. Esta simple anécdota hace que nos preguntemos cómo aseguramos que ese compromiso que tenemos, se haga carne.
P. ¿Falta más diversidad en los cargos de poder del Frente Amplio?
R. Me gustaría que hubiera más.
P. Los principios básicos del FA son socialismo, feminismo y ecologismo. Las preocupaciones de la sociedad son delincuencia, inflación y empleo. ¿Cómo dialogan?
R. Los principios ideológicos por definición son un concepto abstracto. Hay ejemplos concretos de liderazgos del Frente Amplio que están enfrentando la inseguridad, como la delegada metropolitana Constanza Martínez. O el comisionado para la Paz y el Entendimiento, Víctor Ramos, que logró que desde Republicanos al Partido Comunista suscribieran una declaración en la que también están concurriendo fuerzas políticas y gremios de la región. Eso muestra capacidad de diálogo y se refieren a preocupaciones que priman. La seguridad es fundamental. Y eso lo sabemos sobre todo las mujeres, porque no todas hemos sido víctimas de violencia, pero el solo conocimiento que tenemos de esta es lo suficientemente coercitivo como para que no hagamos cosas en libertad. Y eso le está pasando a una parte muy grande de la población. No todos han sufrido un delito de crimen organizado o un portonazo, pero son lo suficientemente coercitivos como para que estemos perdiendo la vida nocturna, para que los cabros [muchachos] salgan menos o andemos con más miedo.
P. Hay una crítica transversal a la ley de sala cuna actual y un aparente consenso en una ley de sala cuna universal. ¿Cuál es la traba?
R. El Gobierno ha propuesto que exista un financiamiento permanente a un sistema que amplíe el derecho a sala cuna en tres dimensiones –educativa, protectora de la infancia y como derecho laboral– que sea con cargo al pacto fiscal. El 0,3% de recaudación extra, del orden de los 900 millones de dólares. Eso fue rechazado. A propósito sobre todo de la muerte del presidente Piñera, se reactivó por parte de su sector la discusión del segundo proyecto que ingresó sobre este asunto. La oposición tiene mayoría y en caso de que avance, el Gobierno introducirá una indicación sustitutiva para incorporar cosas que no digo solo yo. Hay que atender también los argumentos de los gremios de la Junji [Junta Nacional de Jardines Infantiles], Integra, los gremios y la academia de la educación inicial, las propietarias de los jardines infantiles privados y economistas, como Andrea Repeto, que señalan que el proyecto no tiene perspectiva educativa.
P. El presidente Boric dijo el 8M que abogaba por una ley de aborto integral. ¿A qué se refería?
R. La propuesta que está en el programa de Gobierno se refiere a una ampliación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo sin causales. No es misterio para nadie que la conformación actual del Congreso no está dada para eso. Yo en particular no tengo un compromiso solo con mi Gobierno, sino también con el movimiento de mujeres. Y precisamente el movimiento es el que nos ha dicho que discutamos bien lo que se va a presentar.
P. ¿Todavía no se ha definido?
R. No hay un acuerdo entre ellas. Este ya es un tema que por supuesto genera polarización. Un mínimo óptimo sería que quienes estamos de acuerdo con el aborto legal ingresemos alineadas al Congreso. Hay quienes plantean que hay que centrarse en una mejor aplicación de las tres causales, cosa que ya estamos haciendo con el GES, porque al entregar mayor primera atención ha aumentado también la cantidad de niñas que han podido acceder a tiempo a la interrupción por violación, como también con la fiscalización, que no se había hecho en años anteriores. Y hay quienes consideran que hay que ir con una ley a todo evento. En ese sentido nosotros estamos buscando el acuerdo entre quienes estamos a favor.
P. ¿Tienen una estimación de cuántos abortos se practican en Chile al año?
R. ¡Buf! Eso es un largo debate en el que hay distintas estimaciones. Está el del Instituto Melisa, en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que estaba activo para la discusión de las tres causales y contaba los abortos solamente en base a los egresos hospitalarios por aborto, que a mí me parece como contar cuánta marihuana hay en el país por la que decomisa la PDI. Claramente hay más. Y hay estimaciones como las que hace ICMER [Instituto Chileno de Medicina Reproductiva], el doctor [Fernando] Zegers, pero es difícil entregar un estimativo dado que está prohibido y por lo tanto su mayor práctica es clandestina.
P. ¿Pero ustedes manejan un rango de...?
R. Hay un rango de estudios que va desde los 30.000, que sería el más conservador, ocupando los egresos hospitalarios a estimaciones que hablan de hasta 150.000 al año. Ese es el rango en el que se mueve el debate.
P. Evelyn Matthei, de la derecha liberal, que se define feminista, encabeza las encuestas para las próximas presidenciales. ¿Qué le parece su liderazgo?
R. Siempre lo he encontrado muy interesante. De hecho, cuando ella desordenó a la derecha en el debate constitucional diciendo que creía que era un error atacar las tres causales, yo dije mish, mira cómo podría ser que hasta podríamos terminar marchando con Evelyn. Evidentemente es un liderazgo importante y en un sector donde además esas opiniones no son bien vistas, creo que es doblemente relevante. Yo valoro positivamente siempre que haya mujeres, creo que eso facilita mucho la amplitud del diálogo.
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