A la caza de los deudores de pensiones alimentarias en América Latina

De México a Argentina las mujeres dan una batalla común: que los padres paguen las pensiones alimentarias. La evasión de las obligaciones de sus hijos atraviesa toda la región. Desde tendederos en México donde se exponen a los padres morosos hasta penas de cárcel en Brasil, las mujeres que lideran esta lucha han conseguido leyes y protocolos, pero el problema persiste. Este es el panorama en algunos de los países de la región.

México: presión social y ley Sabina

“Se supone que conmigo iba a cambiar”, dice Diana Luz Vázquez. Ella fue la primera mujer en su familia en ir a la universidad y nunca pensó que terminaría en la misma situación que su madre, sus tías, su abuela y su bisabuela, maternando sola, sin un padre que se haga responsable. “Soy hija de mamá mal llamada soltera. En realidad, somos mamás autónomas porque nuestro estado civil no tiene nada que ver con la manera en la que ejercemos la maternidad”, apunta esta mexicana de 36 años.

En México, tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria, según el Instituto Nacional de Estadística (Inegi) y el 67,5% de las madres enfrentan la evasión de las obligaciones de sus exparejas. Cuando Vázquez comenzó a vivir esta injusticia en carne propia, buscó que el padre de su hija, Martín Rosado, pagara la pensión por la vía jurídica, pero los jueces fallaron en su contra. Fue entonces que decidió hacerse de una poderosa arma: la presión social.

Inspirada en las jóvenes universitarias en toda América Latina, Vázquez organizó en 2021 el primer “tendedero” de denuncias de deudores alimentarios en su Estado natal de Oaxaca, donde habita Rosado. En un país en donde entre 10 y 11 mujeres son asesinadas cada día, Vázquez no sabía si las madres se atreverían a acudir al llamado. “Imprimí su foto en tabloide y llegué con mis amigas a la plaza con una cuerda para tender cartulinas, una bocina y un megáfono. Nos empezamos a colocar y de repente llegaron un chorro de mamás que traían sus cartulinas bajo el brazo”, recuerda emocionada.

Ese fue el principio de un movimiento masivo, el cual ha llevado a miles de mujeres a replicar los tendederos y organizarse en capítulos, a través de chats de WhatsApp, en cada Estado de la república. En algunas ciudades, crearon “patrullas feministas” en las que las madres, encapuchadas, intervienen en las fachadas de los hogares de los deudores alimentarios para llamar la atención de transeúntes, recitando en el megáfono el nombre completo del deudor, cuánto debe y desde cuándo.

Además, Vázquez impulsó la ley Sabina, que lleva el nombre de su hija, y si bien no se han aprobado las 30 reformas que la ley propone, en marzo hubo algunos avances. Se creó el primer Registro Nacional de Deudores, a partir del cual se les puede quitar la licencia de manejo y el pasaporte a los hombres, además de no poder postularse a cargos electorales. “Es como una curita a la herida”, dice Vázquez, quien tiene ambiciones de cambiar el sistema de manera que la justicia sancione al hombre en el momento en que abandona el embarazo.

En el camino se ha enfrentado con corrupción y complicidad por parte de las autoridades. “Por ejemplo, en Michoacán, el gobernador nos hizo hasta un foro de deudores alimentarios y nos dijo ‘sí, voy a aprobar la ley Sabina’. Y cuando fuimos con su consejero jurídico, ¿qué crees? Que el consejero protege y solapa deudores alimentarios y nos dijo: ‘No podemos hacer estas reformas porque atentan contra los derechos de estos hombres”, cuenta Vázquez con clara indignación.

“Después de todo este proceso de lucha he ido cambiando hasta mi propia perspectiva, este ADN machista y cultural con que nos van educando que me dice que yo soy la culpable por haber elegido mal, que es lo que me había dicho mi abuela, mi mamá”, dice Vázquez. “Y te das cuenta de que no tiene nada que ver tu grado de estudios, ni siquiera el del progenitor, cuando hablamos de estas violencias… Detrás de cada deudor alimentario hay múltiples violencias, la económica es sola una de ellas”, sentencia.

Brasil castiga con cárcel el impago de la pensión alimenticia

Cada tanto, el impago de la pensión alimenticia para los hijos de padres separados salta a los titulares en Brasil porque un famoso se arriesga a ir a prisión por ese tipo de deuda. No es excepcional, ni novedoso. Está vigente desde el siglo pasado. Si el progenitor que debe afrontar ese pago, habitualmente el padre, se retrasa tres meses, su expareja puede solicitar al juez que lo envíe a la cárcel. “Es el último mecanismo de coerción”, destaca la abogada Marcela Pimentel, especializada en derecho de familia. Algunas brasileñas suelen bromear con que es lo que mejor que funciona en la justicia de su país.

En 2022, el actor André Gonçalves, estuvo 60 días en prisión domiciliaria con una tobillera electrónica hasta que saldó la deuda por años de alimentos para una de sus hijas. El futbolista retirado y senador, Romario, llegó a pasar una noche entre rejas en 2009 por ese mismo motivo.

Si no ha pagados los últimos tres meses de pensión de alimentos, se arriesga a una pena de 60 días en prisión prorrogables a otros 30 días, explica la letrada. Es difícil saber cuántos brasileños han acabado en una celda por casos así. El Instituto Brasileño de Derecho de Familia informa de que no recopila esos datos. Este es el único caso en que la ley brasileña castiga con prisión a alguien que no ha cometido un delito. De todos modos, añade Pimentel, es más eficaz pedir el embargo de bienes “porque meterlo preso no paga los alimentos. Es una forma de coerción para que pague la deuda. A veces funciona, a veces no”.

Explica también la abogada que, si el deudor tiene el dinero en el banco, se puede hacer una solicitud online de embargo y, si el juez lo acepta, la cantidad adeudada queda inmediatamente bloqueada. “Es un sistema super eficaz, si tiene dinero”. El problema es cuando no tiene ningún bien a su nombre. Si transcurridos los 90 días entre rejas, no ha saldado la deuda con sus hijos, el recluso es excarcelado. Pero la deuda sigue vigente, no caduca. Quienes acaban en prisión suelen ser pobres; las clases medias y altas suelen encontrar el dinero antes o después.

Colombia: la cárcel no es efectiva

En Colombia todavía existe el delito de inasistencia alimentaria y sanciona con penas de 16 y 54 meses de prisión a quien se sustraiga injustificadamente de sus obligaciones y oculte o disminuye sus bienes para evitar el pago de las cuotas alimentarias. Según cifras oficiales, en 2022 había 700 padres de familia privados de la libertad por ese delito. Sin embargo, el Gobierno de Gustavo Petro propone despenalizar el delito. “El encarcelamiento del padre que incumple con la obligación alimentaria no es equivalente con el propósito que se quiere con la medida, es decir, no logra que cumpla con la obligación de pagar el alimento al hijo o a la hija”, ha dicho el ministro de justicia de Colombia, Néstor Osuna.

Desde 2023 funciona en el país el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), en el que se reporta a aquellas personas que incumplen como mínimo tres cuotas alimentarias (consecutivas o no) y que funciona como una base de datos del gobierno para hacer control sobre el problema. Aquellos que estén registrados no pueden contratar ni ser nombrados en el Estado; no pueden enajenar bienes; acceder a créditos bancarios ni salir del país. Además, la Ley prevé que no se exigirá la autorización del padre o madre morosos cuando alguno vaya a salir del país con el menor. “Son sanciones muy severas para el deudor alimentario, que consideramos, son mucho más eficaces que la cárcel para lograr el pago de una suma de dinero”, dijo también el ministro. Hasta la existencia del Redam, los padres morosos hacían auto certificaciones en notarías, muchas veces con base en mentiras.

Laura P.*, una colombiana que lleva 12 años peleando por que el padre de su hija pague la cuota alimentaria considera que el registro es un avance tangible, pero tiene un enorme vacío. Son los jueces, defensores de familia y autoridades de bienestar familiar quienes deben reportar los morosos, pero solamente pueden hacerlo por petición de las madres que, en algunos casos temen denunciar a los deudores. “Yo pedí que lo reportaran y me respondieron que solo lo puede pedir un apoderado. Van dos meses y aún nada. Falta más voluntad de los funcionarios”, contó la mujer que sigue esperando.

La viceministra de justicia Johana Delgado reconoce que la mayor dificultad desde la entrada en vigor del Redam son las relaciones de violencia y el temor de algunas mujeres a que los deudores se queden sin contratos o trabajo. Para mujeres como Laura, “el Redam es una medida que ayuda pero no resuelve el problema de fondo. Sería mucho más eficaz a los deudores les cobren intereses muy altos porque garantizaría que no se atrasen y cumplan sus obligaciones de alimentos con sus hijos”.

Hasta finales de febrero de 2024 había registros de 313 deudores morosos, pero el dato es variable porque una vez se ponen al día las autoridades pueden cancelar su inscripción en el registro de deudores alimentarios. En la Fiscalía, sin embargo, las denuncias siguen en aumento. En los últimos 3 años se han presentado más de 100.000 denuncias por inasistencia alimentaria.

Argentina: un problema agravado por la inflación

En Argentina, criar a un hijo de entre 6 y 12 años requiere al menos 243.000 pesos (unos 225 dólares), según datos oficiales. La medición de la canasta básica de crianza que comenzó a realizarse en 2022, única en América Latina, es una guía para que los jueces fijen cuotas alimentarias para los hijos de las parejas que se separan. Sin embargo, sólo el 33% de los hogares (en su mayoría monomarentales) que queda a cargo las recibe de forma regular. En otro 11% de casos, los pagos son esporádicos. Es decir, prácticamente siete de cada diez madres separadas cría sola a sus hijos, una situación más difícil aún en medio de la grave crisis económica actual, en la que Argentina es el país con más inflación del mundo —254,2% interanual— y en el que el precio de los alimentos se ha disparado un 300% en el último año. “Una niña o niño que debe cobrar la cuota y no la recibe tiene el doble de probabilidad de ser pobre que uno que sí la cobra”, advierte Unicef, la organización de Naciones Unidas que cada seis meses evalúa el cumplimiento de la cuota alimentaria en Argentina a través de la encuesta sobre Situación de la niñez y la adolescencia.

“Cuando las mujeres no pueden resolver la cuota alimentaria con facilidad, charlando de tú a tú con el progenitor, el Estado les dice que vayan a la Justicia. Pero el proceso judicial es parecido a una carrera de obstáculos”, asegura la abogada Sabrina Cartabia. “Para empezar necesitas un abogado. O sea, sos un hogar empobrecido, no tienes ni plata para comer y te dicen: ‘judicializá’. Hay patrocinios jurídicos gratuitos, sí, pero no en todos lados. En la provincia de Buenos Aires hay casos donde el patrocinio jurídico gratuito está a 300 kilómetros y hay mujeres que no tienen a quien les cuide el pibe, no tiene la comida hoy, es imposible que se desplacen hasta ahí”, agrega Cartabia, jefa de Gabinete del Ministerio de las Mujeres bonaerense.

Cartabia destaca que lo peor es que una vez conseguida una sentencia “nada te garantiza el pago” y es necesario reabrir la vía judicial para exigir la ejecución de la sentencia. Por ese motivo, cree que es necesaria una reforma legal que acelere la inclusión de los progenitores que no pagan en el registro de deudores alimentarios y, al mismo tiempo, un cambio cultural que aumente la presión social sobre aquellos que se desentienden de los cuidados infantiles.

“El actual registro te pide que vos tengas una sentencia definitiva, que puede llevar años. Pero vos tenés un niño ya y es una necesidad inmediata que no puede esperar”, subraya. Esta abogada destaca dos problemas más. El primero, es el elevado grado de informalidad en Argentina, lo que permite que muchos progenitores subdeclaren sus ingresos ante la Justicia. El segundo es que para que una persona sea incluida en el registro de deudores tiene que haber incumplido el pago de la cuota cinco meses en un año o tres meses consecutivos, por lo que muchos progenitores lo esquivan llevándolo al límite. Por ejemplo, pagan dos meses, pero el tercero no. En un año, esto supone cuatro y no cinco incumplimientos.

Chile: el 84% de los hombres demandados no paga la pensión

Solo el 16% de las pensiones de alimentos se pagaban en Chile cuando el presidente Gabriel Boric llegó a La Moneda, según denunció en su primer discurso ante la Nación en el Congreso en 2022. De cada 10 deudores, nueve son hombres. A finales de ese año, entró en vigor el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, una plataforma que identifica a quienes adeudan al menos tres mensualidades consecutivas o cinco discontinuas, con montos fijados por un Tribunal de Familia.

Aparecer en el listado supone varias sanciones, como la retención de la devolución de impuestos, no poder renovar la licencia de conducir ni el pasaporte, retención de un crédito, impedimento para la inscripción de transferencia de venta de una propiedad o un vehículo, entre otras. Los ciudadanos que no cumplan con la obligación legal de pagar la pensión alimenticia también arriesgan ser sancionados con arresto nocturno por 15 días, arraigo nacional y el embargo de bienes.

Para complementar el registro, hace unos nueve meses atrás, la Administración de Boric firmó la Ley de Responsabilidad Parental, que establece una serie de mecanismos para que los morosos paguen sus cuotas puntualmente. El 84% de los hombres demandados por causas de alimentos no paga la pensión fijada, lo que afecta a unos 72.000 menores. Entre los métodos para conseguir el dinero del adeudado figuran la retención bancaria, el seguimiento tributario e incluso el retiro de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) del moroso. Desde que entró en vigor la normativa, se han triplicado los pagos, según informó esta semana la Superintendencia de Pensiones al Diario Financiero.

Siga toda la información de El PAÍS América en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.