Deudores de pensión alimentaria: registro, funcionamiento y todo lo que no podrán hacer con la nueva Ley
La creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, un padrón que concentrará datos de los deudores, les impedirá casarse, salir del país o aspirar a cargos de elección popular mientras no paguen sus deudas
Los deudores de pensión alimentaria en México enfrentan un nuevo obstáculo legal. La modificación a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes aprobó la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, una base de datos que concentra la información de los morosos y cuya consulta será requisito para realizar trámites y obtener documentos de identidad.
¿Cómo funcionará el registro de deudores?
El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias será público y se actualizará mensualmente con las personas que adeuden pensiones mayores a 90 días. La base de datos contará con nombre y CURP del deudor, el órgano que ordenó la inscripción, el monto de la obligación alimentaria y el plazo de pago.
Aunque actualmente existen registros estatales que concentran datos de los deudores alimentarios en Ciudad de México, Chiapas y Coahuila, la reforma pretende homogeneizar el sistema para garantizar el desarrollo integral de los niños. En México, 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria y el 67.5% de las madres solteras enfrentan la evasión de las obligaciones de sus exparejas, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística (INEGI).
Todo lo que no podrán hacer los deudores de pensión alimentaria
La reforma contempla la creación de un certificado de no inscripción, documento que acreditará a la persona en cuestión como libre de obligaciones alimentarias incumplidas, un requisito que solicitarán distintas instituciones gubernamentales para obtener documentos de identidad, pasaporte mexicano y licencia para conducir, realizar trámites relacionados con la compra y venta de inmuebles ante notario público o la transmisión de derechos de propiedad.
Las personas registradas en la lista de deudores no podrán ser candidatos a cargos de elección popular ni participar como aspirantes a jueces locales y federales. Además, todas las personas que pretendan contraer matrimonio deberán acreditar la no inscripción frente al Registro Civil y los deudores enfrentarán restricciones migratorias, siempre que existan argumentos que sugieran su salida del país como un medio de evasión de su deuda. El Gobierno habilitará un sitio web para consultar el estado de cualquier persona en el registro, mismo que expedirá certificados automáticos a los interesados.
Tras su aprobación en el Senado el pasado 23 de marzo y su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo, el Sistema Nacional parael Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) tiene un plazo de trescientos días hábiles para implementar y publicar el registro de deudores.
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