Chile considera “violencia intrafamiliar” las deudas de pensiones por alimentos

Chile pone este viernes en funcionamiento un Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos, una plataforma que identificará a todos aquellos que adeuden al menos tres mensualidades consecutivas o cinco discontinuas. No cumplir con el compromiso será además un delito de violencia intrafamiliar. Figurar en el listado tiene un costo: desde la retención de impuestos hasta no poder renovar la licencia de conducir.

Solo el 16% de las pensiones de alimentos son pagadas de forma efectiva en Chile, según denunció el presidente Gabriel Boric en su primer discurso ante la Nación en el Congreso, en junio pasado. De cada 10 deudores, nueve son hombres. “Esto es violencia”, dijo, y prometió una batería de medidas para revertir una realidad “inaceptable e injusta”. El registro es una de ellas.

En Chile, el padre o madre que no tiene la custodia de sus hijos debe ayudar a la mantención. La pensión debe pagarse hasta que los hijos cumplan 21 años y, si están estudiando o tienen una incapacidad física o mental, hasta los 28. El montante más bajo de aporte es el equivalente al 40% de un salario mínimo (cerca de 400 dólares) cuando se trata de un solo hijo. Si son más, la cifra por cada uno se reduce al 30% de un salario mínimo. El aporte máximo no puede superar el 50% de los ingresos totales de quién pagará la pensión.

El 84% de los hombres demandados por causas de alimentos no paga la pensión fijada, según estableció el proyecto de ley sobre responsabilidad parental, lo que afecta a unos 72.000 menores. El nuevo Registro de Deudores, administrado por el Registro Civil, publicará el nombre completo del infractor, su cédula de identidad (DNI), número de hijos y el monto de su deuda. Podrán acceder a la información de manera remota y gratuita el deudor, el demandante o su representante legal, los tribunales de familia y las entidades obligadas a consultar el registro (bancos, municipios, organismos estatales, etcétera). Antes de aparecer en la plataforma, el demandado cuenta con tres días para saldar la deuda u objetarla.

El registro tiene una serie de consecuencias para el deudor. El Estado podrá, por ejemplo, retenerle la devolución de impuestos; si pide un crédito bancario de más de 1.500 dólares, parte de ese dinero se usará para saldar su deuda, lo mismo si vende una propiedad o un vehículo se saldará la deuda con las ganancias; también tendrá inconvenientes para renovar su pasaporte y hasta su licencia de conducir.

En el caso de que el deudor no tenga dinero en su cuenta bancaria o sean insuficientes para saldar la deuda, esta se pagará con los fondos de la cuenta de capitalización individual del denunciado (las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP).

La ministra de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich explicó esta semana que la única manera de salir del registro es “pagando íntegramente la deuda o llegando a un acuerdo con la persona demandante, que tiene que ser justo, serio y razonable, y aprobado por el tribunal”. Este mecanismo dejará atrás la lógica de las antiguas sanciones punitivas (arrestos), “que no tenían efecto alguno en aquellos alimentantes impagos de larga data”.

Como parte de esta cruzada para que los padres “no se divorcien de sus hijos”, el Congreso modificó la Ley de Violencia Intrafamiliar. La normativa ahora establece que constituye violencia intrafamiliar “el incumplimiento reiterado del deber de proveer alimentos”.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.