Aborto, sí y cuándo

La propuesta legislativa de Morena para eliminar el delito de aborto en la Ciudad de México se ha paralizado por el momento hasta que “se generen las condiciones políticas y sociales”, ha dicho la diputada local Ceci Vadillo. Y la frase es del todo elocuente. Una medida de ese calado, que supone poder interrumpir la gestación en cualquier mes en que se encuentre, necesita reflexiones y debates expertos. No se trata de preguntar a los colectivos antiderechos, a los antiabortistas, cuya opinión ya se conoce y es restrictiva por completo. Ese camino ya se ha andado y la Ciudad de México se sitúa en el mismo plano de los países más avanzados: el aborto es libre y voluntario en las primeras 12 semanas de gestación y se contemplan algunas causas que extienden ese plazo, como la violación, el peligro para la vida de la madre o del feto. Pero quizá sería conveniente abrir consultas entre quienes sí están a favor de esta práctica, observar los beneficios y los riesgos. Y ahí, cada país tiene los suyos.

En México, siempre se dice, confluyen los tres mundos, el primero, el segundo y el tercero, tal como se clasifican en terminología ya obsoleta las condiciones socioeconómicas de las poblaciones. Es algo que hay que tener muy en cuenta tanto para votar a favor de esta propuesta como en contra. En los estratos sociales más humildes, algunas de las mujeres que pueden verse en la circunstancia de tomar una decisión sobre su embarazo son muy jóvenes, menores de edad, incluso niñas que pudieran no distinguir siquiera que han sido forzadas ni las consecuencias que de ello se derivan. Penalizarlas por interrumpir fuera de plazo el embarazo es echar más miseria y estigma sobre las víctimas, cierto. Pero en esos niveles de ignorancia por lo que ocurre en el propio cuerpo, nadie exime tampoco a estas muchachas de verse obligadas a abortar por un tercero. Trauma sobre trauma.

Que el aborto debe ser una cuestión regulada en los ámbitos de la salud y no en los penales es algo de general consenso entre las feministas. Y siempre hay motivos para eliminarlo del Código Penal. Hay países que han extendido el plazo hasta la semana 14 o la 24. Sin embargo, cabe pensar que en un mundo en el que una mujer tiene 12 o 14 semanas de plazo para abortar libremente y no lo hace, hay mecanismos que están fallando y tienen que ver con la información sobre salud reproductiva y el conocimiento de las leyes que protegen sus derechos. Esa información seguro que no es la misma en Canadá que en México. Con datos de los últimos 20 años, se sabe que en la capital mexicana alrededor del 80% de las mujeres abortan en el tiempo regulado para ello y el otro 20%, en cifras redondas, se trata de casos de niñas y adolescentes que han sufrido violencia sexual, algo que ya está despenalizado en el caso de violación, y detectan tardíamente su embarazo, explicó la diputada Vadillo, No hay razón para pensar lo contrario y seguramente ellas necesitan más ayuda que las anteriores. En eso se basa, probablemente, la bienintencionada propuesta de despenalizar estos abortos en todos los casos.

Algunas expertas, sin embargo, han alertado de los riesgos de aplicar esa medida, que no está exenta de polémica en ninguna parte. Se dice que eliminar el delito es también una forma de espantar el miedo entre los médicos que se ven en la tesitura de los casos fuera de plazo y hay, de nuevo, razones comprensibles para ello. Pero quizá no se han evaluado otros riesgos. En países donde la gestación se podía interrumpir en cualquier momento si la salud mental de la madre así lo requería, pronto se vieron los efectos indeseables de esa causal, los muchos abortos que se practicaban bajo ese supuesto y la necesidad de ir a una regulación que lo impidiera.

Las causales ajenas a un plazo de 12 semanas son varias y razonables. Hay malformaciones fetales que no se detectan en ese tiempo, hay riesgos para la salud que sobrevienen después, etcétera. Y cada país puede y debe determinar otras que se acomoden a las necesidades de su población, como la edad o la situación de pobreza, bien definidas y sin abocar a nadie al mal trago de los tribunales o la cárcel. Pero sobre asuntos tan delicados como estos se echan en falta campañas sociales de información exhaustivas y sostenidas en el tiempo, que reduzcan esos porcentajes de abortos fuera de plazo. Porque abrir el derecho en cualquier momento no exime de complicaciones a las gestantes. El aborto puede ser prohibido, regulado y también obligado, una amenaza de enormes dimensiones para una mujer, más traumática cuanto más avanzada está la gestación.

Las diputadas se han dado un plazo para discutir a fondo este asunto. No está de más. Tampoco tomar medidas urgentes si así se requieren, pero con una explicación detallada a la población de qué se persigue y por qué con este cambio legal. Dejando a un lado las consideraciones morales de otros siglos y el desprecio por las decisiones de las gestantes sobre sus cuerpos que exhiben los antiabortistas, sería iluminador escuchar con atención lo que pueden decir a favor y en contra quienes tienen la misma voluntad por avanzar en los derechos de la mujer.