La despenalización del aborto en Ciudad de México: de la certeza jurídica para las mujeres y el sector salud a los bulos en redes sociales

Este lunes, las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Igualdad de Género del Congreso capitalino aprobaron un dictamen que elimina la criminalización del aborto en el Código Penal local, erradicando el sistema de plazos y de causales con el que actualmente se regula la posibilidad de interrumpir un embarazo. Aunque en Ciudad de México se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación en 2007 —una legislación que en su momento sentó un precedente en materia de derechos reproductivos en América Latina— desde 2015 las autoridades han abierto un total de 1.240 carpetas de investigación por este delito en la capital, por lo que el nuevo dictamen busca evitar que más mujeres y personas gestantes sean procesadas por decidir sobre su cuerpo.

¿Qué dice el código penal de Ciudad de México sobre el aborto?

Actualmente, el artículo 144 del Código Penal para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) define el aborto como delito si se lleva a cabo después de la semana 12 de gestación. La ley contempla este periodo a partir de la implantación del embrión en el endometrio. Por otra parte, el artículo 145 establece penas de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo comunitario a las mujeres que voluntariamente practiquen un aborto o consientan en que un tercero se los realice después del tiempo límite establecido. Se consideran exclusiones de responsabilidad penal los casos en los que el embarazo sea resultado de una violación, cuando la mujer embarazada corre peligro de afectación grave a su salud, y cuando exista razón suficiente para diagnosticar que el feto presenta alteraciones genéticas o congénitas.

¿En qué consiste el nuevo dictamen?

La iniciativa de la diputada morenista Yuriri Ayala Zúñiga que avanza en el Congreso de Ciudad de México deroga los artículos que criminalizan el aborto después del límite de tiempo previamente establecido. “Se dejarán de considerar delito las interrupciones voluntarias del embarazo, independientemente del plazo en el que ocurra o la causa del embarazo. Es una gran noticia porque por primera vez en México una entidad federativa deja de hacer uso del derecho penal para regular el aborto voluntario, que es algo que lamentablemente en nuestra región ha sido constante”, explicó en entrevista para EL PAÍS Rebeca Ramos, directora ejecutiva del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

Esta medida responde al llamado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que los gobiernos eliminen los obstáculos normativos que son innecesarios desde una perspectiva médica para facilitar un aborto seguro, entre ellos la penalización, los tiempos de espera obligatorios, y el requisito de que otras personas o instituciones den su aprobación.

De acuerdo con expertos y activistas, las legislaciones a favor de los derechos reproductivos proporcionan certeza jurídica para que las instituciones médicas y el personal de salud puedan atender efectivamente emergencias obstétricas o abortos en evolución. “El mantener el delito de aborto voluntario en el Código Penal genera muchas dudas que obstaculizan la labor del personal de salud. En lugar de concentrarse en preguntar si ese embarazo tiene determinadas semanas, o si tienen que llamar al ministerio público, o hacer una investigación, se van a concentrar en lo que es su obligación, que es prestar servicios de salud reproductiva en las mejores condiciones posibles. Me parece que ahí hay un avance enorme en términos de dar certidumbre e información a las mujeres y a las personas gestantes que deseen interrumpir un embarazo”, mencionó Ramos.

La controversia en redes sociales

El debate alrededor del cambio que plantean las autoridades se centra en lo que implica el procedimiento de interrupción del embarazo en casos avanzados, lo que provocó que circularan imágenes gráficas y fake news en redes sociales que en su mayoría carecen de fundamentos científicos y omiten que en realidad es poco común que se llegue a estas instancias. “Hay otras formas de regular esta temática que no implica convertir en criminales a las personas que no quieren continuar con su embarazo y a aquellas personas, ya sea el personal de salud o acompañantes, que las auxilian para poder llevar a cabo estos procedimientos”, explica Ramos. “La mayoría no queremos ver en la cárcel a esas mujeres, tampoco que los recursos de las fiscalías se vayan a investigar y a procesar personas que decidieron no continuar con un embarazo por una serie de razones que solamente ellas conocen, en lugar de concentrarse en la persecución de quienes están cometiendo delitos en realidad”, concluye la directora de GIRE.

¿Qué sigue para este proyecto de ley?

Tras su aprobación en las comisiones, el tema deberá ser votado en el pleno, donde se requiere la mayoría simple para que el dictamen sea aprobado definitivamente. Hasta ahora, se anticipa que los representantes de Morena y sus aliados políticos, además del PRI y Movimiento Ciudadano se pronuncien a favor. El resto de los Estados que han despenalizado el aborto en México mantienen el límite de tiempo de las 12 semanas de gestación.