El feminismo latinoamericano confía en los tribunales para abrir camino al aborto

El 7 de septiembre de 2021 se recordará en México como el día en que se despenalizó el aborto, es decir, el día en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció que ya nunca una mujer pisaría la cárcel por haber frenado su gestación, y que las que estaban dentro recobrarían su libertad. En breve se las verá salir a la calle. Serán unas 40 o 50 en un país de 126 millones de habitantes, porque hay un dato aún peor: seguramente sean más las que mueren tratando de lograr lo que los Estados les vienen negando durante décadas.

En México se practican cada año cerca de un millón de abortos clandestinos y un tercio de ellos acaban en complicaciones médicas. La tasa anual de hospitalizaciones por cada mil mujeres de 15 a 19 años se incrementó de 6,1 a 9,5 entre 2000 y 2010, según datos del Gobierno. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que 47.000 embarazadas pierden la vida en el mundo cada año como consecuencia de abortos inseguros. México quiere ahora conjurar esas cifras. Generalmente, cuando un Gobierno legisla o una Suprema Corte dicta es que la sociedad ya está madura para ello. Pero las mexicanas miran estos días hacia el vecino Estados Unidos, donde el Estado de Texas, ahí mismo en la frontera, acaba de implantar una norma que prácticamente prohíbe el aborto. Y no están dispuestas a bajar la guardia.

En la frontera sur del país se extiende toda la región latinoamericana, que presenta en este asunto las mismas desigualdades que el propio México si se mira Estado por Estado: solo cuatro de los 32 que integran el país han dictado una ley de plazos moderna (permiten interrumpir el embarazo en las 12 primeras semanas de gestación) y ahora, probablemente, se sumará Coahuila, sobre cuyo Código Penal dictó sentencia la Suprema Corte para abolir la cárcel, un caso que sienta jurisprudencia y obliga a todos los jueces mexicanos a fallar en consecuencia.

Parecido ocurre en la región. Mientras Argentina ondeó sus pañuelos verdes en diciembre de 2020 para saludar una ley de plazos largamente reclamada, Chile está todavía en mantillas. Ecuador se vio beneficiado también recientemente de su sistema judicial, que despenalizó el aborto en caso de violación mientras que en El Salvador las que intentaron o lograron parar su gestación son encerradas en cárceles infectas. En Brasil, la interrupción del embarazo es relativamente habitual, sin embargo, la legislación se mantiene en los supuestos clásicos: solo en caso de peligro para la vida de la madre, cuando el feto es anencefálico o en caso de violación, informa Naiara Galarraga Gortázar. De todos ellos, Colombia es el que más esperanzado se ha mostrado con la sentencia en México. Esperan un contagio en su territorio, también por la vía judicial, que ha dado signos en los últimos tiempos que querer desterrar el aborto del Código Penal, con algunas modificaciones.

“La tendencia en Latinoamérica es positiva, pero México ha ido un paso más allá. Es lo que pedimos en Colombia desde el movimiento Causa Justa. Esperemos que esto sea una señal, un acicate para la Corte colombiana”, dice Mariana Ardila, vocera de Women’s Link Worldwide y abogada de la Dirección Legal de esta organización mundial.

Los contagios entre los máximos tribunales de cada país no son inusuales, por eso las feministas ven el paso dado en México con optimismo. Precisamente en este país se reclama estos días la inconstitucionalidad del 16% del IVA para los productos de higiene femenina, una exigencia inspirada en lo que ya dictaron los jueces en Colombia.

La Corte Interamericana devolvió sus hijos a una jueza chilena lesbiana, Karen Atala, en 2012, tomando como base el pronunciamiento de la Suprema Corte mexicana sobre el matrimonio igualitario. Hay muchos otros ejemplos. “Claro que hay diálogo jurídico entre países y si no, ya estamos una legión de abogadas para asegurarnos que les lleguen las ideas”, dice Estefanía Vela, directora ejecutiva de Intersecta, una organización feminista mexicana.

El caso es que las mujeres de medio mundo miran en estos tiempos más hacia las Cortes judiciales que hacia sus gobiernos, donde a veces no encuentran más que unas frías palabras. “Respeto la decisión de la Corte”, ha dicho apenas el presidente mexicano ante el fallo histórico del pasado martes. Andrés Manuel López Obrador, que encabeza un Gobierno dizque de izquierdas, siempre se ha puesto de perfil ante el aborto porque considera que es un asunto que divide a la población. Y tanto. Pasa en el mundo entero. Pero también la dividen otras políticas y no ha tenido empacho en cargar contra los jueces o la oposición para defenderlas. En Ecuador, el conservador Guillermo Lasso dijo prácticamente lo mismo cuando la Corte despenalizó el aborto en caso de violación: respetamos lo sentenciado. Poco más.

Afortunadamente no dejan de sentenciar. La Suprema Corte declaró este viernes inconstitucional la protección de la vida desde la concepción, por tanto eso no podrá usarse para restringir los derechos reproductivos de la mujer. Ese artículo lo tienen varios de los Estados de México, precisamente para blindarse contra el aborto.

Los países federales, como Estados Unidos o México, tienen poco margen, es cierto, para intervenir en estas cuestiones, que competen a sus Estados. “Lo que se podría hacer es redactar un Código Penal federal que fuera de cumplimiento para todos los Estados, lo que implicaría una reforma constitucional”, explica Rebeca Ramos, directora de Gire, la organización más representativa de la lucha por el aborto en México. Se muestra feliz por el fallo de inconstitucionalidad recién aprobado y esperanzada por el rumbo de algunos Estados mexicanos, que ya dan signos de querer ir cambiando las cosas en este terreno.

Con el sistema estadounidense, sin embargo, una sentencia como la mexicana habría despenalizado el aborto en todos los Estados federales, explica Estefanía Vela. “El federalismo tiene ventajas e inconvenientes. Ahora nos preguntamos por qué una sentencia de inconstitucionalidad como esta no obliga a todos los Estados de golpe. Pero si la sentencia hubiera penalizado el aborto en todos ellos estaríamos sufriendo y no habríamos tenido un aborto libre como el que hay en la capital mexicana desde hace 13 años”, añade Vela. A su parecer, lo importante es que se consoliden los cambios culturales. De esa forma, considera Vela, las sociedades no dejarán que sus Gobiernos involucionen, como ha ocurrido en Texas.

En pocos países como en México la Constitución consagra (en su artículo 4) “el derecho de las personas a decidir el número y espaciamiento de sus hijos”. “Es un sueño”, sostiene Vela. Pero en este país, muchos sueños se quedan en la letra legal. “Podemos afirmar que los Estados están incumpliendo la Constitución”, afirma esta abogada. “Nuestro sistema de impugnación judicial, los amparos, no están pensados para lidiar con problemas sistémicos como la discriminación. En México hay más de 40 fallos que protegen el matrimonio igualitario y, sin embargo, seguimos teniendo que recurrir a amparos para poder casarnos”, sigue Vela. “Es indignante que los Estados no legislen para hacer cumplir la Constitución”.

“La justicia me maltrató”

La mexicana Dafne McPherson tenía 25 años y trabajaba en un centro comercial del Estado de Querétaro cuando sintió un fuerte dolor en el vientre y comenzó a perder mucha sangre. Ocurrió en 2015. Parió en el baño un bebé que al poco murió. Hasta ese momento desconocía que estaba embarazada. “Me trataron como si yo tuviera la culpa”, dice en referencia al personal sanitario. Después de una larga cirugía, McPherson despertó esposada a la cama del hospital. Desorientada y bajo los efectos de la anestesia, la Fiscalía intentó que declarara por escrito que se había provocado un aborto. Seis meses después, un tribunal la condenó a 16 años de prisión y pasó entre rejas tres años y cuatro meses.

Ahora, fuera de la cárcel y después de una ardua batalla legal, McPherson se alegra de la sentencia de la Suprema Corte. “Sentí bien bonito cuando me enteré”, dice por teléfono. “En mi caso la justicia me maltrató y fue cruel. La Fiscalía me comparó con una perra y los jueces buscaron echarme la culpa por puro prejuicio. Desde el principio sabía que ya me habían condenado”.

El personal sanitario es la otra pata de este asunto. La objeción de conciencia campa a sus anchas. Pero la Suprema Corte, de nuevo, tiene previsto pronunciarse sobre esto en breve.

El presidente del Poder Judicial mexicano, Arturo Zaldívar, ha realizado estos días uno de los más audaces discursos feministas entre los que se han escuchado. Con tono solemne y emotivo ha celebrado la sentencia que ha adjudicado a la larga lucha de las mujeres en México por sus derechos y la ha presentado como un homenaje a todas ellas, también a las que ya no están y a las que aún permanecen encerradas. “Sí se puede”, afirmó en rueda de prensa, después de calificar como histórico el fallo unánime de los magistrados. Un par de ideas han brillado en esta sentencia de inconstitucionalidad: que las mujeres son autónomas para decidir sobre su gestación en libertad y que la penalización del aborto castiga a la pobreza, puesto que son las mujeres más vulnerables y de ámbitos rurales las que duermen en las cárceles. “Las niñas ricas siempre abortaron, pero no pasaron por prisión”, dijo Zaldívar el pasado miércoles.

Lo saben bien las organizaciones que llevan años ayudando a las mujeres a abortar. Andrea, de 33 años, pertenece a una de estas redes en Sonora (norte de México) y asegura que ha acompañado en la última década unos 5.000 abortos en casa. Paso a paso guía a las mujeres antes, durante y meses después, gracias al protocolo avalado por la OMS para aplicar Misoprostol, un medicamento usado a finales de los ochenta en Brasil como remedio para úlceras gástricas que también es utilizado para interrumpir el embarazo. “En México la compra o venta del medicamento no es ilegal, aunque en algunas farmacias piden receta para poder adquirirlo”, explica la activista. “Nosotras lo hacemos, pero no somos médicas ni psicólogas, este es un derecho que el Estado debería brindar a las mujeres de manera libre, segura y gratuita”, dice.

A pesar de que muchos Estados en México aún mantienen leyes restrictivas contra el aborto, las feministas reconocen que a nivel federal el sistema de Salud tiene un comportamiento amigable y eficaz. Lo aseguran Rebeca Ramos, de Gire, y también Estefanía Vela, de Intersecta, entre las consultadas para este reportaje.

Estos días, las feministas mexicanas, y con ellas todas las latinoamericanas, han mostrado su mejor sonrisa, a pesar de que la pandemia, dicen, no ha sacado los pañuelos verdes a la calle en masa, como habría sido lo esperable. La sociedad va madurando la idea reflejada en la Constitución, consciente de que ha llegado el momento de dejar a las mujeres la decisión libre sobre sus cuerpos. Pero miran de reojo a Texas y piensan en aquella frase de Simone de Beauvoir: “No olvidéis nunca que bastará con una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres se cuestionen. Estos derechos nunca son adquiridos. Deberéis permanecer alerta durante toda vuestra vida”.

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